Emilio Ramos
Agitado clima electoral, lleva la crisis de los servicios públicos, las presiones sobre las finanzas nacionales y el creciente malestar ciudadano obligan a revisar no solamente las decisiones del gobierno, sino las consecuencias de un modelo de ejercicio del poder.
México enfrenta una contradicción que merece una reflexión profunda: mientras el poder político se concentra y el gasto público aumenta en diversos rubros, millones de ciudadanos continúan enfrentando dificultades para acceder a servicios esenciales. La salud, la seguridad, la educación y las oportunidades de desarrollo son responsabilidades fundamentales del Estado. Cuando estas obligaciones no se cumplen, el problema deja de ser exclusivamente administrativo y adquiere una dimensión política, económica y humana.
No basta con ganar elecciones para gobernar bien. Tampoco es suficiente disponer de mayorías legislativas que permitan aprobar presupuestos, reformas y nuevas disposiciones fiscales. La legitimidad de origen que otorgan las urnas debe acompañarse de una legitimidad de ejercicio o gestión, construida mediante resultados, responsabilidad institucional y rendición de cuentas.
La pregunta que hoy debemos formularnos es sencilla, pero incómoda: ¿qué sucede cuando un gobierno acumula poder, pero no consigue traducirlo en mejores condiciones de vida para la población?
Un ejemplo muy claro de esta línea de acción lo constituye la salud, educación seguridad y la alimentación.
La salud: el rostro humano de las decisiones públicas
La situación del sistema público de salud constituye uno de los ejemplos más sensibles de las consecuencias que pueden tener las decisiones gubernamentales.
La desaparición del Seguro Popular, la creación del Instituto de Salud para el Bienestar, su posterior extinción y la transferencia de funciones al IMSS-Bienestar representan una sucesión de transformaciones institucionales que deben evaluarse por sus resultados y no solamente por los argumentos políticos que justificaron su creación.
Las reformas administrativas pueden ser necesarias. Ninguna institución debe considerarse intocable. Pero modificar un sistema de salud representa responsabilidades extraordinarias, porque sus consecuencias recaen directamente sobre personas enfermas, familias vulnerables y trabajadores que diariamente enfrentan las limitaciones de los servicios públicos.
Los testimonios sobre falta de medicamentos, dificultades para recibir tratamientos, insuficiencia de personal y deterioro de instalaciones hospitalarias plantean interrogantes que no pueden responderse únicamente con anuncios o promesas de nuevas inversiones.
Es indispensable conocer la magnitud real de los problemas, distinguir las diferencias entre instituciones y regiones, identificar las causas de las deficiencias y evaluar las medidas adoptadas para corregirlas.
La responsabilidad política no se agota en señalar las fallas de administraciones anteriores. Después de varios años de ejercicio del poder, las autoridades deben explicar qué resultados han conseguido, qué problemas permanecen y cuáles son los compromisos verificables para resolverlos.
Hay una dimensión especialmente grave que no debemos perder de vista: detrás de cada tratamiento interrumpido, de cada cirugía pospuesta y de cada medicamento que no llega oportunamente, existe una persona cuya salud puede deteriorarse y una familia que enfrenta incertidumbre.
La eficacia de un sistema de salud no se mide por el número de instituciones que se crean o desaparecen, sino por su capacidad para atender a quienes lo necesitan.
El desabasto y sus consecuencias económicas
La adquisición y distribución de medicamentos constituye un asunto particularmente complejo porque involucra planeación presupuestal, procedimientos de contratación, cadenas de suministro, capacidad de almacenamiento y mecanismos de distribución.
Cuando alguno de estos componentes falla, las consecuencias pueden extenderse más allá de los hospitales públicos.
La incertidumbre en las compras gubernamentales puede afectar las decisiones de producción, importación e inventarios de las empresas farmacéuticas. Si las necesidades de abastecimiento no se comunican oportunamente o las contrataciones se retrasan, los proveedores enfrentan dificultades para planear sus operaciones.
Esto no significa que cualquier problema de disponibilidad en las farmacias privadas pueda atribuirse automáticamente a las decisiones del gobierno. El mercado farmacéutico responde a múltiples factores nacionales e internacionales. Sin embargo, el peso del sector público como comprador hace indispensable analizar los efectos de sus decisiones sobre el conjunto de la cadena de suministro.
También debe examinarse el costo que enfrentan las familias cuando necesitan adquirir por su cuenta medicamentos que deberían recibir mediante los servicios públicos.
En esos casos, el gasto privado puede convertirse en una carga adicional para hogares que ya contribuyen al financiamiento del sistema mediante impuestos y aportaciones a la seguridad social.
El problema no es únicamente de eficiencia administrativa. Es también de equidad.
Cuando el acceso oportuno a la atención depende cada vez más de la capacidad económica de las familias, se profundizan las desigualdades que las políticas públicas deberían contribuir a reducir.
Deuda pública: ¿cuánto puede sostener el país?
La discusión sobre el endeudamiento público exige superar tanto las explicaciones alarmistas como las justificaciones automáticas.
La deuda no es necesariamente negativa. Puede constituir una herramienta legítima para financiar infraestructura, fortalecer servicios públicos o enfrentar circunstancias extraordinarias.
Lo verdaderamente importante es determinar para qué se contrata, cuáles son sus condiciones, qué beneficios produce y cómo se garantizará su sostenibilidad.
El crecimiento de las obligaciones financieras del Estado adquiere especial relevancia cuando la economía registra un desempeño insuficiente para generar mayores ingresos, empleos productivos e inversión.
La relación entre deuda y producto interno bruto constituye un indicador importante, pero debe interpretarse correctamente. No es lo mismo hablar del saldo total de la deuda pública, del déficit anual o de las necesidades de financiamiento del gobierno. Confundir estos conceptos puede conducir a conclusiones equivocadas.
La discusión presupuestal debe responder preguntas fundamentales: ¿qué proporción de los recursos públicos se destina al servicio de la deuda? ¿Cuánto queda disponible para salud, educación, infraestructura y seguridad? ¿Qué resultados están generando las inversiones financiadas con recursos públicos?
El problema aparece cuando las obligaciones financieras aumentan sin que existan perspectivas suficientes de crecimiento y sin una evaluación rigurosa de la calidad del gasto.
Una economía que crece lentamente enfrenta mayores dificultades para ampliar su recaudación, sostener programas públicos y atender nuevas necesidades sociales.
Por eso, la sostenibilidad financiera no depende exclusivamente de contratar menos deuda. También exige crear condiciones para que el país produzca más, invierta mejor y amplíe sus oportunidades de desarrollo.