Claudia Valdés / Javier Ramos
Entre los relámpagos de agosto
El inicio del nuevo periodo ordinario de sesiones de la LXVI Legislatura ocurre en un contexto excepcional. Por un lado, existe una consolidación política del proyecto encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Por otro, persisten problemas históricos que siguen condicionando la gobernabilidad: violencia criminal, corrupción, impunidad, polarización y desconfianza institucional. Pavimentan la ruta.
El consenso parlamentario alcanzado para integrar la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados mostró que las fuerzas políticas son capaces de construir acuerdos cuando está en juego la operación cotidiana del poder. Sin embargo, la verdadera pregunta es si esa capacidad de negociación será utilizada para enfrentar los problemas estructurales que afectan a millones de ciudadanos.
La contradicción resulta evidente: mientras el sistema político demuestra eficacia para organizarse internamente, el país continúa enfrentando enormes dificultades para garantizar seguridad, justicia y certeza jurídica.
Se reafirma la seguridad: asignatura pendiente
La violencia sigue siendo el principal desafío nacional.
A pesar de los esfuerzos institucionales de los últimos años, amplias regiones del país continúan afectadas por la presencia de grupos del crimen organizado que disputan territorios, rutas comerciales y espacios de influencia política.
La problemática ya no se limita al narcotráfico. La extorsión, el cobro de piso, el secuestro, la trata de personas y el reclutamiento forzado de jóvenes han ampliado la capacidad de control social de las organizaciones criminales.
Más preocupante aún resulta la percepción de impunidad.
Cuando la mayoría de los delitos no concluyen en una sentencia firme, la ciudadanía recibe un mensaje devastador: el Estado posee capacidades limitadas para garantizar justicia. Esta situación erosiona la confianza en las instituciones y fortalece la sensación de vulnerabilidad colectiva.
La inseguridad no sólo genera víctimas directas. También inhibe inversiones, limita el desarrollo regional y profundiza las desigualdades sociales.
En la problemática estructural
La impunidad y la corrupción representan quizás los principales obstáculos para la consolidación del Estado de derecho.
Cada cambio de gobierno suele venir acompañado de nuevas promesas de combate a la corrupción y fortalecimiento institucional. Sin embargo, los resultados frecuentemente avanzan a una velocidad menor que las expectativas ciudadanas.
La creación de nuevas estructuras administrativas, el fortalecimiento de organismos fiscalizadores o el rediseño de mecanismos de transparencia no necesariamente garantizan una mejora automática en la procuración de justicia. Hoy la SABG deja de atender más del 94% de solicitudes.
El desafío es mucho más profundo.
“La impunidad se encuentra relacionada con capacidades de investigación criminal, autonomía institucional, profesionalización ministerial, coordinación intergubernamental y voluntad política para aplicar la ley sin excepciones.”
En este contexto, las expectativas sobre la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, así como sobre la fiscalía general de la República, adquieren especial relevancia.
La sociedad demanda algo más que pases de revisión: exige resultados verificables.
Reflexiones
La política mexicana atraviesa una etapa de alta confrontación discursiva.
Los debates sobre las reformas institucionales, el Poder Judicial, los organismos autónomos, la seguridad pública o la política económica suelen desarrollarse en términos absolutos: apoyo o rechazo totales.
Esta dinámica dificulta la construcción de consensos.
La polarización genera incentivos para privilegiar la confrontación sobre la deliberación, la movilización electoral sobre la búsqueda de acuerdos y la rentabilidad política inmediata sobre las soluciones de largo plazo.
Mientras tanto, la oposición enfrenta un proceso de redefinición y reorganización, mientras que el partido gobernante debe administrar las tensiones derivadas de su propia expansión política.
La gobernabilidad futura dependerá en gran medida de la capacidad de las instituciones para procesar estas diferencias sin comprometer la estabilidad democrática.
Paisaje económico
En materia económica, México se encuentra ante una coyuntura singular.
El fenómeno del nearshoring ha colocado al país en una posición estratégica dentro de las cadenas globales de suministro. La cercanía geográfica con Estados Unidos y la integración productiva de América del Norte ofrecen oportunidades históricas para atraer inversión, generar empleo y fortalecer la capacidad industrial.
Sin embargo, estas oportunidades enfrentan obstáculos importantes.
La disponibilidad de energía, el acceso al agua, la seguridad pública, la infraestructura logística y la certeza regulatoria serán factores determinantes para consolidar o desperdiciar esta ventaja competitiva.
A la suma se demanda una disciplina fiscal compatible con los compromisos sociales asumidos por el gobierno.
El análisis del paquete económico adquiere así una relevancia estratégica. Las decisiones presupuestales no sólo definirán el funcionamiento administrativo del Estado, sino también la capacidad de responder a escenarios internacionales adversos.
El Congreso ante una responsabilidad histórica
La instalación del nuevo periodo legislativo representa una oportunidad para definir prioridades nacionales.
La discusión del Segundo Informe de Gobierno, el análisis presupuestal y la preparación de los próximos procesos electorales marcarán la agenda inmediata.
No obstante, el reto de fondo consiste en evitar que el calendario político desplace los problemas estructurales.
La ciudadanía espera respuestas sobre seguridad, justicia, crecimiento económico, educación, combate a la corrupción y fortalecimiento institucional. Son temas cuya solución requiere continuidad, acuerdos y visión de Estado.
Conclusión: entre la gobernabilidad y la transformación pendiente
México entra en una etapa decisiva.
La estabilidad política que hoy exhiben las instituciones puede convertirse en una plataforma para impulsar reformas profundas o, por el contrario, en una simple administración de las tensiones existentes.
La pregunta central no es si los actores políticos son capaces de alcanzar acuerdos. El consenso legislativo reciente demuestra que sí lo son.
La verdadera interrogante es si esa capacidad será utilizada para enfrentar los problemas que más preocupan a la sociedad: la inseguridad, la impunidad, la corrupción, la desigualdad y la incertidumbre económica.
Como en la obra de Ibargüengoitia, los relámpagos anuncian cambios. La diferencia es que, en el México contemporáneo, los fenómenos que se avecinan no pertenecen a la ficción. Definirán las condiciones de gobernabilidad, desarrollo y cohesión social durante la próxima década.