Claudia Valdés / Javier Ramos
El presidente del Senado, Higinio Martínez Miranda, dio paso a la presentación de la iniciativa al presidente de la Comisión de Justicia, senador Javier Corral Jurado, quién desglosó la propuesta de ley enviada por la presidenta de la república Claudia Sheinbaum.
Jurado presentó el dictamen de reforma al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. El objetivo es sancionar la piratería corporativa y alinear a México con compromisos internacionales como el T-MEC.
Puntos clave de la reforma:
Nuevo criterio de “Escala Comercial”: Al eliminar el concepto de “ánimo de lucro” para adoptar el estándar internacional de escala comercial. Se configurará el delito cuando se busque beneficio económico o se cause un daño significativo superando un umbral de 170 UMAs (aprox. 20,000 pesos), calculado sobre el valor del producto legítimo.
Reparación del daño garantizada: Estableciendo un régimen especial donde la indemnización a la víctima no será menor al 40% del precio de venta al público, optando por montos resarcitorios que oscilan entre los 39 mil y los 5.8 millones de pesos.
Tipificación de nuevos delitos: Castigo a la distribución de obras previo a su lanzamiento oficial y el uso no autorizado de la identidad gráfica de las instituciones públicas.
Protección a la sátira política: A las alarmas de censura “las comisiones ajustaron el artículo 403 Bis para aclarar que el uso de la imagen gubernamental solo será delito cuando tenga la finalidad de inducir al engaño para cometer un ilícito o fraude, descartando cualquier sanción a la crítica o sátira política.”
Control aduanero y castigo a empresas: La protección se extiende a las mercancías en tránsito, trasbordo y depósito fiscal. Asimismo, se amplía la responsabilidad penal a personas jurídicas (empresas) que participen en la piratería, elusión de candados digitales o descifrado de señales.
Certeza jurídica y debido proceso: Se eliminaron términos ambiguos en la revisión de equipajes de viajeros evitando abusos de autoridad, y se definió claramente la regla de acumulación para envíos menores a 170 UMAs (dirigidos al mismo destinatario en un lapso de 90 días).
Corral Jurado enfatizó que la reforma no invierte la carga de la prueba —la cual sigue recayendo en el Ministerio Público— y respeta la presunción de inocencia, concluyendo con un llamado al Pleno para votar a favor de la protección a creadores, artistas e inventores.
Debate
Subió a tribuna el presidente de la Comisión de Economía, senador Emmanuel Reyes Carmona, para la presentación del dictamen.
Defendiendo ante el Pleno la reforma al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, destacando que el marco jurídico nacional debe actualizarse para hacer frente a las tecnologías digitales, el comercio electrónico y las nuevas formas en que operan las redes ilícitas transfronterizas.
Argumentos plurales
A la vista la escala comercial: Distancia de criterio de lucro para adoptar parámetros objetivos. Facilidades, “castigar las infracciones digitales donde es complejo probar la intención de ganancia, abarcando tanto el beneficio económico directo como el daño significativo al mercado del titular.” Propone castigar la acumulación de envíos menores que en conjunto superen el umbral establecido.
Armonización con el T-MEC: Iniciativa alinea a México con el artículo 20.85 del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, así como con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, estandarizando la persecución de estas conductas.
Alternativas para reparar el daño: Ante la dificultad de rastrear la magnitud exacta de la piratería en internet, se establecimiento de criterios valor de mercado, ganancias perdidas o regalías no pagadas. Inclusión de una indemnización predeterminada como opción para agilizar el resarcimiento a la víctima.
Castigo a las filtraciones previas: Incorporación, artículo 424 Quater para sancionar la distribución no autorizada de libros, música, películas o cualquier obra antes de su lanzamiento oficial, protegiendo las cadenas formales de distribución y la inversión de los creadores.
Reestructuración penal y garantías: Se reorganiza el Título Vigésimo Sexto del Código Penal para dar mayor certeza jurídica y separar los delitos que se persiguen de oficio de los que requieren querella.
El diputado Carmona agregó: que estos cambios fortalecen la persecución de delitos que afectan el orden económico y la salud pública, sin alterar la carga de la prueba para las fiscalías ni vulnerar los derechos de debido proceso y presunción de inocencia de los imputados.
En la discusión y análisis el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara defendió ante el Pleno las reformas en materia de propiedad intelectual, argumentando que el Estado mexicano tiene la obligación de actualizar un marco jurídico con 30 años de rezago para enfrentar las nuevas modalidades de la economía digital y cumplir con los compromisos del T-MEC.
Contribuyendo sobre la discusión
En los registros para el conocimiento del ciudadano dio cuenta la senadora Alejandra Barrales Magdaleno de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) aninciando que votaría en contra de la iniciativa de reforma en materia de propiedad intelectual, advirtiendo que la llamada “Ley Antimemes” es un intento de censura gubernamental disfrazado de combate a la piratería.
Alertó sobre los riesgos que el artículo 403 Bis de la iniciativa representa para la libertad de expresión. Señaló que la redacción dota al gobierno de herramientas para encarcelar —con penas de hasta cinco años de prisión y multas de un millón de pesos— a quienes utilicen la identidad gráfica institucional para realizar críticas, parodias o memes en redes sociales.
Afirmó la senadora Barrales que “lo que quiere concretamente Morena es hacerse del control de lo que se dice, de lo que se comenta, de lo que se ve y de lo que se escucha en línea”.
Barrales exigió frenar intento de castigar penalmente a los creadores de contenido satírico, recordando a la mayoría legislativa que, en una democracia, el poder debe aprender a convivir con la crítica.
Siguiendo una ruta de tribuna, la Senadora Lizeth Sánchez García (PT), se pronunció a favor del dictamen, argumentando “que protege la identidad, y evitando el uso para lastimar la confianza de la ciudadanía.
El Senador Manuel Añorve Baños (PRI) estuvo a favor de la iniciativa, con el argumento a favor de la “libertad de expresión, de combatir la piratería, el fraude y la suplantación de las instituciones públicas, y cumplimiento de los compromisos de México en el marco del T-MEC.”
La senadora Karla Guadalupe Toledo Zamora adelantó el voto en contra del Grupo Parlamentario del PRI, advirtiendo señales de censura y a la intimidación contra el periodismo, la parodia, la crítica política y los creadores de contenido.
El senador Edgar Noé Larios Carrasco, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) se pronunció a favor de la agenda de modernización institucional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
La senadora María del Rocío Corona Nakamura “anunció el respaldo de su partido (PVEM) a la reforma, destacando su urgencia para frenar las pérdidas de más de 63 mil millones de pesos anuales que la piratería genera al comercio formal en el país.”
La senadora María de Jesús Díaz Marmolejo del PAN votará en contra del dictamen, argumentando que, bajo la justificación de combatir la piratería, la reforma abre la puerta a la censura y amenaza la libertad de expresión ciudadana.
La senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez votó en contra del dictamen argumentado que resulta contradictorio que una iniciativa diseñada para cumplir con los compromisos comerciales del T-MEC en materia de piratería incluya disposiciones para blindar al gobierno federal frente a la crítica ciudadana.
El senador Alejandro García Monroy de Morena, señalando la urgencia de renovación del marco jurídico penal para combatir las nuevas modalidades de falsificación y explotación indebida de obras en plataformas digitales y el comercio electrónico.
La senadora Martha Lucía Micher Camarena defendió el dictamen de reforma, asegurando se busca combatir las redes criminales de piratería a gran escala y cumplir con los compromisos del T-MEC.
El pleno del Senado de la República aprobó el 30 de septiembre de 2026 la reforma a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y al Código Penal Federal, con 72 votos a favor y 34 en contra en lo general.
Se cerraba la intensa confusión en el Senado, frente a una de las reformas más polémicas de la historia la que versaba sobre la propiedad intelectual y las benditas redes. Quienes votaron a favor sostienen que la actualización del marco legal permitirá combatir con mayor eficacia la piratería física y digital, proteger a creadores e inventores y cumplir los compromisos internacionales asumidos por México en el T-MEC, quienes votaron en contra advierten que algunos de sus alcances podrían abrir espacios para la censura y afectar la libertad de expresión.
¿Estamos ante un estado garantista?