Energía
Senadores interesados en la modernización de los lineamientos de la política energética, conjuntamente con expertos y académicos emprenden un abierto diálogo y de reflexión sobre la política energética nacional impulsada por la administración actual, en medio de un contexto de transición y cambios geopolíticos en todo el mundo. “La 4T en el nuevo orden energético mundial”, el evento fue organizado por, la senadora Ifigenia Martínez Hernández (Morena), manifestando que el diseño de una eficiente y moderna industria energética requiere que no se abandone el carácter nacional y público en el que se basa nuestro sistema, pues ha significado un motor de crecimiento y desarrollo compartido.
De gran actualizad lo expresado a favor de una política que se debe anteponer, en todo momento, el interés común ante intereses particulares y políticos, pues es necesario que las políticas en la materia incidan directamente en el nivel de vida de los mexicanos. Expuso que estamos inmersos en una coyuntura internacional marcada por nuevos descubrimientos tecnológicos y científicos que obligan a mantenernos a la vanguardia en el desarrollo de políticas energéticas para el cuidado del medio ambiente y la sustentabilidad de nuestros recursos. En los objetivos de los interesados del sector es el fortalecimiento y su modernización del sector energético. Se considera que representa parte del proceso de transformación que el país experimenta a partir del avance del pensamiento crítico de la izquierda progresista.
En opinión de la presidenta de la Comisión de Energía del Senado, Rocío Adriana Abreu Artiñano (Morena), la columna vertebral de la economía nacional es la energía, razón por lo que los cambios geopolíticos inciden directamente en la transformación que la nueva administración emprende en la materia, pues se trata de un tema de seguridad nacional. Puntualizó que las energías limpias no han dejado de crecer en México. Explicó que en ese sentido, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es la empresa que mayor energía limpia produce, con 86 mil 967 gigawatts, lo que significa el 26.7 de su producción y el 55% de la que se consume en el país.
Comentó que el proyecto de la Central Fotovoltaica Puerto Peñasco en Sonora, será la más grande de México representando una generación de mil megawatts, lo que significa iluminar 100 millones de lámparas, beneficiando a cuatro millones de habitantes. Denunció que “la CFE está obligada a comprar a sobreprecio la energía generada por empresas privadas, además de que se prioriza en el mercado y no se contemplan sanciones, lo que ocasiona pérdidas económicas. Por ello, subrayó, es que el Legislativo ha impulsado diversas reformas en la materia.
Javier Jiménez Espriú, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), aseveró que el tema energético es fundamental para el presente y el futuro de México. Además, enfatizó que la subsistencia del planeta está en juego debido al cambio climático, por lo que es necesario impulsar la transición energética y buscar nuevos planes de negocio para la comercialización de materias como el petróleo o el litio.
Ratificación
Una dedicada revisión documental a cargo del Instituto Belisario Domínguez (IBD),produce interesantes resultados como los siguientes: ratificación de nuestro país de diversos tratados internacionales, asumiendo distintas recomendaciones y una serie de jurisprudencias que obligan al Estado mexicano a incorporar la perspectiva de género en la impartición de justicia para identificar el impacto diferenciado que tienen las normas y resoluciones en el ejercicio de los derechos de las mujeres, de acuerdo con una investigación publicada por la Dirección General de Análisis Legislativo del IBD.
Con el trabajo “La mujer ante la justicia. Juzgar con perspectiva de género”, elaborado por la investigadora María Cristina Sánchez Ramírez, explica que este método de análisis implica dictar resoluciones apegadas a las normas legales, al análisis y valoración de las pruebas, pero también alejarse de los estereotipos de género y la discriminación hacia las mujeres, es decir reconocer la desigualdad que existe en las leyes, investigar, resolver y, en su caso, ordenar la reparación del daño todo con una perspectiva de género. Se registra en el documento del IBD, que los juicios con perspectiva de género tienen sustento en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDM) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará).
También se registra que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha dictado fallos que reconocen el derecho de acceso a la justicia en condiciones de igualdad y, en 2013, elaboró el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género. para atender las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ante la gravedad y la sistematicidad de la violencia contra las mujeres en nuestro país.
El documento del IBD revela que, en lo que va de la LXV Legislatura, se han presentado 72 iniciativas en las Cámaras del Congreso de la Unión en materia de juicios con perspectiva de género, nueve de las cuales plantean reformas a la Constitución. Se concluye que el siguiente paso le corresponde a los congresos federal y estatales, para que cuando expidan leyes y normas en cualquier materia se realicen desde la perspectiva de género, en aras de contar con una igualdad formal, desde la cual sea posible implementar políticas públicas que logren disminuir la judicialización de los derechos humanos y, la igualdad esté al alcance de todas las personas, en los aspectos económicos, sociales, laborales, educativos y de salud.
Incremento de sanciones
El Sen. José Erandi Bermúdez Méndez (PAN), presentó una iniciativa cuyo objetivo es incrementar las sanciones para el delito de extorsión. Se considera en el tipo penal si se comete a través de violencia o intimidación, así como el daño moral que se le cause a las víctimas. El ilícito ha persistido en el país desde hace varios años, constituyéndose como un acto en contra de los derechos humanos. Explicó que aún no se actualiza el alcance de este delito, por lo que no incluye el prejuicio moral o psicológico que provoca; además, las sanciones de dos a ocho años de prisión y de 40 a 160 días de multa que contempla el Código Penal Federal, no han sido suficientes para inhibirlo. Propuso reformar el artículo 390 del ordenamiento para imponer de 4 a 16 años de prisión y de 200 a 800 días multa, “al que sin derecho obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro para sí o para otro o causando a alguien un perjuicio patrimonial o moral, con violencia o intimidación”.
Se destacó que la iniciativa, que fue turnada a las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, el legislador consideró necesarias sanciones más severas para la extorsión, ya que las víctimas son forzadas a actuar de determinada forma o entregar algún bien, con base en el temor a que les suceda algo a ellas o a su familia. Se destaca en la iniciativa que lo que afecta no sólo se relaciona con el patrimonio, sino refiere a la tranquilidad y a las relaciones interpersonales, debido a que el miedo generado los obliga a hacer cambios muy drásticos, además que, en muchos casos la psicosis es permanente. Destacó que es con base en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2017.
Derecho de memoria
La Sen. Nestora Salgado García propuso reformar el artículo 1º de la Constitución Política con el fin de incorporar el derecho a la memoria, la verdad y la justicia por hechos del pasado, que hayan sido violatorios de derechos humanos. Comentó que por años en México, tercer lugar desapariciones forzadas, desapariciones cometidas por particulares, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como desplazamientos forzados internos. Explicó que fueron provocados por la falta de efectividad de los gobiernos anteriores para atender y prevenir estos delitos, que aumentaron con el paso de los años hasta generar una crisis de derechos humanos.
Sostuvo que “Lamentablemente, no existía la voluntad política por reconocer esta situación, lo que impidió enfrentarlos con responsabilidad y sensibilidad”. Recordó los lamentables acontecimientos que han marcado la historia de nuestro país: Aguas Blancas, Acteal, Atenco, la Guardería ABC, Ayotzinapa, Tlatlaya, Tanhuato, Nochixtlán, San Fernando. Refrió que en estos casos y en el resto de los asuntos de violaciones a los derechos humanos, resulta de vital importancia encontrar la verdad, para saber lo que realmente pasó en cada uno de ellos y avanzar hacia la búsqueda de justicia para todas las víctimas”.
En la iniciativa, que se analizará en las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera, Salgado García asentó que es fundamental que las personas responsables den cuenta de sus actos ante la ley y la sociedad, se reparen de manera integral los daños a las víctimas y se adopten medidas para prevenir que se repitan. “Los hechos señalados anteriormente han sido emblemáticos, pero también debemos tomar en cuenta a todas las desapariciones forzadas y desapariciones cometidas por particulares que se han perpetrado en nuestro país, las ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.
Jóvenes
En la opinión del Sen. Ricardo Monreal Ávila, México necesita a los jóvenes estudiantes para enfrentar retos como el cambio climático, la desigualdad o la inseguridad pública. Inauguró en el Senado de la República el taller de capacitación en formación política y liderazgo social, dirigido a estudiantes de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM. El senador zacatecano celebró que en los jóvenes haya una efervescencia natural para conocer la vida pública del país, pues se requiere de una nueva generación de servidores públicos y políticos.
Sostuvo que “necesitamos nuevos liderazgos, ya no los liderazgos anquilosados y reciclados que estamos viendo en todas partes. Necesitamos jóvenes que renueven la política y que renueven la esperanza de un México mejor”. Destacó que se emitió una convocatoria abierta para la escuela, y que de los 500 estudiantes que se inscribieron fueron seleccionados 180 alumnos, 50% hombres y 50% mujeres, de manera aleatoria, para tomar la capacitación. Ricardo Monreal dijo a los universitarios que, si su vocación es el servicio público, tienen que aprender que su motivación tiene que ser servir a la gente y el compromiso social con el país. Pidió a los jóvenes a que no tengan temor de debatir, de deliberar y a enfrentarse, con ideas, razones y argumentos, para construir un México más justo.