Para senadoras y senadores de todos los grupos parlamentarios participantes en la mesa de diálogo virtual “Protección del Empleo y del Ingreso de las Familias”, en el que también participaron integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), se coincidió en la instauración de un Acuerdo Nacional para en poner en marcha lo más pronto posible, políticas públicas dirigidas a proteger a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMES), antes y después de la pandemia por COVID-19, a fin de que se puedan mantener los empleos de miles de trabajadoras y trabajadores en el país. Durante la mesa de diálogo virtual, organizado por el CCE, los senadores se pronunciaron por la instauración de un Acuerdo Nacional para que todos los puntos de vista de la sociedad converjan en estrategias certeras para superar la crisis económica.
La senadora Vanessa Rubio Márquez (PRI), sostuvo que México atravesará por la peor crisis económica de su historia, por lo que será importante lograr un gran Acuerdo Nacional para usar todos los recursos que México dispone y poner en marcha buenas políticas públicas. La ex secretaria de Hacienda manifestó que nuestro país arrastra problemas económicos debido a dos problemas estructurales: la falta de confianza para la inversión privada; y la carencia de una estrategia que ayude al crecimiento del país. Advirtió que en ese sentido las respuestas del gobierno han quedado muy cortas. En opinión de Rubio Márquez, las medidas emprendidas por el Banco de México para respuesta a la crisis económica e inyectar liquidez a las MIPyMES para evitar la falta de solvencia en éstas son correctas, sin embargo, hace falta que el gobierno federal tenga mayores aportaciones fiscales. Apuntó que “México tiene con que salir de esta crisis, pero se necesitan las medidas de apoyo fiscal suficientes y responsables”.
Se destaca que el Sen. Damián Zepeda Vidales (PAN), propusiera establecer un Ingreso Único Universal, consistente en una transferencia directa de 3 mil 207 pesos por mes a todos los trabajadores de México, sean formales o informales, mientras dure la emergencia sanitaria. Explicó que cerca de 54 millones de mexicanos forman parte de la Población Económicamente Activa, de las cuales alrededor del 60% se encuentran en la informalidad. Aseguró que con este apoyo se beneficiará a las y los mexicanos que no tienen ingresos en este momento y también a las empresas, ya que permitirá mantener miles de empleos. Indicó que el 54% de las y los trabajadores mexicanos ganan menos de dos salarios mínimos diarios, además, el 73% de la PEA, gana menos de 10 mil 200 pesos mensuales.
En tanto el Sen. Jorge Carlos Ramírez Marín, vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado y miembro de la bancada del PRI, señaló que el programa de reactivación económica presentado por el Presidente de la República, amparará a 20 millones de personas para finales de año. Y agregó que por el contrario la prioridad debe ser, un plan para que cada vez haya menos gente que necesite amparo. Estimó que lo fundamental es la participación de los gobiernos estatales y del sector privado para la reactivación de la economía nacional. Recomendó que se debe dejar de lado las aspiraciones políticas y las ideologías para, en primer lugar, lograr acuerdos locales, y posteriormente llegar a un gran Acuerdo Nacional.
Monreal y su propuesta de ley de arrendamiento
El Sen. Ricardo Monreal Ávila, coordinador del grupo parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), ha sostenido una actividad muy interesante en materia de la presentación de iniciativas de ley que se inicia con la LXIV Legislatura. Así se perfila una interesante reforma en materia de arrendamiento y con motivo de la declaración de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2. La propuesta se liga con el hecho de que la Secretaría de Salud publicara en el DOF el Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria, y se ordena la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, de las actividades no esenciales, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus en la comunidad, para disminuir la carga de enfermedades, sus complicaciones y la muerte en la población residente en el territorio nacional.
El senador propone para el art. 2431, que para los efectos derivados de una declaratoria de emergencia sanitaria emitida por la autoridad competente impiden totalmente al arrendatario el uso o goce de bien o cosa arrendada, las partes podrían acordar la exención o un pago que no exceda la mitad de la renta mensual. El art. 2432 propone que, si los efectos derivados de una declaratoria de emergencia sanitaria emitida por la autoridad competente impiden parcialmente al arrendatario el uso del bien o cosa arrendada, las partes podrán acordar el pago de la mitad y hasta del 75% de la renta mensual. Dicho acuerdo surtirá efecto durante el plazo señalado por la declaratoria.
El confinamiento y las mujeres
En el Senado ha tenido lugar un Cuarto Conversatorio Digital en el que se delibera sobre la situación de las Mujeres y Niñas ante el COVID-19. El encuentro se llevó al cabo a través de medios digitales, y se aseguró que la situación de aislamiento provoca una mayor carga laboral para las mujeres, debido a que además del trabajo remunerado, también deben realizar labores domésticas, educativas y cuidado de personas enfermas.
En opinión de la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Martha Lucía Micher Camarena, la cuarentena tiene un impacto diferenciado en las mujeres, ya que reciben una sobre carga de labores. Sostuvo que es fundamental analizar el trabajo desde casa con perspectiva de género. Explicó que se exige el mismo rendimiento o mayor en sus trabajos, y ante el cierre de escuelas y guarderías, las mujeres son las encargadas de las tareas de educación. Alertó sobre la sobrecarga laboral, el aislamiento social, la crisis económica de las familias y el miedo a contagiarse del virus, obliga a las autoridades a analizar la situación emocional de las mujeres.
Para la Sen. Blanca Estela Piña Gudiño (Morena), el actual problema sanitario, la situación de precariedad social y el escenario de violencia doméstica, afecta la salud mental de las mujeres trabajadoras. Precisó que “las crisis tienen un rostro femenino” porque cuando el ingreso se reduce, son ellas quienes cuidan el dinero; además, educan y procuran el bienestar de las familias. Agregó que durante la pandemia, dedican tiempo al cuidado de personas, actividades educativas, trabajo remunerado y labores domésticas. La situación deviene en un desgaste psicológico que impacta negativamente en la salud emocional y física de mujeres trabajadoras, advirtió.
En la opinión de la Sen. Patricia Mercado (MC), es necesario impulsar una distribución del trabajo con perspectiva de género y generar consciencia social de la “gran labor que realizan las mujeres al interior de los hogares durante esta pandemia”. Comentó que se debe promover la capacitación de mujeres hacía las opciones de empleo y oportunidades que la pandemia esta generando en las nuevas tecnologías y los patrones de consumo.
En tanto Martha Delgado Peralta, subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, precisó que es un momento muy crítico que va a “exacerbar” las desigualdades que las mujeres históricamente padecen. Por tanto “Se debe romper el estereotipo de los roles que las afectan de manera física y emocional”. Refirió que en México las mujeres trabajan 39 horas semanales en las tareas del hogar, frente a las 14 que hacen los hombres; y de los 2.2 millones de personas que se dedican al trabajo doméstico, 90% son mujeres. La pandemia tiene efectos diferenciados en las poblaciones vulnerables, “como los son mujeres y niñas, por eso se debe poner especial atención a su salud mental”. La crisis, puntualizó, nos permitirá replantear muchos temas que tienen que ver con el género.
Roció Mejía, coordinadora del Programa Tandas, aseguró que las mujeres no tienen acceso equitativo al mercado formal de financiamiento. Desde el gobierno se esta trabajando para que las finanzas sean inclusivas y disminuyan la pobreza en los sectores sociales más desfavorecidos. Subrayó que, para el modelo de la Cuarta Transformación, es fundamental la participación de las mujeres. Sólo si tienen acceso a recursos financieros, podrán fortalecer su incorporación al segmento laboral y así disminuir la brecha de desigualdad.
Diagnostico fiscal
Interesante estudio fue presentado por el Sen. Samuel García Sepúlveda (MC). Se trata de un diagnóstico que muestra la condición que guardan 18 estados que son los más afectados por el convenio de coordinación fiscal. García Sepúlveda también presidente de la Comisión de Federalismo difundió el estudio sobre las entidades que reciben un trato injusto al recibir la mitad o menos de lo que aportan al país: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Veracruz. El análisis registra que se trata de estados donde gobiernan diferentes fuerzas políticas y pertenecen a diferentes regiones, no sólo la parte norte es la más afectada.
Para el senador tal situación no se vincula con algún color, con determinada región geográfica y no tiene que ver con norte, sur o centro. Explicó que se trata de una federación abusando de manera centralista de las entidades federativas y no se diga el maltrato a municipios. La propuesta de Movimiento Ciudadano es convocar primero a una convención nacional hacendaria y después cambiar el Convenio Fiscal de un 80% que se queda la federación y reparte 20% a los estados y municipios a un 70-30 o un 60-40, incrementando así el porcentaje de los recursos a las entidades. En dado caso de que no se cumpla con estas demandas y con la crisis económica encima, algunos estados como Nuevo León pueden optar por salir del Pacto Fiscal.
Expresó que se deben buscar alternativas que permitan cobrar el IVA, que es un impuesto local que cedimos hace 40 años. Tenemos que encontrar fondos de proyectos estratégicos que era el Ramo 23 que Andrés Manuel quitó. Dijo que “si aún con la crisis, con la recesión, con las bajas calificaciones de las calificadoras, y con todo esto sigue la cerrazón y siguen tirando nuestro dinero en proyectos faraónicos Nuevo León va a pedir respeto de manera unilateral”.
Para García Sepúlveda “no hay mejor timing que el de ahorita, por los meses en que estamos. Estos meses son el tiempo en que los estados presentan sus proyectos a Hacienda para amalgamarlos y hacer el Presupuesto 2021, que luego el 8 de septiembre el presidente envía a las cámaras, y que tenemos hasta octubre para votar la de Ingresos o hasta diciembre para votar la de Egresos. Si estamos apelando a una Convención Hacendaria es ahora en agosto, o cuando llegue el paquete al Legislativo, el Legislativo debe decir ‘no te voto nada hasta no tener la Convención’ teniendo en cuenta a estados y municipios, entonces tener un paquete fiscal 2021 votado incluyendo esto”.
Convocó a la clase política y en específico a los tesoreros estatales a presentar alternativas para llevar a cabo la Convención Hacendaria.