El legislativo debe dar seguimiento a los índices de paridad en educación y trabajo

Autor Congresistas
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Oscar Negrete

El trabajo legislativo se mueve como péndulo, dependiendo de la ideología del partido dominante y de los intereses políticos creados. Desafortunadamente, no se mueve necesariamente dependiendo de las necesidades objetivas del país. En el caso mexicano, las necesidades insatisfechas son tan básicas y tan evidentes, que debería de haber un acuerdo multi-partidista para atender los aspectos que van más allá de las agendas de cada partido y que son necesarios en cualquier sociedad medianamente civilizada, a saber:

Educación pública, salud pública y seguridad pública.

Para efectos de este artículo, la atención debe enfocarse en la medición y la posterior implementación de política pública educativa, laboral y fiscal con miras a mejorar la participación académica y económica con perspectiva de género, en beneficio de toda la sociedad.

Como antesala del análisis del caso mexicano, vale la pena primero definir la perspectiva de género como una estrategia para hacer que las preocupaciones y experiencias de las mujeres se integren dentro de los procesos de creación, aplicación, evaluación y mejora de política pública. También vale la pena hacer énfasis en ejemplificar con sociedades distintas, las necesidades de cambios en paradigmas sociales y leyes para fomentar la igualdad entre seres humanos.

En países como Irán o comunidades como la palestina y otros grupos que no han separado la ideología religiosa del gobierno secular, la desigualdad es generalizada y naturalmente perjudicial. Algunos países han utilizado sus doctrinas religiosas para restar oportunidades educativas y laborales a las mujeres, lo cual reduce el nivel y velocidad de progreso en una sociedad. El problema, en teoría es fácil de entender y de resolver. Veamos:

Los gobiernos seculares y las sociedades que mantienen gobiernos laicos y reconocen la dignidad humana como igual para todos los seres humanos, -independientemente del género y partiendo de que todos los seres humanos tienen los mismos derechos ante la ley-, han logrado mejores índices de desarrollo. Esto, aunque parezca una verdad de perogrullo, no ocurre en países donde ciertas leyes, como la ley “sharía” impiden el desarrollo humano integral de la mujer, obnubilan el pensamiento libre y crítico e inciden en otros aspectos de las libertades humanas básicas.

En ciertos países extremistas, las mujeres no pueden mostrar sus rostros, deben cubrir su cabello y no pueden educarse a niveles superiores. Los líderes religiosos han abusado de su poder para reducir a las mujeres al rol reproductivo, y permitiendo que se sigan creando más y más generaciones de extremistas llenos de odio.

Los puntos que deben quedar claros de estas diferencias, aunque son evidentes en sí mismos, son los siguientes:

El acceso a la educación, a todos los niveles, debe permitirse a todas las personas que tengan los méritos académicos, intelectuales y culturales, independientemente de los recursos económicos.

Derecho a la educación

La educación debe basarse en el progreso científico y cultural, fundarse en la utilidad social y debe estar separada de toda instrucción e ideologización religiosa.

Las oportunidades laborales deben ser accesibles a todas las personas, independientemente del género, la raza, la edad y la condición social. Los criterios de selección deben ser técnicos y basados en experiencia relevante, dependiendo de las necesidades del puesto.

La libertad de expresión y las opiniones deben respetarse de forma absoluta. No debe existir ninguna represión por la expresión respetuosa de las ideas.

Cuando los países que están cegados por el fundamentalismo religioso impiden el desarrollo de las mujeres, impiden que la mitad de las personas que forman sus sociedades aporten al progreso conjunto. Es decir, los países de occidente maximizan sus economías porque no detienen el progreso ni las potencialidades que las mujeres aportan a todos los sectores que forman la sociedad (social, económico, político y cultural).

Evidentemente y, habiendo dicho lo anterior, para desradicalizar sociedades que viven de su ley religiosa o para acelerar el progreso de los índices de desarrollo humano en un país, deben fomentarse todas los derechos y libertades de las personas, basándose en las necesidades colectivas y el progreso científico.

En el caso mexicano, algunas cosas han mejorado, como el hecho de que las mujeres ya no están sometidas a tener una cantidad absurda de hijos y han hecho valer su derecho a la reproducción planificada, hacia algo razonable y digno, como uno o dos hijos máximo por mujer.

No obstante, aún existen las excusas para impedir el acceso igualitario a las mujeres a la integración social paritaria, las cuales (en México) se han basado en los “usos y costumbres” de las comunidades indígenas y en el desaseo de las estadísticas y el seguimiento a planes para lograr la paridad de género en todos los niveles de educación y a todos los niveles de las estructuras laborales. El razonamiento debería ser muy simple, la sociedad la formamos todos y todos merecemos estar en todos los niveles de las estructuras productivas y funcionales, siempre que se tengan las oportunidades y el talento para acceder a ellos.

El exhorto a los legisladores es para rescatar a las mujeres de la crueldad del sometimiento social bajo pretextos como “usos y costumbres” de comunidades indígenas o la cultura del machismo, que tampoco se ha sabido erradicar y para la cual no tenemos a la vista ninguna política pública ni programa educativo en medios, en escuelas o en fuentes de trabajo.

Asimismo, se debe contar con estadísticas generalizadas de desarrollo humano y educación reproductiva y para la salud, a efecto de mantener la tendencia a la reproducción responsable y planificada y, evitar aquellos obsoletos fundamentalismos conocidos como “hay que tener los hijos que Dios mande”.

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