Gritos, manotazos y vergüenzas en Diputados con la reforma electoral

Autor Congresistas
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Si por los medios de comunicación y las declaraciones nos enteramos de que nuestros diputadas y diputados no dan lectura ni a las propuestas de ley que envía el presidente Andrés Manuel López Obrador y que presiona un secretario de Gobernación que es a la vez aspirante a la candidatura presidencial de Morena ¿qué puede esperar un simple ciudadano de una carta que le envíe a su representante popular?

¿El fortalecimiento del Ejecutivo ha significado un debilitamiento del Poder Legislativo y del Poder Judicial? ¿Cómo apunta y hacia dónde va tras las elecciones de 2028 nuestro régimen político y la democracia mexicana? ¿Se ha reforzado las articulaciones de `poder que deben responder a derechos humanos con políticas públicas como debe de traduce el voto? ¿Somos una ciudadanía mejor informada, dotada para la gestión de los derechos, comunicada o manipulada por la discrecionalidad del manejo de la información lo mismo por las fuerzas e intereses del libre mercado o la centralidad del Poder político en el Ejecutivo federal?

¿Se ha fortalecido el pueblo cuya pluralidad, segmentación social, cultural, política, económica lo define la sociedad civil participativa en una democracia, y sino qué no los digan las dos recientes marchas que expresan un clamor que habrá que escuchar sobre todo por el poder institucionalizado?

Y queda para el Senado la debida lectura cuidadosa y técnica de la Reforma electoral en la que se conjugan tantos intereses y necesidades que deben responder a la democratización del poder con una sucesión que no responde ni a condiciones mínimas de equidad ni a reglas de derechos políticos y la pregunta para el senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), responde simplemente desde el lugar que lo coloca la historia democrática de este país, sin subterfugios, balandronadas y revanchas sólo en la consticionalidad del país que somos y queremos ser y con que modelo de país se pronuncia.

Sin conocer a nuestros diputados, agenda de senadores o el plan de gobierno de Jefe de Gobierno o del gobernador o del propio titular del Poder Ejecutivo federal, se nos agita con una sucesión adelantada y los enunciados de lo que se ha venido en llamar un nuevo régimen de gobierno encarnado en una Cuarta Transformación, cuyo engranaje y articulaciones nos es desconocido en tanto que las gestiones de nuestras demandas y necesidades del orden federal, estatal o municipal son confusas y desangeladas, pues se encuentran en el limbo en que se han convertido algunas secretarías de Estado como Gobernación, Bienestar, Salud. Pesa que no cuentan ni con la dirección de su ubicación ni sus teléfonos en su página de Internet para que los ciudadanos con derechos puedan inscribirse para su pensión, beca a discapacitados, apoyo, esos instrumentos que se dice se realizan de manera directa.

De frente a los resultados, al respecto de nuestros derechos humanos, políticos, económicos, sociales culturales, traducidos en justicia, salud, seguridad, educación. alimentación, políticas públicas, servicios, habrá que empezar por revisar el derecho a la información como la clave del acceso a otros derechos y en esa revisión encontrarnos que no existe una legislación en materia de información, comunicación y publicidad de Estados y que lo que hemos venido financiando a lo largo de gobiernos conservadores y el primero de extracción liberal ha sido la propaganda, salvo sus excepciones.

Como se calculaba diputados y diputadas aderezaron una reforma electoral con más de 350 páginas y modificaciones de cuatro leyes secundarias. El Grupo Parlamentario de Morena hizo valer su mayoría relativa y el peso de sus aliados, el PVEM y el PT, cuidando que en los procesos electorales no pierdan sus cuotas, su registro y se conserven como apoyadores legislativos.

Así diputados que no en el Senado de la República corrió sin tramites de ley y ni de lectura de por medio el curso de la iniciativa presidencial para quedar condenada a la inconstitucionalidad, desplegando a la par una cadena de reflexiones sobre la razón de las mismas y en donde se viene la alaraca de la división de Poderes y de que se vive finalmente una democracia.

En las lecciones políticas y legislativas de la nueva era anunciada por la 4T en la marejada de cambios anunciados en el cuarto año de gobierno y de agitación política, corren como bandera la batería de preguntas que los mismos legisladores se hacen en los círculos de poder que entre los ciudadanos de a pie.

¿A qué se debe tal desaseo y la estridencia de la propuesta de reforma al Instituto Nacional Electoral (INE) al ritmo de una andanada de ataques por un lado y defensas por otro qué tiene dividido al país, los embates dirigidos a un senador de la propia Morena que exige reglas democráticas para competir por la candidatura presidencial secuestrada por la idea de una encuesta?

¿Cómo explicar esas estrategias que ni el PRI como grupo mayoritario en sus mejores momentos se atrevió a instrumentar? ¿Cómo no leer una iniciativa para entrar al debate histórico en el que se juega la vida del INE como estructura electoral y política? ¿Qué es lo que pasa en los primeros círculos del poder morenista inscritos en el registro de la LXV Legislatura y al liderazgo de Ignacio Mier y Leonel Godoy? ¿Cuál es la lectura, el significado, la interpretación sobre la dinámica de las fuerzas políticas al interior y si estás ponen en riesgo la estabilidad de la transmisión de poder político?

¿No estamos ante un Poder de la República autónomo, preparado, atento a los cambios que se avecinan y las tempestades que se anuncian por una sucesión adelantada y desigual, sin piso parejo?

Hoy de nuevo se escribe toda una historia legislativa y política de la primera reforma que sale de Palacio Nacional en un ambiente de sucesión adelantada, de constantes violaciones a las leyes de procedimientos electorales, de declaraciones de exterminio a la estructura electoral. Por otro lado, no se envían señales de estabilidad ni de salvaguarda de legitimidad que requiere del impulso de la izquierda, hay un tufo autoritario como divisa y a la vista un objetivo de la demolición del INE de raíz con el criterio del ahorro y los excesos de los salarios de los consejeros sin el horizonte de la visión de los candados para la credibilidad, confianza y legitimidad de las elecciones.

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Se trata de una reforma estructural cuyo objetivo inicial fue la sustentación constitucional blindando la legitimidad del poder, cuando es evidente que hay crisis de representación política asociada a los institutos políticos y elites partidarias negados para una cierta y profunda representación de la pluralidad, en la distancia entre el poder y la pluralidad que es identidad en el ciudadano y ciudadana de a pie que en vez de ir al encuentro de representaciones una y otra vez se enfrenta con el despojo que se traduce en la negación de derechos.

Acompañada de todos los presagios la primera reforma electoral tomó base en la XLV Legislatura de la Cámara de Diputados y fuera de tiempo.

Si bien pude no prosperar la reforma constitucional impulsada por primera ocasión en la historia contemporánea por un gobierno de izquierda, si despegó con toda la propuesta “B” del Ejecutivo consistente en una estrategia de reformas secundarias afectando la estructura del INE con el argumento del alto costo de las elecciones y de la democracia mexicana pero además con la evidencia de que los legisladores morenistas ni sus aliados leen y estudian los dictámenes que aprueban aunque los mande el mismo Titular del Ejecutivo.

Entre las características del espíritu reformador que surge desde los partidos de oposición o del oficial, con la iniciativa, nos encontramos con el exterminio de la estructura de un INE que deviene en un juego de espejos de una articulación especializada y profesional también construida para detectar, visibilizar, sancionar y enfrentar un entramado de argucias de los mismos jugadores que han jurado hacer valer las reglas electorales.

A la vistas los hechos y argumentos del propio secretario de Gobernación, que no se ha dejado atrás el sello que no va más allá de representar la perpetuación de las trampas de la fe consistentes en introducir a espaldas de la discusión legislativa, a cargo de la representación del pueblo esa franquicia del porcentaje obligado del registro de partidos y el manejo del poder político que ha sido reservado a unos cuantos con la marginalidad de millones que animan la danza de un discurso de legitimidad y democracia con el yugo al cuello.

Quedó para la visibilidad de todos y en el foco de una consigna presidencial que aconseja “no mentir, no engañar”, la conveniencia de una reforma electoral, por lo que la perfectibilidad pueda presentar para nuestra democracia y el ahorro que pueda significar la reducción del sueldo de los consejeros, funcionarios, estructura, insumos, políticas públicas, capacitación y sobre todo de educación cívica y política de nuestros actores políticos que incluyen a los diputados que como representantes populares están obligados a leer lo que votan.

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