Se alista la Cámara de Diputados para enfrentar al Coronavirus, la diputada Laura Rojas Hernández, presidenta de la Mesa Directiva, anunció las medidas acordadas para evitar el contagio ante la declaratoria del Covid-19 como pandemia, por parte de la Organización Mundial de la Salud. Para la inminente transición de la Fase 1 a las siguientes etapas de la expansión del virus en el país, en la Cámara de Diputados: se suspenden, las visitas de cualquier tipo, hasta nuevo aviso. Igualmente quedan suspendido los eventos que no sean exclusivamente de carácter legislativo, como foros, presentaciones de libros, exposiciones de entidades federativas.
Se propone mayor eficiencia en los trabajos del pleno, privilegiando la aprobación de dictámenes y estableciendo una hora máxima de duración. Se solicitó a todos los grupos parlamentarios reducir al mínimo la presencia de asesores en las reuniones de la Mesa Directiva, de la Junta de Coordinación Política, las sesiones del pleno y de las comisiones legislativas. Así como la implementación de procedimientos de trabajo a distancia y que privilegien las reuniones presenciales sólo en los casos en que esté prevista la votación de dictámenes.
Quedó cancelado el uso de los lectores de huella digital para el acceso al pleno. Se reserva la identificación al uso del PIN o la credencial que acredita a legisladores. Quedan habilitados brigadistas de Protección Civil en cada área de la Cámara de Diputados y en los grupos parlamentarios, para que permanentemente recuerden la importancia de implementar las medidas personales de prevención, como: lavarse las manos constantemente, no saludar de mano, de beso o abrazar y quedarse en casa ante cualquier síntoma de enfermedad.
Fue solicitado el apoyo de las autoridades sanitarias correspondientes para que envíen un consultorio móvil para que aumente la capacidad de revisión médica del personal y se implementará el protocolo de detección, aislamiento, atención y traslado de personas que presenten síntomas. Se implementarán medidas que habiliten el trabajo a distancia del personal de la Cámara de Diputados cuyas funciones lo permitan.
Atendiendo las fases posteriores, se suspenderán las actividades del Cendi y gacilata a madres y/o padres de las niñas y los niños, de facilidades laborales durante el tiempo que dure el eventual cierre. Se anunció que la Mesa Directiva dará puntual seguimiento a la implementación de estas medidas y solicitará a las áreas responsables de la misma, un informe semanal que se hará del conocimiento de los grupos parlamentarios. Se destaca la tendencia con las medidas, el propósito de recordar la importancia de que “en nuestra vida cotidiana adoptemos las medidas de prevención, porque ésa es la forma más efectiva para evitar la propagación del virus”, sostuvo la Dip. Laura Rojas.
Grupo de Trabajo
Quedó integrado el Grupo de Trabajo para el Análisis del Delito de Feminicidio conformado por 12 diputadas y diputados, quienes se coordinarán con la Fiscalía General de la República (FGR), para definir la ruta a seguir en la tipificación de ese delito. Se documentan datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) que documentó que en 2018 se registraron 3 mil 752 homicidios de mujeres, que es la cifra más alta registrado en los últimos 29 años, lo que en promedio significa la muerte de 10 mujeres diariamente por agresiones intencionales.
La propuesta surgió de la reunión que diputadas de distintos grupos parlamentarios tuvieron con el Fiscal General, Alejandro Gertz Manero, el pasado 11 de febrero, en donde, se expuso la necesidad de homologar el tipo penal del feminicidio en todas las entidades del país. La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Laura Angélica Rojas Hernández, destacó la integración del grupo de trabajo con la fiscalía, reconoció la importancia de contar con dicho análisis que puede concluir en una reforma o no al tipo penal. Agregó que hay que fortalecer el tipo penal, también apostar por una política integral, eficaz y pronta para prevenir los feminicidios.
Se anunció la integración del grupo encabezado por la presidenta de la Comisión de Justicia, Pilar Ortega Martínez, y conformado por diputadas y diputados de dicha comisión, además de las presidentas de las comisiones de Igualdad de Género, Wendy Briceño Zuloaga, y de Puntos Constitucionales, Aleida Alavez Ruiz. La Dip. Laura Rojas, sostuvo que dicho grupo de trabajo contará con su respaldo y acompañamiento. El grupo de trabajo lo integran además de las presidentas de las Comisiones, las diputadas Lorena Villavicencio Ayala (Morena), coordinadora de la Subcomisión de Atención a Feminicidios; Mariana Dunyaska García Rojas (PAN); Mariana Rodríguez Mier y Terán (PRI); Ana Ruth García Grande (PT); Juan Carlos Villarreal Salazar (MC); Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina (PES); Marco Antonio Gómez Alcántar (PVEM) y Verónica Juárez Piña (PRD).
Igualdad entre Mujeres y Hombres
Con 323 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, en la Cámara de Diputado se aprobaron reformas a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Se precisa como objetivo en la política nacional el establecimiento de acciones promotoras de la igualdad entre mujeres y hombres, la erradicación de la violencia de género y cualquier forma de discriminación de género. Se trata de reformas a los artículos 17, 19, 33 y 38, buscando que en los instrumentos de la política de igualdad se consideren indicadores específicos que permitan evaluar la incidencia de los programas presupuestarios en la materia, la erradicación de la violencia de género y su desarrollo en la sociedad. Los cambios fueron remitidos al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
Igualmente se promueven acciones para que las autoridades consideren recursos en sus respectivos presupuestos para la atención de carencias y necesidades de las mujeres que encabezan una familia. En cuanto a los artículos transitorios contemplan las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente decreto, que se cubrirán con cargo al presupuesto aprobado a las dependencias y entidades para los ejercicios fiscales de cada año y, las entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México.
Se apunta a la necesidad de modificar las circunstancias que impiden a las mujeres el pleno ejercicio de sus derechos. Queda la fundamentación del dictamen a cargo de la Dip. Verónica María Sobrado Rodríguez, secretaria de la Comisión de Igualdad de Género, que destacó que hoy día, resulta indispensable generar acciones coordinadas, contundentes, eficaces e inmediatas contra la grave ola de violencia que viven as mujeres y las niñas en el país. Precisó que con los cambios se generan acciones afirmativas que contribuyen directamente en la modificación de los patrones de discriminación que aún se observan en todas las esferas de la vida. Se reconoce la realidad que determina que para alcanzar la igualdad sustantiva, es necesario modificar las circunstancias que impiden a las mujeres el pleno ejercicio de sus derechos y el acceso equitativo a las oportunidades.
En los posicionamientos de los grupos parlamentarios, están el de la Dip. Mª Guadalupe Almaguer Pardo (PRD), que se remitió a datos de la Encuesta Nacional de Hogares en México destacando que la jefa de familia es mujer con un incremento 28.5% en 2017, en 2014 era de 27.2%. Subrayó que la política de igualdad entre hombres y mujeres requiere de una reflexión colectiva que promueva parámetros mínimos sobre la observancia, por lo que es importante que los tres niveles de gobierno registren un monitoreo, seguimiento y evaluación del impacto de la política.
Al respecto la Dip. Zulma Espinoza Mata (PVEM), dijo que el dictamen retoma un punto fino para la implementación de políticas públicas indispensables para lograr la igualdad sustantiva. Indicó que la reforma plantea incluir en la ley, la generación de indicadores específicos que permitan evaluar la incidencia de los programas presupuestarios en la igualdad entre mujeres, la erradicación de la violencia de género y su condición en la familia.
Para la Dip. Nayeli Salvatori Bojalil (PES), es necesaria una política efectiva de desarrollo social dirigida a las jefas de familia, ya que se requiere de más equidad, respeto a los apoyos y programas gubernamentales dirigidos a las mujeres que se encuentran al frente de una familia, “necesitamos salarios justos, tratos justos y, sobre todo, una vida justa”. La Dip. Ana Priscila González García (MC), planteó que el Poder Legislativo debe impulsar una política social de género, garantizando las condiciones mínimas de bienestar; convino en que es fundamental tener instrumentos, metodología e indicadores de la política de igualdad que contribuyan a eliminar carencias y necesidades de mujeres que encabezan una familia.
La Dip. Martha Huerta Hernández (PT), consideró que el momento político y social debe aprovecharse para avanzar hacia una igualdad efectiva entre hombres y mujeres. La Dip. Anilú Ingram Vallines (PRI), mencionó que con esta reforma las jefas de familia serán beneficiadas con programas que mejoren su ingreso, porque los tres órdenes de gobierno estarán obligados a asignar recursos en programas dirigidos a ellas; además, se tendrá el marco jurídico para que el Poder Ejecutivo de los municipios, estados y federación “hagan las cosas bien, de raíz y de verdad”.
Jacquelina Martínez Juárez (PAN), comentó que están a favor del dictamen porque las reformas harán efectivos y reales los derechos de las mujeres; además coadyuvan a edificar una sociedad menos violenta y más justa. Para Merary Villegas Sánchez (Morena), señaló que para alcanzar la igualdad sustantiva se debe garantizar que las mujeres tengan la oportunidad de desarrollarse en el ámbito económico, político, social, cultural y familiar. Se demandan apoyos “a las mujeres jefas de familia, que incentiven su desarrollo a efecto de erradicar los ciclos de pobreza en los que muchas se encuentran inmersas”.
Contaminación marina
Para aquellos grupos preocupados por la contaminación marina se informa que la Cámara de Diputados aprobó con 297 votos a favor, uno en contra y cero abstenciones, el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas para evitar su contaminación. La finalidad de la reforma es proteger el medio marino y controlar las fuentes de contaminación del mar por vertimiento de desechos. Según datos de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), México tiene 11 mil kilómetros de litoral y dispone de una superficie de tres millones de kilómetros cuadrados de superficie marítima.
Destacan en el dictamen disposiciones de ley no aplicadas a la evacuación o almacenamiento de desechos u otros materiales que resulten directamente de la exploración, explotación y consiguiente tratamiento mar adentro de recursos minerales del lecho o subsuelo marino, o que estén relacionadas con dichas actividades. Excepto cuando las materias o desechos que por sus dimensiones y características representen un impacto ambiental adverso al medio ambiente marino, en cuyo caso, en aplicación del principio precautorio en materia ambiental, la autoridad competente, antes de autorizar la evacuación o el almacenamiento en zonas marinas mexicanas deberá contar con la opinión favorable de la Secretaría de Marina (Semar), respecto a lo previsto en las normas oficiales.
Resalta que para otorgar el permiso de vertimiento, la Semar requerirá que el material se considere de dragado; fangos cloacales; desechos de pescado o materiales resultantes de las operaciones de elaboración de pescado; buques, plataformas u otras construcciones en el mar; materiales geológicos inorgánicos inertes y orgánicos de origen natural.