Javier Ramos
El Diputado Ricardo Monrreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, conformada por el Dip. Bolaños-Cacho Cué Raúl (PVEM), Dip. Lixa Abimerhi José Elías (PAN), Dip. Puente Salas Carlos Albert (PVEM), Dip. Sandoval Flores Reginaldo (PT), Dip. Moreira Valdez Rubén Ignacio (PRI) y Dip. Ortega Pacheco Ivonne Aracelly (MC).
Monrreal anunció los trabajos para la rendición de cuentas del ejercicio gubernamental.
¿Qué obliga a los funcionarios públicos a la rendición de cuentas?
La rendición de cuentas de los servidores públicos no se sustenta en un único precepto constitucional, sino en un conjunto de disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establecen obligaciones de transparencia, control parlamentario y responsabilidad administrativa.
Informes de Gobierno y comparecencias
Conviene a los ciudadanos saber que los mecanismos de control político más relevantes se encuentran en los artículos 69 y 93 constitucionales.
Artículo 69. Establece la obligación de la persona titular del Poder Ejecutivo Federal de presentar un informe escrito sobre el estado general que guarda la administración pública federal al inicio del primer periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión.
Artículo 93. Dispone que las personas titulares de las secretarías de Estado informen al Congreso sobre la situación de sus respectivos ramos después de la apertura del periodo de sesiones. Este artículo constituye el fundamento constitucional de las comparecencias ante el Pleno, las comisiones legislativas y la Junta de Coordinación Política (Jucopo).
Transparencia y principios de la función pública
La obligación de informar y transparentar la actuación gubernamental también se encuentra respaldada por otros principios constitucionales.
Artículo 6º. Garantiza el derecho de acceso a la información y el principio de máxima publicidad, al establecer que toda la información en posesión de cualquier autoridad es pública, salvo las excepciones previstas por la ley.
Artículo 134. Obliga a los servidores públicos a administrar los recursos del Estado bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.
Así esperamos que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, garantice la transparencia y movilice a los ciudadanos a de construcción de condiciones que mejoren su condición de vida. La secretaría responsable de la transparencia a decido dirigirse en una etapa que parece reflejarse a un régimen de estado que requiere de la gestión ciudadana. El estado mexicano invierte en la Secretaría esfuerzos y recursos anuales por unos mil seiscientos millones de pesos, recursos que deben rendir frutos.
Responsabilidad de los servidores públicos
Los artículos 108 al 113 integran el Título Cuarto de la Constitución, relativo a las responsabilidades de los servidores públicos. En este apartado se regulan, entre otros aspectos, el Sistema Nacional Anticorrupción, las declaraciones patrimoniales y las sanciones derivadas de faltas administrativas o actos de corrupción.
Hasta ahora, tras ocho años de administración pública, no existe evidencia de una estrategia gubernamental que movilice a la ciudadanía en torno a los principios de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas. Más allá de las obligaciones legales, tampoco se ha consolidado una política que fomente activamente los valores cívicos que dieron sustento a las funciones históricamente desempeñadas por el INAI.
Es así como la Constitución establece diversos mecanismos de control y rendición de cuentas que obligan a las dependencias federales a informar al Congreso sobre el estado que guardan sus áreas de responsabilidad. Bajo este marco, la Cámara de Diputados inició la definición del calendario de comparecencias de las personas titulares de Gobernación, Hacienda y Economía, entre otras dependencias.
¿De qué podrían hablar los funcionarios convocados a comparecer?
Cada funcionario deberá informar sobre los resultados, retos y perspectivas de su sector.
Marcelo Ebrard Casaubón (Secretaría de Economía)
Deberá centrar su comparecencia en la política industrial y comercial del país, incluyendo la atracción de inversiones, el fenómeno de relocalización de empresas (nearshoring), la competitividad de las cadenas productivas nacionales, el desempeño de las exportaciones mexicanas y la relación económica con los socios del T-MEC. También podría abordar las estrategias para fortalecer la industria nacional y generar empleos. Así deberá Ebrar enfrentar las necesidades de crecimiento y girar el timón a favor de ellas.
Corresponderá a Rosa Icela Rodríguez Velázquez (Secretaría de Gobernación)
Como responsable de la política interior, informar sobre la gobernabilidad del país, la coordinación entre órdenes de gobierno, la atención a conflictos sociales, la política de derechos humanos, las acciones de protección civil y la relación institucional con poderes, organismos autónomos y entidades federativas. Dada la naturaleza de algunos asuntos, parte de la información podría tratarse bajo criterios de reserva. Es de esperar que la nueva Secretaría de Gobernación cumpla con políticas de comunicación discrecionales que concentran los recursos en las acciones de propaganda y contraria a la construcción de ciudadanía.
Como titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch tendría que rendir cuentas sobre la estrategia nacional de seguridad y los resultados obtenidos durante el periodo evaluado. Dada la previsión de que su comparecencia se realice ante la Jucopo, es probable que algunos asuntos se aborden bajo criterios de confidencialidad por su vinculación con la seguridad nacional, pero es de esperar que la numeralia criminal consolide la ruta de la pacificación del país, que tanto se demanda, se espera darle frente al crimen y cerrar para cerrar profundas heridas.
Edgar Abraham Amador Zamora (Secretaría de Hacienda y Crédito Público)
Su exposición estaría enfocada en las finanzas públicas, la recaudación tributaria, el manejo de la deuda pública, el gasto gubernamental, las perspectivas de crecimiento económico y la elaboración del Paquete Económico. Asimismo, podría responder sobre la estabilidad macroeconómica y el destino de los recursos públicos.
Mario Delgado Carrillo (Secretaría de Educación Pública)
Los legisladores podrían solicitar información sobre la cobertura educativa, programas de becas, infraestructura escolar, formación y contratación de docentes, resultados educativos y acciones para reducir el abandono escolar. También sería relevante conocer los avances en materia de educación media superior y superior.
Ernestina Godoy Ramos (Fiscalía General de la República)
En caso de concretarse su participación, los temas centrales podrían ser la procuración de justicia, el combate a la impunidad, el avance de investigaciones de alto impacto, la coordinación con fiscalías estatales, la atención a víctimas y los resultados en materia de persecución de delitos federales.
Lo que está en juego
Más allá de los informes sectoriales, estas comparecencias servirán para evaluar dos grandes ejes de la administración pública: la situación económica del país (Hacienda y Economía) y la gobernabilidad, seguridad, educación y justicia (Gobernación, SEP y FGR). Por ello, constituyen uno de los principales mecanismos de control parlamentario y rendición de cuentas previstos en la Constitución.
La sociedad mexicana tiene una caja de herramientas para modificar la realidad, que será efectiva en una ciudadanía más informada y, que asuma su responsabilidad cívica y social.
P. D. Una democracia sana depende del pensamiento crítico de sus ciudadanos. Fortalecer la educación científica en México es, en el fondo, una estrategia de defensa contra la desinformación. Solo así lograremos revertir los rezagos evidenciados en la prueba PISA y consolidar una sociedad capaz de exigir y evaluar políticas públicas con rigor y evidencia.