La dinámica del crimen organizado no detuvo su curso, influencia y penetración social ante la aparición del coronavirus (SARS-CoV-2), rebela una investigación elaborada a cargo del Colegio de la Frontera Norte por los investigadores Oscar Misael Hernández Hernández y José Andrés Sumano Rodríguez. El punto de partida del estudio es el documento de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional con sede en Ginebra, Suiza, dando a conocer un informe enfocado en los impactos provocados por el COVID y la pandemia, con relación a los efectos de la recesión mundial en los mercados ilícitos, identificando las primeras consecuencias: desorden social derivado de la desesperación y violencia en diferentes regiones del mundo.
La importancia de la investigación construida en varios componentes que se vinculan a la compresión y combate a la pandemia como al crimen organizado y la violencia criminal que genera. Se nos ofrece un escenario complejo para también acercarnos a entender cada uno de los componentes y momentos de un problema que pone su acento en la situación crítica que vive México visto en una acuciosa investigación realizada por expertos, de la que presentamos una primera parte como una ventana a fin de entender las circunstancias que vivimos.
En el estudio se detectan otras consecuencias derivadas de la pandemia, y motivadas por las regulaciones sanitarias como es la: incapacidad del control por los Estados Nación, la emergencia de diferentes contextos nacionales visibilizando un Estado Nación criminal de facto, que aprovechan las circunstancias para consolidar su control, reforzar la tendencia del crimen a congraciarse con sus residentes y a reforzar su apoyo a los delincuentes en los territorios en donde actúan.
A la propagación del virus surgió el confinamiento, el distanciamiento social y las medidas sanitarias que además trazaron un escenario de pánico moral entre la población, ocasionado por el temor del contagio y la muerte, surgido también por las regulaciones y vigilancia del Estado mexicano en espacios públicos. Por estos trazos se supuso que las actividades criminales y violencia podía adquirir otros matices al transformarse en vida cotidiana y el orden social en general.
La salida
El estudio da cuenta de que durante abril de 2021 se realizó el Foro “Violencia criminal en México durante la Pandemia”, cuyo objetivo fue un balance de la violencia criminal en el país a un año de COVID y concibiendo a la violencia desde una perspectiva “teórica amplia”. Y bajo una visión del derecho a la vida y en una coyuntura que toma en cuenta la experiencia de dos pandemias afectando el derecho a la vida: una la del coronavirus y otra la de la violencia criminal homicida.
En despliegue del analítico que visibiliza también otros factores como: la actuación del gobierno federal mexicano, al que califican de negligencia criminal ante el coronavirus, con la tendencia de minimizar la importancia y letalidad del virus; desaprovechamiento gubernamental de las señales emitidas por Estados Unidos y Europa durante la pandemia orientándose a preparar un mejor sistema de salud y la advertencia del señalamiento de que México ocupa a nivel mundial el primer lugar en la defunción del personal de salud.
Se enumeran opciones como las siguientes: despojar al Consejo de Salubridad General de la facultad constitucional para encabezar la pandemia, mantener una estrategia a la disposición de camas y espacios en el sistema hospitalario, para evitar la saturación; desalentar el uso de cubre bocas no obstante de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS); no concientizar a la población sobre los riesgos del coronavirus y de medidas de adopción; la ubicación de México en tercer lugar de muertes producidas por COVID; la falta de adopción de estrategias contracíclicas y de apoyo a familias de bajos recurso y a empresas para evitar la quiebra; incremento significativo de la pobreza.
A un año de la pandemia y desde una perspectiva teórica, la violencia criminal se define como prácticas de agresión organizada tipificada como delitos y perpetrados por “grupos criminales, en su caso por el Estado o por particulares” generando una visión retorcida del orden y la seguridad. Se reconoce que la violencia criminal es un desafío estructural presente en varias regiones del país, en un escenario de distanciamientos, confinamientos, vigilancia y regulación epidemiológica del Estado.
Capitulado
El documento reúne el análisis de ocho ponencias en el que se destacan distintos ángulos como las estrategias desplegadas en materia de salud y seguridad. También, que la estrategia contra la pandemia del presidente Andrés Manuel López Obrador esta enfocada a la mitigación y en la capacidad hospitalaria, sin considerar la propagación y ello debido a una alta carga viral, una insuficiente aplicación de pruebas, falta de corte de cadenas de contagio, sin disminución de número de defunciones, agregando una desinformación, como también a la falta de estrategias y colocando a México por los especialistas como el país con un número mayor de muertes.
En la investigación se destaca que incluso las acciones del subsecretario de Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell han sido perjudiciales, resaltando entre estas, las descalificaciones a medidas preventivas simples como el uso del cubrebocas; desinformación como el que sugiere que los portadores axiomáticos no contagian y la inexistencia de pruebas diagnósticas argumentando que no son de utilidad.
En el trabajo de Marcos Pablo Moloeznik, titulado “México en dos pandemias” se plantean interesantes conceptos, datos, argumentos como el que según especialistas y trabajos en varios documentos, elaborados en instituciones en el exterior y medios nacionales, se desprende la comparación de los mismos que dio una estrategia o faltó la misma para enfrentar la pandemia.
Ventana homicida
La mirada analítica del estudio sobre la violencia criminal organizada, plantea que la organización de la delincuencia en México muestra dos condiciones de un conflicto armado no internacional, destacando el umbral de intensidad de la violencia y simultáneamente con el combate a la pandemia. Se observa que el umbral de la organización definida por la Cruz Roja se presenta como ”enfrentamientos armados prolongados entre fuerzas armadas gubernamentales, también entre las fuerzas de uno o más grupos armados o grupos que surgen en el territorio de un Estado”. Se precisa que el “enfrentamiento debe alcanzar un mínimo de intensidad y las partes en conflicto presentan un mínimo de intensidad y las partes que participan en el conflicto deben de poseer un mínimo de organización”.
El umbral se define: intensidad de organización desbordando el control de la actividad de la policía habitual en tiempos de paz. También como umbrales, parámetros como intervención de las Fuerzas Armadas, número de enfrentamientos, duración e intensidad de los mismos, tipo de medios ligados a usos y equipamientos de armas, calibre de municiones utilizadas, número de combatientes; tipo de fuerzas participantes, número de bajas, extensión de destrucción material y número de civiles expulsados.
Se reconoce que sin el mínimo de organización resulta imposible realizar operaciones militares coordinadas y sostenidas, con relación a grupos armados no estatales, que deben reunirse ciertas características como: asistencia de una cadena de mando, normas; mecanismos disciplinarios, contar con un cuartel general, ejercer control territorial, capacidad de aprovisionamiento de armamento y equipamiento, estar en condiciones de reclutamiento de personal, desarrollo de entrenamiento militar, incluyendo movimiento de tropas, logísticas, estrategia unificada, empleo de táctica.
Pulsaciones
En el diagnóstico se mencionan las declaraciones del general Glen David VanKerck, quien ejerce el Comando del Norte de Estados Unidos y el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte, quien expresó que entre el 30 y 35% del territorio nacional mexicano está controlado por organizaciones criminales, sosteniendo que el narcotráfico, el tráfico de personas, la migración son síntomas de organizaciones criminales tradicionales que operan en áreas no gobernadas.
En los datos duros la investigación registra que los primeros años de la administración revelan una tasa de 29 homicidios por cada 100 mil habitantes, 24 asesinatos por cada 100 mil presentados por Brasil y Colombia, tres veces más de lo que la OMS califica como violencia endémica. En los cálculos se sostiene que el 70% se atribuye al crimen organizado o sea a la violencia criminal que se reconoce como la primera amenaza de la seguridad nacional al cuestionar la estabilidad, integridad y permanencia del Estado Mexicanos. La impunidad de las actuaciones. La incertidumbre proyectada a la sociedad civil por ataques indiscriminados y la ocupación efectiva de espacios cedidos a actores no estatales ponen en entredicho las razones de ser del Estado.
Evaluación de la respuesta estatal
En el panorama generado por el coronavirus y la violencia criminal de frente al registro, se advierte del riesgo de que a estos focos de tensión se agreguen otros que son los que surgen de las alertas que con mayor virulencia se emiten desde distintas regiones de la república.
Se documenta que 10 gobernadores de las entidades federativas que generan los mayores porcentajes de la riqueza nacional e integrados a la Conago, experimentan la crisis y el vació de la CNDH, el problema de la escasez y distribución de agua, índices al alza de la violencia de género y protestas ligadas al problema del virus, desabasto de medicamentos, déficit critico de vacuna, incipiente campaña de vacunación, además desvinculada a protocolos y dirección de la Secretaría de Salud; manifestaciones de descontentos de múltiples problemas, productos de descontentos y hartazgos colectivos, malestar económico generado por el coronavirus y ausencia del Estado, a las que se agregan otras situaciones de violencia generadas por actos esporádicos de violencia.
Alertar sobre la narrativa del discurso presidencial representa una suma cero, pues esta narrativa se orientado a la confrontación y a la división, enfocado al amigo-enemigo, en lugar de ejercer un liderazgo proactivo ni para apelar a la unidad nacional en la peor crisis de la historia después de la Segunda Mundial. No obstante de los asuntos críticos identificados, la inclusión del tema de la narrativa presidencial, subraya que denota que sus efectos se harán sentir, en el corto o mediano plazo, afectando el derecho a la vida, a satisfactores básicos y en suma calidad de vida.
Recomendaciones
Destaca el hecho que ante los efectos del coronavirus se recomendó que debería definirse como la principal amenaza de la seguridad nacional y actuar en consecuencia, lo que significa canalizar todos los recursos del Estado para enfrentar el COVID con medidas preventivas, cuyo costo social y humano sería mucho menor que lo que es actuar post propagación.
Desde otra perspectiva se reconoce que el narcotráfico se ha identificado como la mayor amenaza a la seguridad nacional y se concreta con respuesta militar del acuerdo de mayo del 2020 sin arrojar resultados que legítimamente la sociedad demanda. Descolla la reflexión al respecto de si se reconociera al más alto nivel de “conducción política que México se encuentra inmerso en un conflicto armado”, agregando que “por tanto la estrategias debería de caracterizarse por la flexibilidad, antítesis de la rigidez como nota esencial del tratamiento del COVID y la violencia homicida.
Se recomienda hacer un alto en el camino para aportar a tres componentes del sector de seguridad; inteligencia estratégica, operacional y táctica, con enfoque de predicción, anticipación, intervención, neutralización; maza critica humana que significa empezar a respetar los derechos humanos de los agentes del Ministerio Público, peritos y funcionarios. Para hacer cumplir la ley, para garantizar la estabilidad y seguridad laboral, con la necesaria abrogación del artículo 123B, Fracción XIII constitucional que pende sobre tres colectivos de funcionarios públicos y quebranta el debido proceso acompañado.
Por el proceso de la profesionalización de la policía como deuda histórica del Estado mexicano; Fuerzas Armadas orientadas a desarrollarse en un nicho de especialidades, por lo que descargarlas de aquellas funciones que las desvirtúan como aquellas vinculadas a los proyectos estratégicos de López Obrador con el consiguiente desgaste constitucional.