Claudia Valdés / Javier Ramos
Dada la trascendencia nacional de la Universidad Nacional Autónoma de México,
los acontecimientos que ocurren en su seno son de interés y responsabilidad colectiva. Dar seguimiento a la trayectoria universitaria implica involucrarse activamente en
la problemática nacional y en la búsqueda de sus posibles soluciones.
El examen de ingreso al ciclo escolar 2026 de la UNAM ofreció múltiples lecturas y puso en el centro del debate el modelo de universidad pública que el país demanda. El enfoque con el que se analice este proceso debe reflejar la realidad nacional y responder a interrogantes fundamentales: ¿contaron los aspirantes con las herramientas necesarias para presentar la prueba en condiciones equitativas?, ¿existió una política de comunicación que acompañara de manera efectiva el desarrollo del examen?, ¿se profundizaron las brechas tecnológicas?, ¿con qué criterios se elaboró la guía de estudio?, ¿qué mecanismos se establecieron para atender las diferencias entre campos del conocimiento?, ¿cómo han enfrentado otras universidades la brecha digital en sus procesos de admisión?, y, sobre todo, ¿estamos ante un escenario de profundas desigualdades territoriales y sociales?
Lo cierto es que 191 306 aspirantes se prepararon desde sus hogares, oficinas, cibercafés o casas de familiares para presentar la evaluación que les permitiría continuar con sus estudios universitarios. El proceso estuvo a cargo de la doctora Patricia Dolores Dávila Aranda, secretaria general de la UNAM, bióloga especializada en sistemática vegetal, biogeografía y conservación de recursos naturales, quien ha desempeñado importantes cargos académicos y administrativos en la institución.
La decisión de realizar el primer examen de admisión en formato predominantemente digital, en lugar del tradicional presencial, se fundamentó en tres argumentos principales. En primer lugar, la escala y la cobertura geográfica: el formato digital eliminaba las barreras de distancia y permitía recolectar datos de manera simultánea de un volumen muy alto de participantes. En segundo lugar, la eficiencia en tiempos y costos: se reducían de forma significativa los desplazamientos, el personal de campo, la infraestructura física y la transcripción manual de información. En tercer lugar, el procesamiento de datos en tiempo real, que aceleraba la toma de decisiones de semanas o meses a días u horas.
Una vez puesto en marcha el proceso, la comunicación institucional ocupó un lugar central. A través del portal de la UNAM se difundieron conferencias de prensa, información de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE), el sitio “Tu Sitio”, boletines de la Dirección General de Comunicación Social (DGCS) y la *Gaceta UNAM*, con el propósito de garantizar transparencia, homogeneidad y reducir la desinformación. Sin embargo, ese objetivo no se alcanzó plenamente. El conmutador institucional (55 5622 2222) no ofreció respuesta efectiva a muchos usuarios, lo que generó la percepción de una resistencia al diálogo público y de fondo, similar a la que se observa en otras dependencias gubernamentales convertidas en espacios de desinformación.
Durante la aplicación del examen se implementaron protocolos de monitoreo de incidencias, transparencia, resguardo y confidencialidad. Después del examen se procesaron los datos, se consolidaron las cifras de aspirantes evaluados y se publicaron los resultados: el puntaje obtenido por cada aspirante, el puntaje mínimo de corte exigido por cada carrera y la condición de asignado o no asignado. El proceso concluyó con la entrega de un reporte individual que detallaba el desempeño por área de conocimiento (Matemáticas, Español, Ciencias, entre otras).
¿Dónde se produjo la fractura y dónde se perdió la fluidez? La experiencia demostró que la innovación tecnológica no es un fin en sí mismo ni equivale automáticamente a la justicia procesal. Vivir la experiencia digital no garantiza, por sí sola, condiciones equitativas para todos los aspirantes. Las diferencias de conectividad, de acceso a equipos adecuados y de acompañamiento institucional generaron distorsiones que no pueden ignorarse.
Frente a este escenario, la UNAM enfrenta el reto de reconstruir la legitimidad de sus procesos de admisión. Cualquier modelo futuro deberá cumplir tres premisas fundamentales: condiciones de estricta equidad para todos los aspirantes, blindaje técnico e institucional de los contenidos y total transparencia pública. La universidad pública debe asegurar que el mérito académico, y no la brecha digital, sea el único factor que determine el ingreso a sus aulas.
Quedan en el camino las luces y sobras del proceso, experiencias que se deben enfrentarse solventado los retos siguientes: con imaginación educativa.
Luces y sombras del proceso: Quedan en el camino las luces y las sombras de esta experiencia. capacidad para movilizar un volumen histórico de aspirantes en un formato remoto, la reducción de costos logísticos, mayor velocidad en el procesamiento de resultados y la entrega de reportes individuales. El ensayo digital demostró que es posible ampliar la cobertura geográfica y acortar tiempos de respuesta administrativa.
“Las sombras, sin embargo, son igual de reveladoras. La comunicación institucional mostró límites claros: la difusión de documentos oficiales no se tradujo en una atención efectiva ni en la contención del ruido mediático.”
A la vista los problemas de conectividad, diferencias abismales en el acceso a equipos y entornos adecuados, y la percepción de que no todos los aspirantes compitieron en igualdad de condiciones.
La innovación tecnológica se impuso como procedimiento, pero no logró traducirse automáticamente en justicia procesal ni en equidad territorial. La fluidez se fracturó precisamente donde la brecha digital se hizo más visible: entre regiones, entre niveles socioeconómicos y entre quienes contaron con acompañamiento técnico y quienes no.
Experiencias que deben enfrentarse y retos por solventar: De esta experiencia se desprenden lecciones que la UNAM no puede eludir. En primer lugar, cualquier esquema digital futuro exige un diagnóstico previo y riguroso de conectividad y condiciones materiales de los aspirantes, no solo de la capacidad tecnológica de la plataforma. En segundo lugar, la política de comunicación debe trascender la publicación de boletines y garantizar canales de atención reales, oportunos y humanos. En tercer lugar, es indispensable un blindaje técnico e institucional de los contenidos y de los mecanismos de evaluación, acompañado de auditorías externas que generen confianza pública.
Los retos siguientes son claros: reconstruir la legitimidad del proceso de admisión, asegurar condiciones de estricta equidad para todos los aspirantes independientemente de su ubicación geográfica o recursos tecnológicos, y hacer de la transparencia un ejercicio cotidiano y no solo declarativo. La universidad pública debe demostrar que el mérito académico —y no la brecha digital— es el único factor que determina el ingreso a sus aulas.
La ruta del proceso de admisión 2026 dejó lecciones claras. Ahora corresponde convertirlas en correcciones estructurales. Ante la controversia generada, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) decidió suspender temporalmente el proceso de inscripción de aspirantes de nuevo ingreso y conformó una comisión técnica especializada para revisar tanto el sistema de evaluación como los resultados obtenidos.
La conclusión de esa revisión es que la UNAM aplicará un examen de control presencial a un grupo de aspirantes del proceso de ingreso a licenciatura 2026. De manera paralela, presentó una denuncia penal para investigar posibles fraudes relacionados con empresas o personas que habrían ofrecido servicios ilícitos para favorecer a algunos sustentantes.
Como medida para garantizar la equidad y la validez del proceso de selección, la universidad determinó aplicar un examen de control 100 % presencial. Esta evaluación estará dirigida a dos grupos específicos:
– Aspirantes que resultaron seleccionados en el examen en línea.
– Aspirantes no seleccionados que obtuvieron calificaciones superiores a los mínimos históricos registrados en convocatorias anteriores.
La UNAM precisó que no se trata de repetir el examen para todos los participantes, sino de un mecanismo extraordinario para verificar los resultados y confirmar que los lugares se asignen de manera justa.
La decisión ha generado preocupación entre miles de estudiantes. Algunos aspirantes que ya habían sido aceptados enfrentan la posibilidad de perder su lugar si no ratifican su desempeño en la nueva evaluación. Otros deberán presentar nuevamente una prueba bajo condiciones de incertidumbre y presión emocional.
Como consecuencia, la universidad también modificó su calendario académico y pospuso el inicio del ciclo escolar para dar margen a la aplicación del examen de control y a la revisión de los casos involucrados.
El caso ha abierto una discusión nacional sobre los desafíos de realizar procesos de admisión de alta relevancia mediante plataformas digitales. Entre los temas más debatidos se encuentran la efectividad de los sistemas de vigilancia remota, los riesgos asociados al uso de inteligencia artificial y la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión y validación.
Mientras continúa el análisis de los resultados y las solicitudes de revisión de los aspirantes, la UNAM sostiene que el examen de control presencial buscará preservar los principios de transparencia, legalidad y equidad que rigen su proceso de admisión.