Herramienta de democracia directa
Se consumó la primera Consulta Popular o Ciudadana Constitucional. Se dejan atrás las consultas a mano alzada a forma de recabar la postura del pueblo como fue el caso de la desaparición del Aeropuerto de Texcoco y la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía.
Para unos la Consulta es un éxito no obstante de que participaron en el proceso menos de un 7% de un Padrón Electoral de 93 millones de mexicanos, para otros representa un fracaso por el número de participantes, sin embargo, se va perdiendo de vista que la Consulta se consolida como derecho político de ciudadanos y ciudadanas, de participación directa en la vida pública del país.
La disputa política en un país en el que por primera vez se celebra una Consulta Popular en la que participan siete millones de personas pone de canto la moneda, brindado testimonio de un país en el cambio y cruzando entre dos proyectos de gobierno, también evidenciando la posibilidad de acuerdos cristalizados en procesos institucionalizados colgados de la voluntad de las partes.
Se armó la polémica que pobló las redes sociales, transparentó el conflicto y delineó la lucha de posiciones que llaman la atención por su reducida flexibilidad y extrema diferencia sin posibilidades de conciliación.
Resalta en el escenario que en la opinión tanto del presidente López Obrador y el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) Lorenzo Córdova Vianello, coincidan en que el ejercicio político estrenado resultó un éxito y un avance de la democracia mexicana.
Desde todos los ángulos gana la democracia, pero mantiene el déficit de la comunicación e información social y política que desde un inicio va a la deriva de la confusión de los contenidos varios de la acción racional comunicativa con la pregunta que estuvo a cargo de la pluma del Poder Judicial de la Federación, cuyo contenido no se puede disociar de la figura de su ministro presidente Arturo Zaldivar Lelo de Larrea y pone de entrada en cuestionamiento el sistema de división de Poderes y su autonomía.
¿Cuáles fueron los objetivos y el meollo de la Consulta ¿Hacer justicia revolucionaria? ¿Es un juicio a los expresidentes surgidos en la alternancia? ¿Esperan los ciudadanos y ciudadanas con esos juicios en la plaza pública devoluciones de recursos y castigos ejemplares? ¿Estamos frente a un evento democrático para promover la impartición de justicia y la supremacía de la legalidad y sancionar la corrupción?
No obstante de los objetivos que no parecen ser muy claros, la Consulta Popular a cargo de la organización del Instituto, a 55 días de haber organizado la elección calificada como la más grandes de la historia en el que estuvieron en juego gubernaturas, congresos locales, presidencias municipales y diputados federales, cumple con holgura, y con el éxito de inició como afirmó el presidente del INE, que sólo con 500 millones de pesos instaló cerca de 55 mil mesas de recepción en la que colaboraron más de 230 mil ciudadanos y ciudadanas.
Hay dos momentos importantes en la ruta de la primera celebración de una Consulta Popular que tiene su ruta en la Constitución y va acompasada con la revocación de mandato en un horizonte político a cargo del presidente de la República y en otro, el técnico a cargo del INE, al que esperan cambios estructurales.
El punto de partida es el 35 constitucional que mandata al INE a promover la participación de los ciudadanos y ciudadanas en las consultas populares, convirtiéndole en la única instancia a cargo de la difusión de las mismas. Se establece que “La promoción deberá ser imparcial y de ninguna manera podrá estar dirigida a influir en las preferencias de la ciudadanía, sino que deberá enfocarse en promover la discusión informada y la reflexión de los ciudadanos”.
Desde la norma constitucional se cierra el paso a otras intervenciones cuando se establece que “Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión de los ciudadanos sobre las consultas populares”.
Además, se precisa que “Durante el tiempo que comprende el proceso de consulta popular, desde la convocatoria y hasta la conclusión de la jornada, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno, salvo aquellas que tengan como fin difundir campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a los servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.
Y se determina para la celebración de las consultas populares que el INE convoque a su realización y que se realizarán el primer domingo de agosto. Desde la Constitución el Instituto se ve confinado en un tiempo determinado y condicionado también por un Presupuesto adicional que le fue negado por la Cámara de Diputados.
En opinión de los estudios elaborados por Integralia los riesgos de la Consulta Popular se ubican en que se podrá presentar en los próximos años de la Presidencia de López Obrador un gran activismo en los ejercicios de democracia directa. En otra gaceta se prevé que la Consulta Popular puede utilizarse como mecanismo para cohesionar y fortalecer su base electoral dura, herramienta de reversión para reformas estructurales; reforzar un presidente personalista, a favor de determinadas reformas constitucionales y leyes reglamentarias.
No queda duda que hoy ciudadanos y ciudadanas tendrán que familiarizarse con los procesos de la elaboración de las reformas constitucionales, construcción o modificación de leyes secundarias y reglamentos. Muchos de estos procesos legislativos resultan clave en una nueva realidad democrática en tanto se vienen convirtiendo en las avanzadas de los derechos humanos, sociales y políticos que deben garantizarse y son exigibles, además colocan en la lupa lo mismo a las dos Cámaras del Congreso de la Unión, a los congresos estatales, al Poder Ejecutivo Federal y al Poder Judicial de la Federación.
El cambio es un hecho y exige el que todos debemos estar pendientes de revisar, analizar y buscar mecanismos de participación, cumplimiento con la participación democrática o convenir con utilizar herramientas de impugnación.