Rodolfo Aceves Jiménez*
El modelo de Fiscalía que substituyó a la Procuraduría General de la República contenía algunos beneficios.
Por ejemplo, se retiraba la función de procuración de justicia al Ejecutivo y se le otorgaba a un organismo público autónomo, pensando en que sus decisiones estarían alejadas de criterios políticos, entre otros.
Pero persistieron algunas deficiencias que subsisten en la función de procuración de justicia. Por ejemplo, en el diseño institucional de la Fiscalía persiste el modelo de la Procuraduría, se transmitieron viejas prácticas, así como las conductas perniciosas de algunos de sus individuos. También parece que la filosofía para extinguir la impunidad o la corrupción camina lento y sin prisa por sus pasillos. Así parece, por ejemplo, con el caso Ayotzinapa.
El reto del Fiscal Alejandro Gertz Manero era mayúsculo para un hombre con experiencia en política y en el ámbito de la seguridad, habida cuenta de su paso por la Cámara de Diputados, así como en la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública en la administración del expresidente Vicente Fox.
Algunos análisis de la historia de la seguridad mexicana mencionan a Gertz Manero como el que inició el desmantelamiento de los hilos que sostenían la seguridad en el país que había sido, bien o mal, sostenida por las administraciones emanadas del PRI a partir de Ernesto Zedillo y sus antecesores.
Esos hilos en donde el presidente de la República sabía lo que sucedía en cada esquina de todas las calles del país, así como los acuerdos con grupos locales delictivos, las acciones de las policías y los compromisos de sus gobernadores. Hoy se desconoce quién acuerda la seguridad del país.
Por eso es que los escándalos en los que se ha envuelto el Fiscal General además de desacreditar las funciones de la institución de procuración de justicia, demeritan el diseño en el concierto de las instituciones mexicanas en el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
A principio de año Guillermo Sheridan dio cuenta en su columna, que Gertz Manero había plagiado textos de otros autores, faltando al Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
También al Fiscal se le otorgó el nivel III del Sistema Nacional de Investigadores (SIN), sin haber transitado por los otros dos niveles anteriores para tal distinción, en un insulto a la inteligencia de quienes ejercen la docencia o la academia en este país. Pero para tal problema, el Conacyt vino a expiarlo de toda culpa.
Otro de los señalamientos fue por el conflicto de interés en el caso del encarcelamiento en contra de su ex cuñada Laura Morán y su hija Alejandra, a quienes acusa de la muerte de su hermano Federico, cuando en instancias anteriores no se ratificó dicha acusación, así como los audios divulgados en dónde intercambia opiniones con un colaborador, sobre el proyecto de sentencia del caso de su ex cuñada. Posteriormente le siguió el tema de la persecución de los científicos de Conacyt.
En un país en donde la Fiscalía cancela 16 órdenes de aprehensión por el caso Ayotzinapa y en el que la entonces PGR violó el principio de unidad procesal al dispersar el expediente en juzgados del norte, centro y sur del país, que vino a ralentizar las investigaciones y enviando deliberadamente por todo el país, los fragmentos de las investigaciones.