Laura Ruiz
Radiodifusión pública: entre el derecho a comunicar, el de escuchar y el beber de informar (Cuarto Conversatorio)
El cuarto conversatorio sobre el proyecto de Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, representa mucho más que una jornada técnica de análisis legislativo: es la confirmación de que, en medio de una transformación digital acelerada, la radiodifusión pública y social sigue siendo un pilar fundamental de la democracia mexicana.
El encuentro —que inició con un minuto de silencio por el lamentable fallecimiento de Ximena Guzmán Cuevas y José Muñoz, colaboradores cercanos de la jefa de Gobierno Clara Brugada— se centró en aspectos que suelen pasar inadvertidos en los grandes debates sobre tecnología: el derecho a comunicar de las comunidades y el rol del Estado como garante del acceso equitativo al espectro radioeléctrico.
El presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, no se limitó a señalar los puntos técnicos del dictamen. Fue claro: al postular la intención del diálogo al enriquecer el texto legislativo con la visión plural de quienes viven, “trabajan y resisten desde las radios comunitarias, los medios indígenas, los proyectos afromexicanos y las organizaciones sociales que luchan por democratizar la voz”.
Javier Corral Jurado, se pronunció por realizar ajustes al dictamen ya aprobado en comisiones.
Sin duda se trata de un conversatorio al que se integran nuevos interés, vocaciones, preocupaciones, grupos y personajes: porque abre el micrófono a voces frecuentemente marginadas, y es la ocasión que se plantea ¿qué modelo de comunicación pública queremos para el México del siglo XXI?
Para unos se trata de la representación “dónde el espectro se reparta como si fuera botín político o empresarial, u otro donde las comunidades —indígenas, afromexicanas, rurales, urbanas populares— encuentren un espacio para ejercer su derecho a la palabra. No cabe duda de que estamos en una encrucijada de la demagogia.
Abría quien pensara: “Legislar sobre telecomunicaciones y radiodifusión no es un asunto técnico. Es un acto profundamente político. Es decidir quién tiene derecho a hablar, a ser escuchado, y a representar su realidad desde sus propios códigos culturales y lingüísticos”.
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