Compareció ante 26 diputados y senadores que conforman la Comisión Plenaria de las LXLV y LXVI Legislaturas, la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), maestra Rosario Piedra Ibarra.
La diputada del PRI, Marcela Guerra Catilla, dio cierre a la plenaria, agitada por la efervescencia de un proceso electoral por la presidencia de la república en la que compiten dos mujeres que ponen en la lupa reflexiones de su libertad y autonomía.
En un escenario polarizado por un agitado ambiente electoral, se desborda el aluvión de derechos, cruza la foja de la numeralia criminal, e impacta y potencia un escenario ideológico, plural, como es el Congreso federal, cuyos escaños también entran en el proceso de disputa.
Se materializa ante los ciudadanos la representación de la república cruzada por las desapariciones, la militarización y una agenda pública cuyos resultados van por el análisis de los problemas públicos.
En la memoria, las figuras de la lucha por la democracia: Manuel Clouthier, Maquío, Rosario Ibarra de Piedra y Cuauhtémoc Cárdenas.
En la deliberación pública, un ambiente crítico, de insatisfacciones, en un escenario de reclamos, capturado por la acción criminal, la violación de derechos humanos, la inacabable búsqueda de personas, los homicidios, los feminicidios, la trata de personas.
Tomando pulso
A través de la pluralidad de colores de la observación parlamentaria y la representación popular que es el Congreso, la presidenta Piedra expuso “las actividades realizadas en 2023 en el marco de un modelo distinto de derechos humanos” y definido como “Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo” que desde hace años reclaman los mexicanos, propuesta que se suple silenciosamente en la CNDH dándose avances en acciones enfocadas en las víctimas con criterios preventivos, de protección sin simulación ni burocratismo, ni impunidad”, lo que pone a la comparecencia su color político.
Sobresale en su mensaje el escenario de una ideología favorable y la inclinación de un gobierno a favor del surgimiento de una Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo como institución nueva, que pueda cumplir mediante un “sistema jurisdiccional renovado”.
Y define a la nueva institución como el “único órgano constitucional autónomo que ha emprendido su transformación por iniciativa propia para dejar atrás ese esquema que nos impuso el neoliberalismo”.
Enlista una serie de políticas de transformación, como la austeridad, que implicó la reduccion de sueldos, viáticos, gastos de viajes.
De tajo se desprendió el “mito de los órganos autónomos que necesitan burocracias doradas y presupuestos para su supuesta misión”.
Con la intención de ubicarlos en el basurero de la historia, fueron estigmatizados viáticos, en una demoledora estrategia de mensajes para la administración pasada, de tal forma que se de diluyen los aciertos emprendidos desde la fundación de la CNDH en los años noventa.
Entre sombras
Y al desfile de denuncias se propone desintegrar de manera sistemática los órganos autónomos como el Instituto Nacional Electoral (INE), la Comisión Federal de Competencia (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFEC) y otros más de los que se anuncia su desaparición.
Se trata de organismos autónomos satanizados por sus supuestos derroches y privilegios.
Y van las denuncias de acusaciones de privilegios de acusaciones como comedor con chef para altos funcionarios además de sueldos elevados, viáticos, bonos, percepciones extraordinarias, ayudas anuales o gastos de representación, viajes al extranjero y disposición de corporativas. Lo que capturó el presupuesto que fue reorientado a la protección de las víctimas.
Para Piedra Ibarra significa la transformación interna propuesta, acompañada de reformas al Reglamento interno, que significó la elaboración de 400 manuales de organización y de procedimientos.
Se anunció el fortalecimiento de la planeación institucional y que se han revisado los procesos de medición y evaluación de resultados.
Se trazaron esfuerzos del combate a la corrupción y se reforzó la lucha contra la corrupción a la par que se incorporaron acciones para reforzar la estructura nacional y las regionales.
Despejado el objetivo institucional de defender los derechos del pueblo, la vista del organismo de presencia casi nacional, la que procesa reclamaciones y violaciones de derechos humanos que se busca descalificar anuncia su cambio.
Sobre el caso Ayotzinapa emitieron nuevas recomendaciones para resarcir sus omisiones, y reconocieron que los derechos humanos en la gestión neolibral no son vinculantes y se reducen a meras pantallas.
A la intención de reforzar y explicar la idea de la figura del ombusdman, cuya característica función es la protección de los derechos humanos, se informó que contamos plenamente con los números de los expedientes como legitimidad de origen.
En un escenario caótico, polarizante, el registro de 51 219 personas agraviadas y las 8 519 víctimas reconocidas se puede dar cuenta de la demanda identificada con el silencio de otros derechos como son educación, salud, bienestar, empleo y trascendiendo la frontera del caos.