Clara Jusidman
Datos recientemente publicados por Latinbarómetro obtenidos en el último trimestre de 2020, encuentran para México una caída en 10 puntos del apoyo de la población a la democracia donde pasó de 48 puntos a sólo 38%, entre 2016 y 2017. Ese indicador tuvo una recuperación de 5 puntos en 2020. Es decir, 43% aún cree en la democracia.
El nivel más alto alcanzado por ese apoyo en México se observó en 2002, segundo año de la administración de Fox, donde llegó a 63 puntos. Perdimos 20 puntos, en 18 años de gobiernos de alternancia política, de 63 pasamos a sólo 43. México nunca llegó a tener niveles de 80 por ciento como Costa Rica y Uruguay, países con una importante tradición democrática y menores niveles de desigualdad.
Adicionalmente en nuestro país a 26% de la población le da lo mismo un régimen democrático que uno no democrático y 22% opina que un gobierno autoritario puede ser preferible.
Una pregunta pertinente es por qué hay tal desafección a la democracia en nuestro país. Examinemos algunas de las causas de tal situación.
Si bien se avanzó en materia de democracia representativa, al crearse un instituto autónomo encargado de organizar las elecciones, se actualizaron los marcos legales electorales y se logró que la ciudadanía tuviera confianza en el ejercicio de su voto, no se logró que ese cambio político se reflejara en el bienestar de las personas.
Al cambio político, no siguió un cambio en la política económica. Hasta la fecha, muchos de los postulados del neoliberalismo siguen vigentes: baja captación de impuestos, austeridad y reducción del aparato institucional del gobierno, equilibrio en las finanzas públicas, reducida tasa de inversión pública, entre otros aspectos.
También se falló en promover y lograr una Reforma del Estado que modificara los marcos legales y la organización de los poderes heredados de los gobiernos priistas, de manera que hubiera mayores contrapesos al poder presidencial o se transitara a un régimen parlamentario. El gobierno de Fox se negó a poner en práctica un proyecto de Reforma que fue conducido por Porfirio Muñoz Ledo con la participación de más de 200 personas. Se perdió una oportunidad irrepetible.
El deterioro de los servicios públicos sociales
Asimismo, continuó la pérdida de capacidades del Estado para proveer bienes y servicios públicos suficientes y de calidad para atender las necesidades básicas de una población históricamente empobrecida. Se mantuvieron asignaciones presupuestales insuficientes que perduran hasta la fecha, para la educación, la salud, la vivienda, los servicios de agua y energía, la urbanización, el transporte, la seguridad y el acceso a la justicia. Esto fue acompañado de la privatización y subrogación de muchos de esos servicios como parte del modelo neoliberal.
Se dejaron deteriorar instalaciones y servicios, no se distribuyeron lo necesario en el territorio para atender la demanda de una creciente población. Las retribuciones, las formas de contratación y el reconocimiento al personal ocupado en esos servicios se fueron precarizando; maestras, policías, enfermeras, médicos, ingenieros, arquitectos adscritos a los servicios públicos, experimentaron una caída en sus niveles de vida. Se fue perdiendo el sentido del servicio a la comunidad. Trabajar en el servicio público se volvió un estigma.
Para un número importante de familias acudir actualmente a la educación o a servicios públicos de salud, los ven como un peligro, recuerdan malas experiencias, prefieren no hacerlo e incurrir en gastos de bolsillo cuando pueden; para otros les significa una pérdida de estatus social, muchos más ni siquiera acceden a esos servicios por su lejanía. Es un lastre cultural que nos deja la política neoliberal difícil de remontar en poco tiempo, es decir, recuperar la confianza en los servicios proporcionados por el Estado. Antes de los años 80 del siglo pasado varias generaciones recibieron una educación pública de calidad; incluso, personas con nivel económico alto y sin ser derechohabientes, buscaban ser atendidas por los entonces excelentes servicios de la seguridad social y de los institutos de salud del tercer nivel.
Con datos de la OCDE el gasto gubernamental per cápita en salud en México en 2020 fue de sólo 607 dólares, ubicándose entre los cinco más bajos observados. Costa Rica asignó 1,183 dólares, Colombia 989 y Turquía 987. Estados Unidos tiene el mayor gasto per cápita en este rubro 9,054 dólares, le siguen Noruega y Alemania con alrededor de 5,800 dólares. (https://www.oecd.org/centrodemexico/estadisticas/gastoensalud.htm)
Este deterioro intencionado de las capacidades del Estado para proveer servicios públicos de calidad y suficientes se hizo evidente con la actual pandemia: instalaciones públicas de salud mal distribuidas en el país, sin equipos, medicamentos e insumos y con poco personal en general mal retribuido y desalentado; maestros sin los equipos y los conocimientos necesarios para impartir clases por las plataformas digitales, millones de estudiantes sin poder acceder a clases a distancia y un deterioro físico de las escuelas.
La destructiva política salarial
Como cuarta razón del mayor desapego de la población mexicana a la democracia se ubica la política salarial y la precarización intencionada de las condiciones de trabajo y de organización de la fuerza laboral de nuestro país. Desde 1976 hasta 2019 la estrategia en el campo del laboral tuvo como propósito bajar el costo de la mano de obra y reducir la capacidad de los sindicatos para luchar por una participación equitativa del trabajo en el ingreso nacional. La política de contención del salario mínimo legal sostenida por más de 40 años por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México y operada por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y la Secretaría del Trabajo tuvieron un efecto desastroso en la organización de las familias para proveer de manutención y servicios de cuidado suficientes.
La reducción del costo de la mano de obra fue la medida elegida por los gobiernos neoliberales para entrar a competir en el mercado global. Indudablemente que lo lograron, pero a costa del bienestar de la población, del aumento de la pobreza y de la desigualdad.
Cerca del 70% del ingreso de las familias del país proviene de la venta del trabajo de sus integrantes. Al bajar a lo largo de 40 años el salario mínimo legal real, es decir la cantidad de bienes y servicios que se pueden adquirir con un salario en razón del constante aumento de los precios, las familias tuvieron que echar mano de diversas estrategias. Entre estas observamos el aumento de las horas de trabajo mediante jornadas más prolongadas o teniendo dos trabajos, o haciendo que el mayor número posibles de sus integrantes entren a trabajar entre ellos las mujeres, los niños, niñas y adolescentes. La emigración por trabajo a Estados Unidos, fue una opción para muchas familias y otra desarrollar actividades informales.
El tener que utilizar más horas y a un mayor número de personas en actividades de trabajo remunerado para poder sobrevivir, tiene implicaciones no tomadas en cuenta en el bienestar de las familias. El tiempo de las personas se convierte en un activo valioso. La disponibilidad total de ese tiempo varía de acuerdo con el número y la edad de sus miembros. La mayor pobreza que se observa en la primera infancia tiene relación con el reducido tamaño de las familias en la primera etapa del ciclo de vida familiar: sólo mamá, papá y niños y niñas pequeños.
Uno de los efectos perversos de la reducción de los salarios conlleva a la disminución del tiempo que las familias pueden destinar al cuidado de sus integrantes: a preparar las comidas, a realizar el aseo de las casas y de la ropa, a jugar, a divertirse, a conversar y compartir afecto, a transmitir saberes para la vida a los más jóvenes del grupo, entre otras actividades.
Los tiempos del cuidado contribuyen al proceso de construcción de los seres humanos, a su socialización: aprenden cómo alimentarse, hábitos de higiene, de descanso, formas de relacionarse con otros, de resolver conflictos, de expresar emociones y sentimientos. Distinguen entre lo que es bueno y lo que es malo, cómo asumir la enfermedad o la muerte, el amor, la amistad, los vínculos y obligaciones familiares.
Las relaciones y la interacción en el seno de las familias, contar con el tiempo suficiente para hacerlo, así como la calidad de los cuidados proporcionados durante la infancia y la adolescencia, son determinantes en el tipo de seres humanos que como sociedad se construyen. La escuela y la comunidad contribuyen a consolidar, a destruir o incluso a cambiar algunos de esos aprendizajes iniciales.
Es posible afirmar que la política de contención salarial y de precarización de las condiciones de trabajo ha tenido un impacto muy perjudicial en los tiempos y la calidad del cuidado y desarrollo de la población en nuestro país. A ello también contribuyó la insuficiencia de servicios de cuidado proporcionados por el Estado como son las estancias infantiles en una etapa donde un número creciente de mujeres entraron a trabajar por un pago.
Lo primeo que hicieron Chile y Brasil al transitar de regímenes militares autoritarios a regímenes democráticos fue elevar los salarios para mejorar el bienestar de las familias. El Gobierno de México se tardó cerca de 20 años después de haber transitado a un régimen de democracia representativa en hacerlo. Carlos Abascal, secretario del Trabajo de Vicente Fox convocó a una comisión para que estudiara la conveniencia de revertir la caída del salario mínimo legal. A pesar de que la mayoría de los integrantes de la misma, provenientes de varias instituciones académicas (UAM, UNAM, IPN) y de la OIT coincidimos en la importancia de hacerlo, la Secretaría de Hacienda, el Banco de México y el representante del ITAM se opusieron con argumentos falaces y mentirosos. Otro error histórico pagado desafortunadamente por los trabajadores del país y sus familias.
En el tercer trimestre de este año, 41% de las y los trabajadores se encuentran en condiciones de pobreza laboral. Su ingreso es menor al costo mensual de la canasta básica completa –Línea de Bienestar del CONEVAL– que incluye alimentos, transporte, educación, salud, esparcimiento, bienes y servicios de consumo habitual, entre otros.
La fijación de los salarios mínimos (SML) para 2022 es la cuarta ocasión en donde se otorga un aumento sustantivo: 22% a los mismos. Una importante decisión de la actual administración. Aun así, seguimos teniendo una enorme deuda con las familias y las personas cuyos ingresos principales provienen de la venta de fuerza de trabajo.
El salario mínimo para 2022 será del doble del que se tenía en 2018 de 88.36 pesos a 172 pesos. Sigue siendo muy bajo comparado con el que se observa en otros países. De acuerdo a una nota de El Economista el salario mínimo mexicano equivale a 8.07 dólares diarios en tanto que en California asciende a 15.00 dólares la hora.
(https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Salario-minimo-aun-con-alza-sera-menos-de-la-mitad-que-el-de-Costa-Rica-20211203-0017.html)
En términos mensuales el SML de México es de 242 dólares, en Colombia es de 261, en Bolivia 309, en Ecuador 400, en Uruguay 423, en Chile 444 y en Costa Rica 531 dólares mensuales. La nota de El Economista destaca que aproximadamente 4.5 millones de trabajadores se beneficiarán directamente de ese aumento, el 13% de la fuerza laboral total que gana un salario mínimo en donde predominan mujeres y jóvenes.
Conclusiones
La transición política hacia una democracia representativa, no fue acompañada por un fortalecimiento en la prestación de los servicios públicos sociales necesarios para avanzar en el bienestar de la población y se mantuvo una política de salario mínimo que deprimió más el nivel de vida de las familias.
La pobreza y la desigualdad continuaron profundizándose. Los programas de transferencias monetarias iniciados a finales del siglo pasado, son claramente insuficientes para paliar las causas estructurales de esos dos lastres. Seguramente alentaron la creación de cadenas de empresas poderosas que aprovechan el mercado de las poblaciones pobres como las Farmacias del Dr. Simi, los almacenes Coppel y Electra, el Banco Azteca, las tiendas de autoservicio pequeñas que proliferan en cada esquina como los Oxxo pertenecientes a FEMSA, o los 7eleven. Ese crecimiento de una oferta de grandes empresas de bienes y servicios para las familias de bajos ingresos, genera una competencia desleal para las actividades comerciales de pequeños establecimientos unifamiliares.
El daño causado a la población a lo largo de 40 años difícilmente será reparado. Afectó la cultura, las expectativas, la apreciación por los bienes y servicios públicos, la confianza en las instituciones; aumento la corrupción, la impunidad y el desarrollo de alternativas ilegales de ingreso, violatorias de derechos fundamentales de las personas como la vida y la integridad, pero principalmente deterioró la cohesión social y la construcción de seres humanos en un contexto digno.
A tres años de la actual administración fuera de un aumento importante a los salarios mínimos, la política económica no ha cambiado sustantivamente, los servicios públicos continúan deteriorándose y parecería que retornamos a un partido único y a un presidencialismo autoritario con una presencia militar creciente.
La recuperación del papel del Estado en la promoción de un cambio social hacia una democracia participativa y la realización efectiva de los derechos humanos de la población, un aumento de los ingresos fiscales y de la inversión pública y la provisión de servicios públicos de calidad, están en el centro de la construcción de un nuevo paradigma para el futuro de México.