El camino al destazadero o hacia la mesa quirúrgica, ya sea para la disección de la expulsión de órganos, del recorte de bisturí a tumores, o del ajuste de articulaciones, la izquierda en el poder ha destinado que ésta sea la ruta del Instituto Nacional Electoral (INE).
Hoy no importa el asomo o rebote de las radicalizaciones de derechas y de izquierdas en un escenario de inéditas tensiones políticas que simultáneamente muestran una democracia debilitada o inacabada que pone un énfasis en el INE para arbitrar las tensiones y disipar las amenazas de caos.
Conviene repensarlo a fondo, ya que el árbitro electoral es la joya de instituciones autónomas, pero además vinculada a la historia de México. El INE cobra dimensión y sentido en el marco de las aspiraciones democráticas de los mexicanos y de las luchas políticas de las distintas fuerzas, pero también como un proceso para la legitimidad del poder político. No sería exagerado decir que se encuentra ligado a la estabilidad del orden constitucional.
Tampoco es para nada nuevo que terminada una elección presidencial se empiece a hablar y a proyectar una reforma de los procedimientos electorales y sobre la organización de las elecciones. Lo que es totalmente novedoso es la narrativa inaugurada por el titular del Poder Ejecutivo federal desatando una serie de descalificaciones sobre la actuación del INE que se viven como amenazas sobre la autonomía del árbitro.
Las fracciones
Generalmente son los partidos políticos de oposición los que impulsan los cambios que acompañan una reforma electoral con el fin de ajustar las partes de las mismas que han determinado las experiencias de errores, corregir las desviaciones y renovar la marcha de la perfectibilidad de la democracia electoral, afinando los instrumentos y procesos electorales que han asegurado la participación de todas las fuerzas políticas en el proceso. El objetivo es garantizar con reglas claras y procesos electorales la contienda por el poder a nivel federal y local.
Hoy los tiempos de la reforma establecen la diferencia y tiene que ver con que quienes piden una reforma electoral son los integrantes del partido que ganó la Presidencia de la República, la mayoría en el Congreso de la Unión, una serie de gubernaturas, congresos locales y ayuntamientos, lo que habla de un aval de 30 millones de votos.
Hay preguntas en el aire… sin duda el INE es perfectible… de costoso financiamiento, se trata de una inversión asociada como seguro a las medidas de la desconfianza y de las necesidades de financiamientos de los partidos políticos, de la equidad y transparencia de las condiciones de la competencia y se conecta con la confiabilidad con representantes de partidos en cada mesa de casilla y confianza en los resultados.
El perfil
El INE esta conformado por un Consejo General (CG) de 11 integrantes, una estructura de personal especializado, y corre bajo una vigilancia estricta a cargo de los grupos parlamentarios representados en la Cámara de Diputados, que participan con sus representantes en las sesiones del CG.
A la vista también hay otros elementos que dejan exhibir las debilidades procedimentales que por cierto aún no llegan a la vida interna de los institutos políticos que siempre nos ofrecen sus candidaturas impuestas, además de que nos encontramos con partidos políticos surgidos sin plataforma ideológica y decididos a una actuación reservada a manejarse como gozne de alianzas de grupos de poder político-económico y no han identificado ningún interés o vocación que nutra y resalte con definición y distinción una verdadera competencia política con identidad ideológica, propuesta y programa político a cumplir.
¿Cuál es el sentido de la reforma que está a la puerta? ¿A quién le serán de utilidad estas reformas y cómo sirve a la democratización del país? ¿Cuáles cambios se buscan y con qué objetivo? ¿Se trata únicamente de los recursos que implican los costos de una democracia que no acaba de dispersarse en el poder público, fortalecerse y convencer? ¿Va la reforma a favor de partidos políticos nuevos que no acaban de construir una sólida identidad y representación o apuntan a la pulverización del voto? ¿Busca recuperar el gobierno en una suerte de estatización de los instrumentos claves de la democracia como es la credencial de elector, la lista nominal con fotografía, la fiscalización de recursos, los tiempos de radio y televisión con el objetivo de lograr la equidad en la contienda electoral, la organización de las elecciones?
Las preguntas sobran
No se trata de una historia que pueda dejar a un lado la intención del control sobre la organización electoral. Así ocurrió tras los distintos procesos electorales federales y locales. Y es que estas reformas se tradujeron en más y mayores atribuciones y responsabilidades para el INE. En 2014 el Instituto adquiere una dimensión nacional al agregar a sus responsabilidades la elección de los consejeros de los órganos electorales autónomos responsables de las elecciones en las 32 entidades federativas del país.
El objetivo era claro en el momento de oír a los partidos de oposición entre los que se compartía la idea de quitar de la esfera de influencia de los gobernadores la elección de los consejeros estatales y distritales, también de las autoridades electorales que han transitado por las sospechas de la inferencia real en los resultados electorales.
Se da cause a los nombramientos de los consejeros electorales locales con quienes el INE se coordinará para la organización de los comicios de las distintas entidades federativas, surgen de una amplia convocatoria, pero también de una cuidadosa y transparente selección y elección. En 2014, el INE también adquirió la función de efectuar la organización de la elección interna de los dirigentes de los partidos políticos, además de garantizar la participación de los candidatos independientes que tendrán acceso a los tiempos de televisión y radio de Estado para difundir sus campañas.
Otra obligación que contrae el INE con la reforma de 2014, tiene que ver con el mandato de que se cumpla con un requisito mínimo para organizar las consultas populares que establecen una participación como mínimo del 2% de la lista nominal. Así mismo interviniendo en la organización, incluyendo el cómputo la declaración de resultados.
La lupa
En materia de la responsabilidad de fiscalización, el INE adquiere otra dimensión que se relaciona con el que se haga cargo de lo local fiscalizando los recursos que los partidos reciban y los dispongan en gastos administrativos, de capacitación de cuadros, administración, propaganda, producción y otras modalidades a excepción de la compra de tiempos en radio y televisión cuyo costo corre a cargo de los tiempos fiscales del Estado.
Penden sobre los partidos la sanción de conductas que afecten las condiciones de equidad en las elecciones como exceder el gasto de campaña, en un 5%; comprar tiempo o cobertura informativa en radio y televisión, recibir o utilizar recursos ilícitos o públicos en las campañas.
En México se viven una serie de reformas electorales a partir de 1987 en la que se produce el primer Código Federal Electoral y se produce debido a la presión de las distintas fuerzas políticas de oposición. Seguido de un paquete de reformas como la Reforma Electoral de 1991, de la que surge el Instituto Federal Electoral (IFE), seguida por la Reforma Electoral de 1994, con la que principia la etapa que marca el inicio del proceso de ciudadanización que acompaña la ocupación de los cargos de consejeros electorales en el IFE surgidos de la academia y de las organizaciones civiles.
El proceso de cambios constitucionales y legales se mantiene y da como resultado la Reforma Electoral de 1996, que se destaca, por muchos especialistas como la reforma en la que se aborda con mayor profundidad la materia electoral y es el referente obligado para las elecciones de 1997, 2000, 2003 y 2006. También se aborda la Reforma Electoral de 2007, que en el séptimo apartado, viene a dar respuesta a las asignaturas pendientes de la Reforma de 2006, en la que la elección presidencial presentó una escenario de incertidumbre, pues el conteo rápido del IFE no daba margen de ventaja suficientemente seguro para anunciar a una candidato ganador.
La historia de las reformas empieza en un contexto que anuncia la posibilidad del desbordamiento del descontento social generado por la crisis económica de los 80 y las dificultades del gobierno para administrar el país. En este horizonte se perfilaba imponiéndose la necesidad de identificar un catalizador que podría materializar el reclamo democrático que invadió el universo político mexicano.
Así la arena electoral devino en terreno natural y propicio para encausar la expresión del descontento porque ofrecía la oportunidad de representar la suma de la protesta, lo mismo de los sectores urbanos más individualizados que se encontraron dispersos como una fracción social de mayor representación, que la marginalidad parte dinamizando la protesta reflejada en polarización bipartidista que asumió la lucha electoral a mediados de la década.
De nuevo tocando piso
La vida mexicana es atravesada por el conflicto, la polarización política, la violencia social y criminal, los impactos de la economía en picada, el incremento de la pobreza y como remate una virus que amenaza con el contagio y lleva como estela la detención voluntaria de la economía con sus consecuencias de desempleo y pobreza, además coronados los tiempos por un movimiento sísmico.
Domina un clima de imprudencia y de agitación, ausencia de acuerdos y convocatorias a la reconstrucción, de deconstrucción a la escala inédita, de incertidumbre, de fugas y de trasnominación, de una convocatoria a la deliberación pública cuidadosa, representativa, impositiva y veloz para finalmente no llegar a puerto, caracterizada por el desmantelamiento lo mismo del sistema de salud, educativo, seguridad, migratoria, de defensa de los derechos humanos, combate a la discriminación, política ambiental.
Sobresale una pauta de deconstrucción dominada por la verticalidad y el impulso de la certidumbre en una institucionalidad recién construida y fincada en la autonomía que es permanentemente erosionada y condenada a una representación de corrupción y conservadora, fraudulenta y costosa. Más que una transformación se vive un desmantelamiento de estruendo y golpe seco para el cuál no aparece alternativa.
Un discurso que hace en un principio el presupuesto de la austeridad y denuncia. Los señalamientos de disfuncionalidad o gastos excesivos ponen en la mira a los órganos autónomos en el que con mayores luces y sombras se enfoca al INE, institución para quien se presagia una disección profunda que pueda ponerla en riesgo, lo que conlleva a una nueva reforma electoral promovida en la agenda presidencial en tiempos de crisis de democracia.