Clara Jusidman
El 17 de enero se cumplieron 30 años de la publicación de los 20 compromisos por la democracia, un importante documento firmado por más de 2500 personas que se sumaron a la lucha por un cambio del partido en el poder.
Habían trascurrido sólo 17 días del levantamiento del EZLN. 1994 fue un año de gran intensidad en la lucha por la democracia en el país. Por más de seis décadas, el PRI controlaba a los tres poderes del Estado y a los tres órdenes de gobierno.
La demanda de los 20 compromisos era la continuación de un largo camino recorrido desde los años cincuenta por la vía de los movimientos de maestros, de los ferrocarrileros, de los médicos, pasado por la guerra sucia, el movimiento del 68 y por el 10 de junio, por el movimiento navista, la movilización ciudadana para enfrentar el sismo de 1985, por el fraude del 88 y por la muerte de 1500 militantes del frente democrático y del PRD.
Largo, importante y costoso camino en vidas y cárcel de muchos, que ha sido borrado de la historia nacional por quienes ahora detentan el poder y se autodenominan Cuarta Transformación. Un salto mágico de la Revolución de 1917 al 2018.
Los 20 compromisos por la democracia convocaban a los entonces candidatos a la presidencia de la República, a “un acuerdo político para garantizar elecciones limpias, creíbles y con amplia participación ciudadana” y a las reformas del sistema político que aseguraran “el pleno cumplimiento de la división de poderes, el federalismo y el respeto a las garantías individuales que marca nuestra Constitución”.
Como primer compromiso se planteó el respeto al voto mediante un acuerdo de las dirigencias nacionales de los partidos políticos para “vigilar la actuación imparcial de los organismos electorales y la legitimidad y transparencia de los comicios federales de agosto de 1994”.
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Ello reflejaba un enorme hartazgo de la ciudadanía por el control y manejo corrupto, sesgado y obscuro de las elecciones desde la Secretaría de Gobernación, control que tuvo su máxima expresión en el fraude electoral de 1988.
Pero también destacaban como derechos ciudadanos la necesidad de dar autonomía a dos organismos importantes: a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y al organismo responsable de elaborar las estadísticas nacionales.
Son dos funciones que, para proteger los derechos ciudadanos, deben quedar bajo el control de organismos imparciales: los derechos humanos son una coraza frente a actuaciones abusivas de los gobiernos y el acceso a información estadística no manipulada permite conocer la evolución real de la economía y de la sociedad.
Posteriormente se hizo evidente que para avanzar en la democracia era necesario pasar otras funciones de gobierno a órganos imparciales. Es el caso de la transparencia, el acceso a la información pública, las telecomunicaciones y la procuración de justicia.
Por ello, desaparecer los órganos autónomos y devolver sus funciones al gobierno federal, es concentrar nuevamente el poder en el partido que gobierna y darle herramientas para eternizarse en el poder. Es un retroceso y un atentado contra la democracia.
Texto públicado en: La Silla Rota