El 6 de junio tendrán lugar seis procesos electorales para renovar gubernaturas, congresos locales y presidencias municipales. En ese escenario destaca en primer lugar lo que será la última actuación del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (CGINE), bajo la Presidencia de Lorenzo Córdova Vianello y la participación como consejeros de Ciro Murayama Rendón, Roberto Soto Ruiz y Adriana Favela Herrera.
En 30 años de la democracia procedimental no sólo ha surgido la intensa competencia entre candidatos y partidos, procesos electorales más transparentes y precisos, sino que han surgido filtraciones criminales ante el cual ciudadanos y ciudadanas debemos estar más pendientes y mejor informados para evitar la aparición de narcogobiernos.
En la escena electoral alternadamente figura también la dinámica de las organizaciones del narcotráfico de manera especial en el proceso de Tamaulipas y Durango, en el primero de los casos se dice que se vive un narco estado y en el segundo, el dominio del cártel de Sinaloa, y la paz de un triángulo de prosperidad.
La fiscalización que debe de prevalecer sobre el origen y monto de los recursos para las campañas de partidos y candidatos puede ser un tema menor, por el contrario, los observatorios ciudadanos tanto mexicanos como del extranjero ponen acento en el proceso.
Quintana Roo, el paraíso turístico mexicano no deja de ser un territorio en disputa por el narcotráfico y la violencia se deja sentir. Al decir de la prensa, la violencia aumenta, con la cohabitación de los cárteles como el de Sinaloa, el de Jalisco, Nueva Generación, del Golfo y otros grupos surgidos de las escisiones según registra el Atlas Criminal de México elaborado por Eduardo Guerrero, grupos dedicados al narcotráfico, la extorsión, cobro de derecho de piso.
En el estado de Hidalgo, según la prensa, en entidad toma densidad el robo de combustible (huachicol) a cargo la operan organizaciones criminales como el Cártel del Golfo, Los Zetas, Santa Rosa de Lima y el de Jalisco Nueva Generación, dedicados a la distribución de drogas, secuestros, huachicoleo, cobro del llamado derecho de piso y lavado de dinero según la información de la Unidad de Inteligencia de la Secretaría de Hacienda.
En cuanto a Oaxaca, se trata de una entidad en la que se calcula que la violencia ha crecido en un 7%, y según declaraciones del gobernador Alejando Murat Hinojosa, dos grupos criminales están en disputa por la entidad.
En el caso de Aguascalientes, en la entidad compiten el Cártel Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa, cuya presencia ofrece características diferentes, que además de una tradicional violencia criminal, promoción de la droga, el pago de derecho de piso, muestra la distribución de despensas y apoyos entre la población.
El ciudadano concurre a las urnas en el escenario de las elecciones que en el país exhiben que el crimen organizado mantiene presencia en muchos rincones y cuya penetración en estados, pueblos y comunidades cobró mayor presencia durante el periodo de confinamiento provocado por el COVID.
Según análisis elaborado por el Centro de Investigaciones de Desarrollo Económico (CIDE) y reportajes difundidos por diarios estatales, municipales y nacionales, tanto cárteles como el del Golfo, de Jalisco Nueva Generación, de Sinaloa, Los Viagras, se hicieron presentes aprovechando la pandemia del coronavirus disputando los territorios entregando despensas a la población de mayor vulnerabilidad.
Un número publicado por la Revista Nexos sostiene que esta práctica a la que concurren los grupos del crimen organizado no es nueva, pero tampoco se tiene la cuenta sobre el número de comunidades, ni ubicación de las mismas y menos del registro de las personas que las han recibido, pues estás prácticas se sostienen en la discreción.
No se trata de la entrega de apoyos de forma abierta, sin embargo, se cuentan con datos derivados de notas periodísticas de que esta tendencia si bien en la discreción se encuentra al alza, sobre todo cuando el número de personas y familiares que requieren de apoyos aumenta y que las circunstancias generadas por el COVID aumentaron las necesidades de apoyo y el abandono de miles.