Diputados se deciden a dar seguridad a la niñez y la adolescencia
La diputada Celia Esther Fonseca Galicia (PVEM), propone reformar el artículo 3 de la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de Seguridad Pública.
Se pretende incorporar de manera transversal el principio del interés superior de la niñez y la adolescencia en las actividades de procesamiento, análisis y aprovechamiento de inteligencia en materia de seguridad pública.
¿En qué consiste la propuesta?
Puntos clave: Enfoque integral
- Plantea identificar riesgos tanto en entornos físicos como digitales, incluyendo fenómenos como el ciberacoso, la explotación sexual en línea y el reclutamiento delictivo de personas menor de edad.
- La propuesta no implica nuevas estructuras administrativas ni la asignación de recursos presupuestales adicionales, sino la utilización de capacidades tecnológicas y operativas ya existentes.
- Busca fortalecer el carácter preventivo de las tareas de inteligencia mediante la detección temprana de patrones de riesgo y una mayor coordinación entre instituciones.
Prevención para evitar la explotación digital de niñas, niños y adolescentes
La diputada Ana Karina Rojo Pimentel (PT), propone reformar el artículo 47 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, mediante la suma de una fracción IX.
¿Qué suma a la fracción IX la propuesta?
Establecer la obligación de las autoridades de los tres órdenes de gobierno de prevenir, atender y sancionar la explotación económica o comercial digital de personas menores de edad por parte de padres, tutores o terceros.
Expresa
- Considera como conducta susceptible de sanción el uso sistemático de la imagen, voz o datos personales de niñas, niños y adolescentes en redes sociales o plataformas digitales con fines de monetización, patrocinios o ganancias publicitarias.
- Propone reforzar la protección de derechos como la privacidad, la educación, el descanso y la salud mental frente a posibles intereses económicos.
- Busca reconocer y atender prácticas vinculadas a la generación de contenido digital que involucren a personas menores de edad cuando exista aprovechamiento económico de su imagen o actividad.
El PAN propone aumentar 50 % las penas por fraudes digitales contra personas adultas mayores
El objetivo de la iniciativa es fortalecer la protección patrimonial de las personas adultas mayores, al respecto el diputado Paulo Gonzalo Martínez López (PAN) presentó modificación del artículo 386 del Código Penal Federal. La propuesta plantea incrementar hasta en una mitad las penas aplicables al delito de fraude cuando sea cometido mediante herramientas electrónicas y la víctima sea una persona de 60 años o más.
Las claves que acompañan la formulación
- Establece una agravante específica para los casos en que el fraude se realice mediante aplicaciones, mensajes de texto, redes sociales, sitios de internet u otros medios tecnológicos.
- No genera un nuevo tipo penal, sino que modifica las sanciones aplicables a conductas ya previstas en la legislación.
- Para aplicar la agravante deberán acreditarse la existencia del fraude, el uso de medios digitales y la condición de persona adulta mayor de la víctima.
El Diputado Panista subrayó la necesidad de que el marco jurídico responda a las modalidades delictivas que se desarrollan en entornos digitales.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados para su análisis y dictaminación.
Los adultos mayores concentran forman un paquete interesante de iniciativas
La diputada Alejandra Chedraui Peralta (PVEM) presentó una iniciativa para adicionar el artículo 335 Bis al Código Penal Federal, con el propósito de tipificar de manera expresa el abandono de personas adultas mayores.
Con la propuesta se formulan penas de tres a seis años de prisión y multas de 300 a 600 Unidades de Medida y Actualización (UMA).
Puntos claves
- Sancionar a quien, teniendo una obligación legal, familiar, tutelar o contractual de cuidado, coloque en situación de desamparo a una persona adulta mayor.
- Prevé un incremento de hasta 50 % en la pena cuando la víctima tenga una discapacidad o enfermedad crónica; cuando el abandono ocurra en espacios públicos, hospitales o asilos; o cuando sea cometido por familiares directos o personas cuidadoras para evadir obligaciones alimentarias.
- En caso de lesiones graves o afectaciones permanentes a la salud, la pena aumentaría de seis a diez años de prisión.
- Si la conducta deriva en el fallecimiento de la víctima, la sanción sería de diez a quince años de prisión.
Justificación de la propuesta
La legisladora del Verde Ecologista, Chedraui Peralta señaló que el abandono constituye una vulneración de derechos humanos y citó datos del Conapred que refieren que aproximadamente 16 % de las personas adultas mayores en México enfrentan situaciones de abandono o maltrato.
La iniciativa amplía la responsabilidad no solo a familiares directos, sino también a personas cuidadoras remuneradas y personal de instituciones asistenciales o de salud.
En un foro de análisis sobre el factor pesquero y acuícola resalto el siguiente panorama que nos lleva las aguas interiores y de litoral marítimo
Se celebró el Segundo Encuentro Nacional de Mujeres del Sector Pesquero y Acuícola. La presidenta de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, Azucena Arreola Trinidad (Morena), destacó la participación de las mujeres en las actividades productivas, económicas y comunitarias relacionadas con la pesca y la acuacultura.
Reconocidas como las Guardianas de la mar y las aguas interiores, se realizó en el Complejo Cultural Los Pinos.
Se analizaron los siguientes puntos relevantes
- Se anunció un dictamen sobre la aprobación para reformar 71 artículos de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables en materia de lenguaje incluyente y no sexista.
- Se señaló que estas modificaciones buscan fortalecer el reconocimiento de las mujeres dentro del marco normativo y en las políticas públicas del sector.
- La Comisión de Pesca manifestó su disposición para revisar las propuestas presentadas durante el encuentro y valorar su posible incorporación al marco legal correspondiente.
El evento reunió a representantes de los tres órdenes de gobierno, así como de dependencias federales, instituciones de investigación y organismos vinculados al sector pesquero y acuícola.
Las legisladoras del PT propusieron incluir a los cuerpos de bomberos en la Ley General de Protección Civil
La diputada Greycy Marian Durán Alarcón (PT) presentó una iniciativa para reformar los artículos 2 y 19 de la Ley General de Protección Civil con el propósito de incorporar una definición formal de las y los bomberos dentro de la legislación federal.
El Objetivo de la propuesta de ley
Reconocer jurídicamente la función de los cuerpos de bomberos y establecer bases para su integración dentro del sistema nacional de protección civil.
Destacan en la iniciativa los siguientes acentos
- Define a las y los bomberos como personal servidor público o voluntario capacitado para atender riesgos, emergencias y desastres.
- Plantea generar condiciones para una mayor certeza institucional en materia de presupuesto, seguridad social, equipamiento y coordinación gubernamental.
- Establece que los cuerpos de bomberos no podrán ser utilizados para fines de disuasión, coerción o represión de la protesta social, ni para objetivos políticos o particulares.
- Faculta a la Coordinación Nacional de Protección Civil para emitir lineamientos sobre organización y funcionamiento de los cuerpos de bomberos en las entidades federativas.
La legisladora argumentó que la ausencia de una definición expresa en la ley ha generado distintas condiciones operativas y administrativas para los cuerpos de bomberos en el país.
La iniciativa siguió el curso de la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres de la Cámara de Diputados para su análisis y dictaminación.