Rodolfo Aceves Jiménez*
En fechas recientes se supo de las deficiencias en la operación aérea del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICDMX) que afortunadamente no tuvo consecuencias que lamentar.
Se trató de la maniobra de aproximación de un vuelo de Volaris, cuando en la misma pista se encontraba otra nave de esa misma compañía, cuyas naves pasaron a unas decenas de metros de distancia una de la otra.
Poco a poco fueron saliendo a la luz las hipótesis sobre esos sucesos. Falta de experiencia en los controladores de vuelo, obsolescencia y falta de actualización en los equipos de la torre de control, la ausencia de autoridad en el sector que pudo haber causado la renuncia del director del Servicio a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM).
Hoy fue el AICDMX pero se desconoce si alguno de los aeropuertos que integran la red aeroportuaria mexicana también presenta esta problemática. Es muy posible que así sea.
Esta crisis en las operaciones del AICDMX pareciera el traje perfecto para utilizar los servicios del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), por ahora utilizado a su mínima expresión.
Pero cabe la posibilidad que esta crisis en el sector aéreo mexicano sea el detonante para que el gobierno mexicano haya aprovechado y decidido la cancelación del espacio en el hangar del Aeropuerto de Toluca de un avión que ocupaba la DEA en operaciones contra el narcotráfico.
Tanto los incidentes en el AICDMX como las decisiones subsecuentes son disposiciones de políticas públicas y coyunturales que afectan el buen desarrollo del sector aéreo mexicano.
Hay un actor que se encuentra expectante de estos sucesos. Las Fuerzas Armadas. Y es que en el último día del periodo ordinario de sesiones de las Cámaras de Congreso el Ejecutivo Federal envió la iniciativa que crea la Ley para la Protección de la Seguridad Aérea.
El objeto de esta norma se ciñe a la vigilancia del espacio aéreo mexicano, con los recursos existentes del SENEAM y de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM).
No obstante la crisis del sector aéreo que exhibe deficiencias en el sector civil podría ser aprovechadas por el sector militar para que la FAM actualice el equipo e instalaciones para la vigilancia del espacio aéreo mexicano de la delincuencia.
La mayoría de la flota aérea con que cuenta la FAM es para transporte de carga o personal y no más de una decena de aeronaves son aptas para la persecución, y en su caso, el combate aéreo con los aviones F-5 que hoy en día son aviones casi obsoletos, debido a la nueva tecnología en aeronáutica militar existente.
Lo mismo sucede con las instalaciones en tierra cuya obsolescencia hace necesaria su actualización.
En síntesis, la crisis del sector aéreo mexicano va más allá de la renuncia de un director general y se ciñe a la actualización de equipo y al debido ejercicio de las normas de la materia para evitar un accidente de fatales consecuencias.
*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México
Correo electrónico: [email protected]
Twitter: @racevesj