Rodolfo Aceves Jiménez*
Las críticas que ha recibido la administración del presidente López Obrador a la respuesta institucional por la crisis del COVID-19 se deben, a que desestimaron las acciones necesarias para interrumpir la cadena de contagio hacia México.
Estas acciones se hubieran traducido en controles sanitarios en los puertos y aeropuertos, es decir, evitar que pacientes contagiados ingresaran a territorio nacional por cualquier vía. Hoy, países como Italia y España están lamentando no haber tomado medidas de este tipo en la también conocida como fase uno de contagio.
También se ha criticado la ausencia de acciones de gobierno, de tal manera, que universidades privadas, gobiernos de los estados y algunas empresas del sector privado han tomado la iniciativa de enviar a sus empleados a trabajar desde casa, ante la ausencia de decisiones de gobierno. Sólo el secretario de Educación salió a medios para anunciar la suspensión de clases a partir del 20 de marzo y hasta el 20 de abril, así como una campaña de lavado de manos en medios.
Hoy el número de personas contagiadas es cerca de los 90, mientras tanto, las autoridades mexicanas subestiman las cualidades de contagio del virus y permiten la realización de conciertos, como el #ViveLatino celebrado hace unos días con una asistencia multitudinaria.
Mientras tanto, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, parece ausente de la toma de decisiones y en su lugar, el subsecretario Hugo López-Gatell es quién aparece ante la opinión pública para dar a conocer las acciones institucionales, algunas se tratan de políticas públicas contenidas en el artículo 184 de la Ley General de Salud, de la que se han omitido algunas acciones, como la inspección sanitaria en puertos y aeropuertos.
Constitucionalmente, además en caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, la Secretaría de Salud tendrá obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables, a reserva de ser después sancionadas por el presidente de la República.
Quién esté aconsejando al presidente de la República seguramente ignora la cualidad global de las cosas, cuanto y más de un agente invisible como un virus, y su capacidad de transmisión y contagio entre los humanos.
Las decisiones nacionales no consideran el movimiento de pasajeros por los aeropuertos del mundo, así como sus redes sociales de convivencia, como factor de transmisión de una enfermedad. Bastan unas doce horas para que un pasajero contagiado se traslade de un lugar del mundo a otro y comenzar el ciclo de transmisión de la enfermedad.
Ante la ausencia de una programación en seguridad nacional de esta administración y de conformidad con lo que dispone el Programa de Seguridad Nacional 2013-2018, la política de Seguridad Nacional es multidimensional, en la medida en que presta atención integral a las vulnerabilidades, los riesgos y las amenazas que impactan directamente sobre el desarrollo del Estado mexicano y la calidad de vida de su población, estableciendo un vínculo entre la seguridad, la defensa y el desarrollo en tres vertientes: humana, político-militar y económico-ambiental.
Aún cuando no esté considerado en la ley de la materia, es un problema de seguridad nacional porque moviliza una gran cantidad de recursos y políticas públicas en materia de salud, laboral, de seguridad y de política económica, para atender la salud de la ciudadanía, así como la economía del país, ante una enfermedad de cura desconocida; además vulnera el tejido social, en el que la ciudadanía es uno de los elementos en la formación del concepto de Estado, al que la seguridad nacional se debe.
Desestimar la crítica, enviar mensajes de burla y confiar la salud a un amuleto, no abonan a la calma y tranquilidad públicas, por el contrario, azuzan el ambiente.
*Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México
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