Palanca de Desarrollo
Demandan en el Senado fortalecer estrategias contra el abandono escolar de jóvenes
Para frenar la deserción académica y garantizar un futuro de oportunidades para las juventudes mexicanas, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT) presentó un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. La propuesta exige a las autoridades federales y estatales implementar medidas integrales que aborden de raíz los factores económicos, familiares y sociales que alejan a las y los jóvenes de las aulas.
La iniciativa, impulsada por las senadoras Geovanna Bañuelos de la Torre, Lizeth Sánchez García, Yeidckol Polevnsky Gurwitz y Ana Karen Hernández Aceves, junto con el senador Alberto Anaya Gutiérrez, solicitan la intervención coordinada entre la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) y las dependencias estatales homólogas.
Pilares de la propuesta legislativa
- Detección temprana y acompañamiento: Creación de herramientas para identificar a estudiantes en riesgo de abandono y ofrecerles orientación vocacional y tutorías académicas.
- Incentivos económicos y sociales: Apoyos financieros y redes de contención para evitar que la falta de recursos obligue a los estudiantes a interrumpir su formación.
- Vinculación con el empleo formal: Se pide a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) reforzar talleres y capacitaciones, prioritariamente para la población que no estudia ni cuenta con empleo remunerado.
Diagnóstico de la juventud en México
Los legisladores sustentaron la propuesta en datos del Observatorio de la Juventud en Iberoamérica y Fundación SM, destacando una realidad apremiante para el país:
| Indicador | Dato estadístico |
| Desvinculación educativa/social | 40% de los jóvenes percibe no estar vinculado a espacios de apoyo o desarrollo. |
| Jóvenes sin estudio ni empleo (15 a 29 años) | 4.5 millones de personas en México. |
| Principales detonantes | Necesidad de ingresos, escasas prestaciones e informalidad laboral. |
La propuesta enfatiza que la deserción escolar no solo responde al rendimiento académico, sino a un entramado socioeconómico donde los bajos salarios y la vulnerabilidad en el entorno familiar fuerzan a la juventud a integrarse al mercado laboral precarizado. Con este punto de acuerdo, las y los senadores buscan asegurar que las instituciones del Estado restablezcan la educación como el principal motor de movilidad social.
Legisladores preservar cocinas comunitarias
Esfuerzos se empeñan para preservar los bueno oficios.
Para resguardar las tradiciones culinarias, promover la soberanía alimentaria y fortalecer el tejido social de los pueblos indígenas y afromexicanos, el asunto llegó la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, y los legisladores aprobaron un dictamen que exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas a impulsar y proteger las cocinas tradicionales, comedores y huertos comunitarios.
Las y los legisladores señalaron que estos espacios son pilares de justicia social y desarrollo regional. Además de atender la desnutrición en zonas vulnerables, preservan la biodiversidad local y respetar el derecho de los pueblos a una alimentación nutritiva, suficiente y culturalmente adecuada.
Valor biocultural y comunitario
El dictamen destaca que la importancia de estos comedores trasciende la asistencia social inmediata:
- Rescate de saberes: Preservan recetas ancestrales, el uso de semillas nativas y platillos tradicionales.
- Prácticas sustentables: Promueven técnicas agroecológicas y formas propias de organización comunitaria.
- Autosuficiencia y economía local: Los huertos reducen costos de operación, mejoran la dieta diaria y fortalecen la autonomía de las comunidades.
Contexto de atención actual
El esfuerzo legislativo busca complementar y expandir el trabajo que ya realizan las instituciones federales en beneficio de la niñez y juventud indígena:
| Elemento | Detalle del programa |
| Instancia responsable | Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) |
| Mecanismo | Programa de Apoyo a la Educación Indígena (casas y comedores comunitarios) |
| Población beneficiada | 84,000 niñas, niños, adolescentes y jóvenes |
| Servicios integrales | Alimentación nutritiva y hospedaje |
Con este llamado a los tres niveles de gobierno, el Poder Legislativo reafirma el compromiso de convertir la política alimentaria en un instrumento de soberanía, reconocimiento de derechos y preservación de la riqueza biocultural de México.
Garantizar la identidad: la propuesta para devolver derechos a personas en situación de calle
Para miles de personas en situación de calle, el acceso a la salud, un empleo formal, la educación o un refugio digno no se detiene únicamente por la pobreza material, sino por un obstáculo invisible y burocrático: no contar con un documento oficial de identidad. Ante este escenario de marginación, la senadora Olga Patricia Sosa Ruiz, del grupo parlamentario de Morena, presentó una iniciativa de reforma para derribar estas barreras institucionales y garantizar el derecho fundamental a la identidad.
El círculo vicioso de la exclusión
La falta de acta de nacimiento, CURP o identificación oficial perpetúa un ciclo ininterrumpido de vulnerabilidad. La carencia de un domicilio fijo, la escasez de recursos económicos y la discriminación social constante impiden que este sector de la población tramite sus documentos personales. Al no tenerlos, el propio sistema les niega el acceso a los programas sociales creados para apoyarlos.
“La ausencia de documentos de identidad les genera condiciones de exclusión que limitan el acceso a servicios públicos y perpetúa ciclos de marginación, discriminación y vulnerabilidad”, advirtió la legisladora.
Una reforma integral a tres leyes marco
La iniciativa impulsada por Sosa Ruiz busca modificar la Ley de Asistencia Social, la Ley General de Desarrollo Social y la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. El proyecto, turnado a las Comisiones de Bienestar y de Estudios Legislativos del Senado, establece tres ejes prioritarios:
- Prohibición de negación: Impedir que las instituciones nieguen la asistencia social o apoyos básicos a personas en situación de calle por falta de identificación oficial.
- Trámites facilitados: Obligar a las autoridades a implementar programas especiales y gratuitos para la expedición y entrega de documentos de identidad.
- Enfoque de inclusión: Diseñar políticas públicas orientadas a la reinserción social, laboral y comunitaria.
Un problema de desigualdad estructural
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda del INEGI (2020), la problemática se concentra considerablemente en entidades como la Ciudad de México (1,226 personas en situación de calle), Baja California (726), Jalisco (443), Sonora (415) y Nuevo León (295).
La senadora enfatizó que habitar en la calle no es una elección, sino el resultado de causas complejas e interrelacionadas como la pobreza extrema, la violencia de género, el abandono, los trastornos de salud mental, las adicciones y el desplazamiento forzado.
Aunque el marco jurídico nacional e internacional reconoce los derechos humanos de todas las personas, la legislación actual resulta insuficiente en la práctica. La propuesta busca que el Estado asuma un rol activo para remover estos obstáculos burocráticos, asegurando que la identidad sea el primer paso para restituir la dignidad y la ciudadanía a quienes más lo necesitan.