Claudia Valdés / Javier Ramos
La reciente propuesta impulsada desde la Presidencia de la República para reabrir el debate sobre los derechos de las audiencias pone de relieve la infraestructura mediática existente hoy en día, apuntando a la desaparición de los órganos autónomos de transparencia y acceso a la información. Los tiempos actuales exigen definiciones alineadas con los derechos y garantías fundamentales, especialmente en un contexto marcado por la persecución y el asesinato de periodistas, donde los medios electrónicos, digitales y escritos se reafirman como instrumentos de poder, y apetitosa colonización.
La confrontación de los derechos de las audiencias —como el acceso a información veraz, la pluralidad, la accesibilidad y el derecho de réplica— frente a principios como la libertad de expresión, la independencia editorial y el libre mercado de los medios genera un equilibrio tenso entre la regulación estatal y la autonomía periodística.
En la agenda pública, la Ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión representa una oportunidad clave para consolidar la ciudadanía digital y mediática en México. Asimismo, este debate busca legitimar un sistema institucional que sufre una brutal degradación en diversos ámbitos, tales como la conducción política, los derechos humanos, la seguridad frente a la violencia criminal, la legalidad, la lucha contra el narcotráfico y la pobreza, a lo que agregamos los accesos de un poder central.
Para que este marco legal deje de ser un imperativo abstracto y se convierta en una garantía de la vida cotidiana, es indispensable articular tres caminos estratégicos: pedagogía social, capacidad operativa para canalizar beneficios y una gestión informada sustentada en la arquitectura institucional existente.
En este marco, se recupera en el ideario y la acción política la importancia de la gestión social, que históricamente surgió disociada de la participación pública. Paralelamente resurgió la necesidad de una pedagogía legal en medio de las discusiones sobre la instauración de un nuevo régimen, proceso plasmado en las profundas reformas constitucionales que buscan configurar un Estado social.
Nos topamos con el primer reto: Reducir la brecha entre la ley y la ciudadanía
Consiste en cerrar la brecha entre el texto legal y el conocimiento efectivo de la ciudadanía, bajo la premisa de que para ejercer un derecho es condición indispensable conocerlo. Esto exige la aplicación sistemática de una pedagogía tanto ciudadana como mediática, materializada en una estrategia integral de alfabetización articulada en tres ejes:
- Ley General de Telecomunicaciones y Radiodifusión: Debe explicarse como el marco regulatorio del uso del espectro radioeléctrico y las redes de telecomunicaciones, orientando el servicio público hacia el interés general, la competencia justa y la inclusión digital.
- Derechos de las audiencias: Es preciso difundir que las audiencias de radio y televisión cuentan con prerrogativas concretas, tales como recibir contenidos que respeten los derechos humanos, la equidad de género y el interés superior de la niñez; exigir la diferenciación clara entre información y opinión; y contar con el acceso a defensores de la audiencia.
- Plataformas digitales y el nuevo entorno: La conversación debe trascender los medios tradicionales para conceptualizar el rol de las plataformas digitales como intermediarias de información. Resulta fundamental adaptar la protección de las audiencias a los entornos bajo demanda e internet, siempre desde la perspectiva de los derechos humanos, las garantías constitucionales y el bienestar social.
2. Segundo reto: Soporte técnico e institucional
El reconocimiento normativo de un derecho resulta insuficiente si no existe el soporte técnico, administrativo e institucional para materializar sus beneficios. Garantizar los derechos de las audiencias exige contar con:
- Canales accesibles e independientes: Portales web, atención telefónica y defensorías para interponer quejas, reclamaciones o sugerencias de manera ágil.
- Sistemas de monitoreo e interpretación: Herramientas que permitan evaluar la calidad y pluralidad de las transmisiones. La paradoja actual radica en que la asignación de recursos en materia de comunicación social se resuelve todavía mediante criterios discrecionales o de mercado, entendiendo la información como mercancía y no como un derecho humano. En el espectro radioeléctrico suele ausentarse la diversidad de voces sociales que demandan una pedagogía mediática y cívica orientada al bienestar, priorizando el discurso declaratorio por encima de los temas que construyen ciudadanía en libertad.
- Inclusión en la agenda digital: Implementación de tecnologías accesibles —como subtitulaje oculto, interpretación en Lengua de Señas Mexicana (LSM) y audiodescripción— para asegurar que los beneficios de la ley alcancen plenamente a las personas con discapacidad.
3. Tercer reto: Transparencia y articulación en los tres órdenes de gobierno
El tercer reto exige articular la infraestructura institucional existente en los tres niveles de gobierno para atender las solicitudes y demandas de las audiencias:
- Nivel Federal: Organismos reguladores y dependencias de la administración pública centralizada aportan el marco normativo, la supervisión técnica y los criterios unificados de fiscalización.
- Nivel Local y Municipal: Las radios y canales comunitarios, públicos y universitarios constituyen la primera línea de contacto con la ciudadanía para responder a demandas de representatividad, diversidad cultural e información de proximidad, es indispensable recordar que el poder deviene de un mandato y de la legitimidad de rendición de cuentas.
- Mecanismos de Transparencia: La integración de herramientas de acceso a la información pública permite supervisar la asignación de recursos públicos en concesiones de comunicación y vigilar el cumplimiento de las obligaciones de los concesionarios.
Las contradicciones surgen cuando la inercia de viejos modelos de interacción social impide a los ciudadanos gestionar trámites y obtener respuestas efectivas a sus demandas, al punto de haber debilitado instrumentos fundamentales como el juicio de amparo. Progresivamente se ha omitido que el ejercicio de los derechos humanos está directamente vinculado con los niveles de bienestar, lo que acrecienta la deuda histórica de la democracia.
La reactivación de este debate no debe limitarse a una revisión formal del texto legal, sino orientarse a la construcción de un ecosistema donde la difusión pedagógica, la infraestructura tecnológica y la coordinación intergubernamental funcionen de manera integrada. Solo así se logrará transformar a los espectadores y oyentes en audiencias críticas, activas y capaces de ejercer plenamente sus derechos en la era digital.