Secretario de la Comisión de Salud
“Normas técnicas legalizadas garantías de calidad”
De larga carrera en el campo de la salud pública, maestro, investigador, y protagonista de la salud desde el Congreso de la Unión, desde la Cámara de Diputados , en la lucha presupuestal de la salud pública, de políticas públicas tanto hoy, como hace cerca de 30 años, Ecctor Ramítez nos habla y también nos alerta de la salud en México, las normas. de sus atajos y laberintos como lo son las norma
Dr. Cuando hablamos de una norma de salud ¿a qué nos estamos refiriendo?
Como lo señala la nueva Ley de Infraestructura de la Calidad, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 2020, una Norma Oficial Mexicana es una regulación técnica de observancia obligatoria expedida por las Autoridades Normalizadoras competentes cuyo fin esencial es el fomento de la calidad y la protección de los objetivos legítimos de interés público; establece reglas claras sobre servicios, procesos y productos, especificaciones o características que éstos deben observar.
La NOM tiene como finalidad atender las causas de los problemas identificados por las Autoridades Normalizadoras que afecten o que pongan en riesgo los objetivos legítimos de interés público, entre los cuales se encuentra la protección y promoción a la salud.
Las Normas Oficiales son de observancia obligatoria para todo el personal de salud, profesional y auxiliar de los sectores público, social y privado pertenecientes al Sistema Nacional de Salud. Garantizan un estándar mínimo de calidad, seguridad y eficacia en la atención médica, estudios clínicos para diagnóstico y en los medicamentos y demás insumos necesarios para garantizar el derecho constitucional para todos y todos, establecido en el artículo cuarto constitucional.
Dr- Se habla de la desaparición de 34 normas de salud, debemos de entender que estamos hablando de salud pública, medicamentos y atención y enfermedades, ¿que significa esto para el ciudadanos común y de qué forma nos afecta?
Las Normas Oficiales en materia de salud generan certeza y seguridad jurídica en los procesos de atención médica y de diversos servicios relacionados con la salud y seguridad de las personas, ya que norman procedimientos y procesos técnicos específicos. La cancelación de Normas, sin duda, es una decisión que atenta contra el derecho a la protección de la salud de las personas establecido en nuestra legislación y en diversos tratados internacionales de los que México es parte.
Las NOMs generan certidumbre y establecen medidas para asegurar la calidad, sanidad y armonización de los productos y servicios que adquieren las y los consumidores de México. Sin normas, se genera discrecionalidad en los estándares de atención de las enfermedades e incertidumbre para el personal de salud pues no contará con los referentes que establece las norma. También se relajan las medidas preventivas eficaces, por ejemplo, la baja en la cobertura de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano y se podrían incrementar los casos de cáncer cérvico uterino.
Las Nomas son necesarias para los pacientes y para la atención de sus enfermedades, por ello, es fundamental que normas sean revisadas para su eventual modificación, no cancelarlas sin sustento, para que tanto el personal médico como aquellas personas que son diagnosticadas diariamente puedan contar con un plan para su atención adecuado, para garantizar también la capacitación adecuada del personal médico y paramédico, los insumos de calidad y la corresponsabilidad en el seguimiento y apego al tratamiento, con la finalidad de mejorar sus posibilidades y calidad de supervivencia.
Dr. – ¿A cuáles enfermedades afecta en mayor medida y de qué manera?
Afecta la atención enfermedades que presentan una alta prevalencia en nuestro panorama epidemiológico, para varias de estas enfermedades incluso la Ley General de Salud vigente, establece disposición expresa para que la autoridad de salud emita las normas oficiales correspondientes.
Es el caso de la salud mental y adicciones; el sobrepeso y obesidad y lo relacionada con la alimentación y nutrición; la prevención, tratamiento y control de la diabetes mellitus. Además, resulta de alta preocupación la falta de certeza que generará la cancelación de normar para la atención de diversos tipos de cáncer, por ejemplo, en los tratamientos que reciben las mujeres con cáncer cervicouterino o de mama, que son la primera causa de muerte en mujeres de entre 20 y 50 años en nuestro país; en el caso de los hombres mayores de edad el cáncer de próstata; en todos éstos casos, no se contaría con protocolos o procedimientos técnicos generales y obligatorios para su atención.
Por ello, su cancelación es inadmisible, ya que deja a millones de mexicanas y mexicanos que padecen diversas enfermedades en total incertidumbre respecto a diagnósticos y tratamientos, tanto en sector público como en el privado.
Además, sin NOMs, se relajan medidas preventivas eficaces de salud pública, por ejemplo, la cobertura de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano, que, de no alcanzarse, puede incrementar los casos de cáncer cérvico uterino; o aquellas relacionadas con la promoción de la salud escolar, entre muchas otras.
¿Cuáles son las razones de la desaparición de las 34 normas y con qué objetivos y autoridad se toma esta supresión?
Precisamente eso es lo que se ha cuestionado, la autoridad sanitaria solo ha señalado que “no son necesarias”, sin presentar evidencia científica o información oficial y creíble que justifique la decisión de cancelar esta Normas Oficiales en materia de salud.
Todo parece indicar que, la autoridad sanitaria no quiere observar los estándares mínimos, sobre los aspectos técnicos con los cuales tiene la obligación de ofrecer los servicios de la atención médica y otros procesos e insumos que garanticen una atención médica de calidad, de forma segura y con eficacia.
Cómo en la mayoría de las decisiones que el actual gobierno ha tomado en el sector salud, busca tener un amplio margen de discrecionalidad para ofrecer servicios que no necesariamente cuenten con mínimos para para garantizar eficacia, seguridad y calidad. Ello implicará que al menos en los servicios públicos, se estaría ofreciendo servicios que podría no cumplir con estándares mínimos o con medicamentos de baja calidad; que como ya se ha visto en este último caso, pretende resolver el desabasto de medicamentos comprando aquellos de más bajo precio, pero que no necesariamente cumplen con los estándares de eficacia y seguridad para mejorar la salud de los enfermos.
La cancelación de Normas contribuirá al deterioro que ya es evidente en los servicios públicos de salud, la atención medica se debe ofrecer con estándares mínimos de calidad y eficacia, que garantice una atención adecuada para cada tipo de enfermedad, en particular de aquellas que presentan un alto grado de complejidad, para las que se requiere un diagnóstico preciso y oportuno que permita diseñar un tratamiento que realmente restituya la salud de la persona enferma.
Por ello, hemos insistido en que no se debe cancelar las Normas, sino que el gobierno debe asumir su responsabilidad de revisarlas y modificarlas para que mantengan su utilidad como herramienta que garantice la una mejor atención médica y la protección del derecho a la salud.
DR. ¿No es acaso la Salud un tema de gobernanza democrática, de una comisión plural, en vez de recaer exclusivamente en el secretario de salud?
Las decisiones importantes en materia de salud efectivamente no se tomarse de forma colegiada, así lo establece nuestra Constitución mediante un órgano denominado Consejo de Salubridad General, que es un órgano colegiado en el que participa además del gobierno los sectores social y privado. el cual durante el presente gobierno ha sido sometido a los designios de la Secretaría de salud.
En el caso de Normas Oficiales la propia Ley General de Salud vigente, establece que le corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Salud dictar las normas oficiales mexicanas a que quedará sujeta la prestación de servicios de salud en las materias de salubridad general, en todo el territorio nacional.
Esta misma Ley señala que, el Sistema Nacional de Salud está constituido por las dependencias y entidades de la Administración Pública, tanto federal como local, y las personas físicas o morales de los sectores social y privado, que presten servicios de salud.
La Ley de Infraestructura de la Calidad, en su primer artículo establece que una de las finalidades de la Ley es promover la concurrencia de los sectores público, social y privado en la elaboración y observancia de las Normas Oficiales Mexicanas y los Estándares.
Por ello, hemos reiterado, que la decisión de cancelar las normas no debe ser una decisión discrecional que deba tomar el Subsecretario de Salud Hugo López Gatell. La Ley de Infraestructura de la Calidad establece el proceso y condiciones para su eventual cancelación, pero también la su modificación. Por ello, insistimos en que no deben cancelarse, sino modificarse, de manera que continúen siendo un instrumento idóneo y eficaz en la protección del derecho a la salud.
DR.- Todo apunta a la necesidad de la colegialización de las decisiones en materia de salud, ¿es el momento de asumir una posición más diversa en materia de especialistas de la salud y las decisiones de la salud pública?
Efectivamente, por ello, he presentado una iniciativa en la Cámara de Diputados, para fortalecer jurídicamente la figura del Consejo de Salubridad General (CSG), para que pueda actuar con oportunidad y de forma eficaz, para mejorar la capacidad de coordinación y ejecución de las acciones gubernamentales; así como los mecanismos respecto de quiénes toman las decisiones y asumen las responsabilidades en cada ámbito de gobierno.
Es indispensable que el CSG cuente con total independencia de la Secretaría de Salud, y que sea un órgano que dependa solamente del Poder Ejecutivo, para que adquiera capacidad de respuesta ante situaciones que pongan en riesgo a la población. Asimismo, es urgente que cuente con recursos presupuestales, materiales y humanos propios, sin la intermediación de la Secretaría de Salud, a fin de que goce de absoluta autonomía operativa y de financiamiento.
Los objetivos de la presente iniciativa son:
Darle autonomía al Consejo de Salubridad General, para establecer que dependerá directamente del Presidente de la República, en los términos del artículo 73 constitucional y estará a cargo de un consejero o consejera presidente, que sólo deberá desempeñar esa responsabilidad y su designación corresponderá al titular del Poder Ejecutivo federal. Esto quiere decir que el secretario de Salud formará parte de su junta directiva, pero no lo presidirá.
Al incorporar de manera expresa esta disposición en la LGS, se establece que el Consejo de Salubridad General, asume la responsabilidad de identificar y evaluar los riesgos que pudiera representar una enfermedad o epidemias graves, podrá auxiliarse de las instituciones nacionales o internacionales especializadas en la enfermedad u otras que considere necesarias para dicho cometido.
La iniciativa busca ofrecer una respuesta coordinada, efectiva y oportuna a los retos que en materia de riesgos sanitarios enfrenta la sociedad.
En caso de las Normas como ya se señaló está prevista en Ley ya la participación de diversos sectores en su elaboración y observancia; no obstante, siempre hay áreas de oportunidad que permiten mejorar el marco jurídico para generar los mecanismos necesaria para el cumplimiento de las responsabilidades del Estado en materia de protección de la salud.
¿Es necesario la revisión de las normas en salud y precisar sus fines y objetivo?
Así es, es necesaria una revisión de las Normas, las cuales tienen una vigencia de cinco años, a partir de los cuales, la autoridad sanitaria tiene la obligación de revisarla y en su caso modificarlas para actualizarlas y que se mantengan como un instrumento eficaz en la prestación de los servicios o de los demás insumos para la salud necesarios para la atención médica y el restablecimiento de la salud de las personas.
Cada Norma regula aspectos técnicos muy particulares para el diagnóstico, atención y tratamiento de enfermedades específicas, muchas de ellas de alta complejidad que requieren una atención especializada. Es el caso de las reciente reformas a la Ley General de Salud aprobadas por el Congreso, que mandata la expedición de Normas Oficiales en materia de atención a la diabetes, pero que ahora obliga a establecer normas para cada uno de los tipos de diabetes, ya que cada tipo requiere de un tratamiento especializado.
¿Urge ampliar el análisis y la discusión?, ¿qué es lo recomendable?
Sin duda, desde la llegada del actual gobierno diversos sectores hemos manifestado nuestra disposición a mantener un diálogo abierto y responsable, en el ánimo de construir un mejor sistema de salud que responda a las necesidades que en materia de salud enfrenta la población.
Desafortunadamente no hemos encontrado respuesta. En el propio Congreso y en particular en la Cámara de Diputados, a más de cuatro años del actual gobierno, no hemos logrado iniciar un diálogo con la Secretaría de Salud, que nos permita contribuir a reconstruir el sistema de salud eficaz.
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Las decisiones y acciones del actual gobierno en materia de política de salud lo han conducido a un fracaso en sus propuestas para este sector; un INSABI a través de cual accederíamos a un modelo de salud como el que tienen los países nórdicos, pero que después de cuatro años y del mayor presupuesto público de los últimos años, sólo informó avances insignificantes. Hoy las incertidumbres crecen ante su nueva propuesta de IMSS Bienestar.
Lo recomendable sería que el gobierno federal deje de actuar solo con fines político-electorales, que apegue estrictamente al Estado de derecho en su actuar y deje justificar sus malas decisiones y pésimos resultados en el paso. Nuestro país requiere respuestas de la magnitud, que los retos presentes y futuros demandan, ello no puede basarse en la visión limitada que una sola persona pueda tener sobre los problemas de nuestro sistema de salud.
Muchas gracias Dr, por la conversación. ,i,as que deben priorizarse t mantenerse como ejercicios de pedagogía cívica y política