Se reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y se publicó en el Diario Oficial de la Federación. El documento se refiere a las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados y entra en vigor de inmediato. Establece que las comisiones ordinarias serán: Asuntos Frontera Norte; Asuntos Frontera Sur; Asuntos Migratorios; Atención a Grupos Vulnerables; Bienestar, Cambio Climático y Sostenibilidad; Ciencia, Tecnología e Innovación; Comunicaciones y Transportes; Cultura y Cinematografía; Defensa Nacional; Deporte; Derechos de la Niñez y Adolescencia; Derechos Humanos; Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial; Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola Autosuficiencia Alimentaria; Diversidad; Economía, Comercio y Competitividad; Economía Social y Fomento del Cooperativismo; Educación; Energía; Federalismo y Desarrollo Municipal; Ganadería; Gobernación y Población; Hacienda y Crédito Público; Igualdad de Género; Infraestructura; Justicia; Juventud; Marina; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Movilidad; Pesca; Presupuesto y Cuenta Pública; Protección Civil y Prevención de Desastres; Pueblos Indígenas y Afromexicanos; Puntos Constitucionales; Radio y Televisión; Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento; Reforma Política-Electoral; Relaciones Exteriores; Salud; Seguridad Ciudadana; Seguridad Social;Trabajo y Previsión Social; Transparencia y Anticorrupción; Turismo; Vivienda, y Zonas Metropolitanas.
También se contempla en el segundo y último artículo que la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados resolverá el turno de los asuntos que han sido presentados y turnados durante la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados hasta antes de la entrada en vigor del presente decreto, conforme a sus atribuciones, publicando en la Gaceta Parlamentaria el turno que corresponda atendiendo el contenido y la materia de las nuevas denominaciones de las comisiones ordinarias.
En la lupa
La Reforma Eléctrica coloca no sólo a cada grupo en la mira y en la disección política de la elite sino en el interés de los ciudadanos que asistieron a las urnas. La reforma no sólo atrapa la discusión legislativas entre grupos de interés y las fracciones parlamentarias que empiezan a manifestar sus posicionamientos. El PRI es el grupo parlamentario en el que recae la impresión de que su posición se ha convertido en el fiel de la balanza en la perspectiva de construir esa mayoría que demandan las tres reformas constitucionales que representan los cambios en los artículos 25, 27 y 28 constitucional. El Dip. Rubén Moreira(PRI), coordinador de su grupo y también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la LV Legislatura de Diputados anunció que la bancada fijará su postura en su momento y destacó que son una bancada inteligente, responsable y con conocimiento, cuentan con gente que sabe mucho sobre el tema. Indicó que se requiere de una reflexión profunda porque se está decidiendo el rumbo del país. “En el PRI creemos que las cosas se deben tomar con tranquilidad y no se valen presiones de ningún tipo”, expresó en declaraciones a la prensa. Se pronunció a favor del Parlamento Abierto para debatir sobre esta iniciativa que se debe dar en la Cámara de Diputados con especialistas y actores sociales y económicos interesados en la materia.
Derogación de leyes de penalización
El Dip. Amilcar Sandoval Ballesteros (Morena), solicitó a los congresos locales derogar leyes que criminalizan a mujeres que deciden la interrupción voluntaria del embarazo. Convocó a fiscalías y ministerios públicos a tomar como referencia la jurisprudencia sentada por la SCJN en la acción de inconstitucionalidad 148/2017. Exhortó, mediante punto de acuerdo, a los congresos y autoridades de salud e impartición de justicia estatales para adecuar su normativa para no criminalizar a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo. Manifestó que el llamado a las legislaturas es a derogar las normas que tipifican el aborto o que únicamente contemplan causas de exclusión de la responsabilidad en casos de interrupción del embarazo. Instó a las fiscalías, ministerios públicos y demás autoridades encargadas de la persecución de los delitos, a tomar como referente los motivos y razonamientos que justifican la jurisprudencia sentada por la Suprema Corte en la acción de inconstitucionalidad 148/2017. Reconoció que se trata de una oportunidad para cambiar el régimen de oprobio, corrupción y opresión que se tejió durante décadas, el cual criminalizó a quienes decidían interrumpir el embarazo. Compartió el dato de que cada año hay 160 mil personas en esta situación y se les sigue viendo como delincuentes, se les castiga con prisión y terapias psicológicas, además de ser estigmatizadas.
Vacunación
Legisladores y legisladoras del PAN y PRD se pronunciaron en contra de la política de vacunación contra COVID-19 instrumentada por el gobierno federal ya que afecta a los más pobres, Expusieron que de 8 de los 10 estados del país con mayor marginación presenta un rezago en la aplicación del antígeno, muy por debajo de la media nacional. Los diputados Mario Gerardo Riestra Piña y Miguel Ángel Monraz Ibarra y Ana Teresa Aranda Orozco (PAN) y Olga Luz Espinosa Morales (PRD) calificaron dicha política de vacunación como inequitativa y discriminatoria, pues se trata de los estados donde hay población que habla alguna lengua indígena. Riestra Piña señaló que Chiapas es el estado más pobre del país y el que menos vacunas ha recibido; “tiene sólo el 48% de sus adultos vacunados, cuando en la Ciudad de México es el doble, más del 95% de sus adultos ya ha recibido este beneficio”.
Al respecto de Guerrero, dijo que también está por debajo del promedio nacional de vacunación teniendo apenas el 62% de sus adultos vacunados; el tercer estado más pobre. Puebla, tiene también apenas el 49% de sus adultos vacunados”. Reconoció que se requiere de estrategias “formales y reales” que permitan llegar a los estados con mayor rezago, “pero también se necesita hacer conciencia de que la vacunación es importante para erradicar esta pandemia que nos ha costado la vida de miles y miles de mexicanos y de mexicanas”. La Dip. Aranda Orozco apuntó que el gobierno federal ha ofrecido un millón de vacunas para menores de edad, “pero resulta que las niñas, niños y adolescentes menores de 18 años son más de 13 millones, es decir, se está anunciando la vacunación para menos del 8% del total, lo cual es totalmente discriminatorio”. Manifestó que es un asunto que tiene que ver con voluntad política y esa voluntad se tiene que expresar en los hechos.
Apuntes de la paridad
Las elecciones intermedias para la XLIV Legislatura si bien lograron la paridad perfecta apuntaron a las contradicciones en los órganos de gobierno como es la Mesa Directiva, la Junta de Coordinación Políticas y las presidencias de las comisiones, una revisión a las agendas y a la contabilidad de las posiciones darán luz a una discusión que contrata en mucho con la Legislatura XLIV llamada de la paridad. Así que la contabilidad sobre cuántas mujeres se reeligieron, cuántas llegaron a la Cámara del Congreso por el principio de Mayoría o Representación, cuántas ocupan las presidencias de comisiones y en cuáles, cuántas estuvieron en las ternas para las instancias como la Mesa Directiva o la Presidencia de Jucopo resultan determinantes.
Armada
Fue abrogada la Ley Orgánica de la Armada de México, publicada el 30 de diciembre de 2002 en el Diario Oficial de la Federación, y se derogan las disposiciones que se opongan a la presente ley. Quedó establecido que la Armada de México es una institución militar nacional, de carácter permanente, con la misión de emplear el poder naval de la federación para defensa exterior, proteger la soberanía de la Nación, mantener el Estado de derecho en las zonas marinas mexicanas y coadyuvar en la seguridad interior del país, en los términos que establece la Constitución Política, las leyes que de ella derivan y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.
Quedan como las atribuciones de la Armada de México: organizar, adiestrar, alistar y equipar al personal naval, las unidades y establecimientos navales que la constituyan para el cumplimiento de su misión y ejercicio de atribuciones; cooperar en el mantenimiento del orden constitucional del Estado mexicano, con estricto respeto y protección de los derechos humanos. También realizar acciones para salvar la soberanía y la integridad del territorio nacional en el mar territorial, zona marítimo-terrestre, islas, cayos, arrecifes, zócalos y plataforma continental, así como en aguas interiores, lacustres y ríos, en su parte navegables, incluyendo los espacios aéreos correspondientes, así como vigilar los derechos de soberanía en la zona económica exclusiva. Conducir el control naval del tráfico marítimo y protegerlo en las zonas marinas mexicanas y donde el Mando Supremo lo ordene, así como regular, establecer y vigilar las áreas restringidas a la navegación, incluidos los espacios aéreos correspondientes, en coordinación con otras autoridades en su ámbito de competencia, en los términos que establece la Constitución Política, las leyes que de ella deriven y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.
La Secretaría de Marina en sus funciones de Autoridad Marítima Nacional, en materia de seguridad y protección marítima y portuaria, y prevenir la contaminación del medio ambiente marino. Resalta el apoyo a la Secretaría de Marina en sus funciones de Autoridad Marítima Nacional, en las acciones para el control de tráfico marítimo en las vías generales de comunicación de aguas; salvaguardar la vida humana en el mar; proteger instalaciones estratégicas del país y, en donde, el Mando Supremo lo ordene, por sí misma o en coordinación con otras autoridades. También, garantizar el cumplimiento del orden jurídico nacional en las zonas marinas mexicanas por sí o coadyuvando con las autoridades competentes en el combate al terrorismo, contrabando, piratería en el mar, robo de embarcaciones, artes de pesca o productos de ésta, tráfico ilegal de personas, armas, estupefacientes y psicotrópicos, y cualquier otro ilícito.
Auxiliar a la población en los casos y zonas de desastre o emergencia; proteger los recursos marítimos, fluviales y lacustres nacionales; realizar actividades de investigación científica, oceanográfica, meteorológica y biológica de los recursos marítimos; fomentar la educación naval; participar en los órganos del Fuero de Guerra, entre otros. La Armada de México ejercerá sus atribuciones por sí o conjuntamente con el Ejército y Fuerza Área Mexicanos, o en coadyuvancia con las demás dependencias del Ejecutivo federal cuando así lo ordene el Mando Supremo, y podrá coordinarse con otros órganos de gobierno que así lo requieran, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política, las leyes que de ella deriven y los tratados internacionales en los que el Estado mexicano es parte.