Rodolfo Aceves Jiménez*
Cuando el equipo multinacional de investigadores presentó las conclusiones sobre lo sucedido los días 26 y 27 de septiembre de 2014, con los 43 estudiantes de la Escuela Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa en Guerrero, señalaron entre otras cosas, que la entonces PGR forzó resultados, ocultó información y apresuró conclusiones, cometiendo errores que pusieron en riesgo la identificación de los restos enviados a Austria.
Esta investigación vino a desacreditar la “verdad histórica” del exprocurador Jesús Murillo Karam y como si no fuera suficiente la tragedia, descubrió que la PGR estableció 13 causas penales diferentes, que fueron enviadas a seis juzgados ubicados en Matamoros, Iguala, Cuernavaca, Toluca y Guadalajara; es decir, violando el principio de unidad procesal.
Para confundir aún más y en el apresuramiento por buscar culpables, la PGR acusó a diversos servidores públicos de secuestro y a otros por crimen organizado. Unos eran policías y otros empleados públicos, presuntos integrantes del grupo Guerreros Unidos; es decir, diversidad de delitos, sin una unidad penal. A algunos de ellos los enviaron a compurgar sus penas al penal de Tepic, otro a Jalisco y a “El Cabo Gil” al penal del Altiplano, cuyo proceso se llevaba en el juzgado primero de distrito de procesos penales federales en Matamoros, Tamaulipas.
En esta deliberada división del proceso por todo el país, apareció la sospechosa presencia de Tomás Zerón de Lucio, exdirector de la Agencia Federal de Investigaciones de la PGR, en el lugar de los hechos durante esos fatídicos días, en los que también se localizaron restos óseos. La sospecha de siembra de pruebas recae sobre Zerón.
Haber encarcelado al presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, no fue suficiente; ya que evidenció la ausencia de coordinación entonces, de la Policía Federal, la PGR, el CISEN y el Ejército, con los cuerpos de seguridad municipal y del Estado de Guerrero.
A esta crisis se le sumó la sospecha de legisladores alemanes, quienes encontraron en el Convenio para la Venta de Armas de Alemania a México, el caldo de cultivo ideal para que dicho armamento fuera el cuerpo del delito para materializar los sucesos de Iguala y abriendo la sospecha internacional que algo grave había sucedido.
Esto vino a poner en evidencia las crisis en políticas públicas en diversas materias, como inteligencia, seguridad y, principalmente, derechos humanos. Sacó a la luz pública las redes de delincuencia que tejió el poder político con la delincuencia y cuyo asiento encontró una zona de confort en el gobierno del PRD en Iguala, con la posible complicidad del gobierno de Guerrero del exgobernador Ángel Aguirre Rivero. Se evidenció la nula vigencia y sincronía de la Agenda Nacional de Riesgos, que no pudo prevenir los eventos de Ayotzinapa.
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Es un problema de Estado, porque se dejaron vulnerables los subcampos del poder social, al permitir el estado mexicano que la delincuencia superara, por la causa que haya sido, la capacidad de respuesta instalada para proteger a la ciudadanía.
Hoy la madeja que debería resolver este problema está más enredada. El señalamiento a miembros del Ejército, la sospechosa renuncia de un fiscal y el nombramiento de uno nuevo, no aportan las certezas necesarias para cumplir una promesa de campaña del presidente, desvanecer un agravio para la sociedad mexicana, reivindicar los derechos humanos, cuyas causas potencializan la impunidad en México.