Bulmaro Valvidares
No podemos omitir preguntarnos a estas horas de nuestra democracia constitucional ¿Hacia dónde va nuestro régimen político? ¿Cómo se transforma la ruta zigzagueante que identifica hoy a México al interior y como parte del mundo?
¿Cómo las diferencias conceptuales entre el poder judicial y el poder ejecutivo se convirtieron en el principal foco de atención y tensión en la gestión de la Ministra Norma Lucia Piña Hernández? Y… como resultado el debilitamiento y declive del Poder Judicial, generando un conflicto de intereses jurídicos y políticos.
CONSTITUCIONALIDAD
El evento sistémico y disruptivo que estremeció las bases del Poder Judicial no sólo provocó el colapso de dicho poder garante e intérprete de la Constitución, sino que exhibió la ausencia de equilibrios estructurales de los tres poderes.
Simultáneamente, se muestran en el escenario las transformaciones que provocan la llegada al ejecutivo de un liderazgo fuerte y popular fundado en el carisma y la agitación, una mayoría legislativa de perfil popular y grupal con votaciones avasalladoras, la llegada de la primera mujer a la presidencia de la República formada en las filas de la izquierda, un espíritu reformador y el arribo de otra mujer a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sus poco más de 198 años de existencia.
SENDAS
El camino hacia la presidencia del máximo tribunal de la nación hecho por la ministra Norma Lucia Piña Hernández, comenzó en 2022 dentro de un ambiente polarizado, con la descalificación de la candidata y favorita del poder ejecutivo a ocupar el cargo la ministra Yasmin Esquivel Mossa, como si se tratara de un bateador emergente dentro de un partido de béisbol entró la ministra Piña al relevo quedándose con la presidencia, después de tres rondas y con seis votos a favor y cinco en contra.
La que fuera en sus inicios profesora de primaria por la Benemérita Escuela Normal de Maestros, después licenciada en derecho por la UNAM, se convirtió en la primera mujer en romper lo que parecía un inaccesible techo de cristal, ocupando el puesto más importante del Poder Judicial de la Federación.
JUEGO DE ESPEJOS
A la ministra Norma Piña, se le considera una mujer progresista y promotora de los derechos humanos, al mostrar su postura en favor del aborto y el manejo lúdico del cannabis. Durante la presentación de sus lineamientos para el desarrollo institucional del Poder Judicial de la Federación, planteó combatir de forma permanente y frontal a la corrupción, con la prevención y sanción de esta conducta con base en la aplicación de la ley y el marco que brinda el Sistema Nacional Anticorrupción.
En un hecho anecdótico sucedido durante la ceremonia de conmemoración del 106 aniversario de nuestra Carta Magna en febrero de 2023, la ministra presidenta fue tildada de irreverente y criticada por no haberse puesto de pie, ante la llegada del expresidente Andrés Manuel López Obrador y este fue el inicio de una interminable lucha de poder.
PRESAGIOS
Se anunciaba que su permanencia en tan importante puesto no iba a durar demasiado. Los engranajes de la oxidada maquinaria política y judicial se moverían en los márgenes constitucionales desde palacio nacional, con el mismo “modus operandi” utilizado en contra de los organismos autónomos, para acusarla de lo que tanto había prometido combatir corrupción, nepotismo y de nexos con el neoliberalismo, además de ligas con el narcotráfico.
Tenía ante sí, un titular del poder ejecutivo respaldado por un amplio poder popular con reclamos de justicia que desconfiaban y desconocían el Poder Judicial, desfilaron poderosos intereses con nombres y apellidos resguardados en la escudería de acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales, amparos en revisión que eran utilizados por las grandes empresas para defender su estatus.
El reclamo presidencial consistió en la atención a las causas de los desfavorecidos.
EN LA TORMENTA
El año 2024 fomentó la creencia de que se iniciaba una lucha inédita por el poder entre las diferentes instancias que conforman el gobierno, el conflicto entre el poder judicial y el poder ejecutivo en su afán de concentración de facultades, se transformó a instancias del ejecutivo en un combate de argumentos, contraargumentos, datos y contra datos, un ejercicio a contrapelo afectando la organización, estructura y su relación entre estos poderes.
Bajo estas circunstancias, se llevó a cabo el segundo y último informe de la Ministra Norma Piña Hernández, la primera presidenta de un Poder Judicial al que le han cambiado el rostro al haber sido despojado de su independencia y autonomía, entre un discurso de odio y revanchismo.
LA CITA
La mañana del martes diez de diciembre del 2024, entre la nostalgia que envolvía a la ministra presidenta y un dejo de molestia rindió su último informe de labores al frente del Poder Judicial, en un ambiente de tensa calma e incertidumbre por parte de los asistentes sobre el destino de esa gran institución.
En los argumentos vertidos por la presidenta del Poder Judicial, destaca lo siguiente: “La justicia no sólo es una cuestión de leyes y tribunales, es una cuestión de derechos humanos, de equidad, de ética y de dignidad que involucra a todas las autoridades”. Así dio comienzo el último informe de la ministra presidenta presa, abandonada y ajena a una nueva clase política y agrupaciones jurídicas, que se han transformado en lo que siempre han odiado y prometido combatir.
TEMPERATURA
La indignación se hizo presente en su discurso al advertir que los derechos humanos se encuentran en riesgo para los justiciables, ante la inminente aparición de un poder ejecutivo sin límites, doliéndose de las acusaciones de las cuales fue blanco y en su defensa retoma el apotegma de Morelos “Que todo aquel que se queje con justicia, tenga un tribunal que lo ampare, lo proteja y lo defienda contra el fuerte y arbitrario”.
El dolor no solo es de ella, ni de los ministros sensibles o conscientes, sino de todos los que reclaman justicia.
El informe de la ministra Piña, gravitó en torno a la independencia judicial como patrimonio de la humanidad, dentro de un sistema político democrático respetuoso de los derechos humanos, del cual depende la dignidad social como eje rector del sistema político que debiera regir.
Durante cuarenta minutos, la ministra nos condujo una y otra vez por los senderos que caracterizan a los derechos humanos y por las veredas de la interdependencia, progresividad, indivisibilidad y universalidad, características inalienables de tales derechos.
LA INVESTIDURA A PRUEBA
Se le quebraba el espíritu al recordar la larga lucha sin precedentes que enfrentó el Poder Judicial de la Federación durante su corta pero intensa gestión, se mostró dolida e impotente ante una reforma judicial que impactará en la forma de impartir justicia y en los derechos de los ciudadanos.
Y enfatizó: “La reforma judicial no es una historia de vencedores o vencidos; todo demócrata, y con mayor razón, todo servidor público, desea lo mejor para su país.”
En este sentido, la presidenta del Poder Judicial reconoció la necesidad de reformar a dicho órgano del Estado, señalando que las formas y los medios utilizados no eran los adecuados e idóneos, acusando a la actual administración y a la anterior de atacar y asediar a jueces y magistrados, argumentando que los señalamientos vertidos por los otros dos poderes son una clara muestra de intolerancia.
Con rostro desencajado la ministra presidenta recordó las acusaciones y ofensas con las que fueron agredidos los miembros del Poder Judicial, las cuales caían sobre sus personas como si fueran confeti cada que el Máximo Tribunal resolvía sobre casos en los cuales votaban en contra, lo que el poder ejecutivo percibía como un desacato a su proyecto político, tachados de “traidores, corruptos, aliados de minorías rapaces y de la delincuencia organizada y de cuello blanco”, señalados por el diputado Monreal como “la mafia de la toga y el birrete”.
LAS SENTENCIAS
Para finalizar Norma Piña, recordó que este capítulo aún está lejos de terminar, que no se trata de una historia de vencedores y vencidos, ya que es demasiado pronto para sacar conclusiones sobre los efectos de la reforma realizada al poder judicial.
Aseverando que: “El trabajo de cada uno es la mejor voz y lo que hace cada uno en la labor cotidiana por la justicia es su legado, la congruencia, la ética, el trabajo, la perseverancia, la excelencia, la dignidad son y serán la mejor carta de presentación ante el escrutinio de la historia”. Norma Lucia Piña Hernández, Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien pasará a la historia como la primera mujer en ocupar tan honorable cargo jurídico, y como la persona que perdió el Poder Judicial a manos del oficialismo.
En el horizonte se vislumbran tiempos oscuros y de alta incertidumbre política, con la amenaza constante del cambio climático, donde el apotegma de Hegel “el pueblo no está en condiciones de gobernarse así mismo”, toma fuerza dentro del discurso político con el resurgimiento de un Estado paternalista que pretende concentrar todos los poderes en una sola organización política, lo que parece un golpe contundente al artículo 49 de la Carta Magna, el cual es enfático en señalar que no podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación.
La desaparición del Poder Judicial tal y como lo conocemos hoy, es víctima de su silencio y de su propia soberbia y de los errores de sus dirigentes al elegir la senda equivocada del elitismo, alejándose cada vez más de los ciudadanos y de la realidad social del país. Lo que nos lleva a una serie de reflexiones ¿De verdad era necesaria una reforma al Poder Judicial de esa envergadura? ¿Qué oscuros intereses están inmersos detrás de la ya tan hipercomentada reforma?
El ciudadano de a pie ¿Qué sabe realmente sobre el Poder Judicial? ¿Lo conoce e importa que lo conozca? ¿Cómo se han atendido sus demandas de justicia pronta y expedita ¿Existe un verdadero acceso a esa justicia imparcial y gratuita o permanece sorda y ciega ante la necesidad? ¿Está el ciudadano consciente de lo que representa esta reforma?
Con la politización y desmantelamiento del poder judicial, el discurso ciudadano queda estático entre el resplandor y la penumbra de una nueva democracia que los reduce a simples espectadores políticos despojándolos de su mandato popular, minimizados a simples receptores de apoyos sociales: electores.