Nueva ministra de la Corte: Loretta Ortiz Ahlf

Autor Congresistas
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Correspondió a la ministra en retiro y hoy senadora Olga Sánchez Cordero presidir la sesión en la cual el Senado eligió como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a Loretta Ortiz Ahlf, integrante de una propuesta de tres personas enviadas por el Titular del Poder Ejecutivo: consejero de la Judicatura Federal, Bernardo Bátiz Vázquez y la consejera Eva Verónica de Gyvés Zárate y Loretta Ortiz Ahlf.

¿Cuál es el debate de fondo de la elección de una Ministra o de un Ministro impulsada por una Ley que reforma al Poder Judicial? ¿Cual es el curso que sigue la reciente reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF)? ¿Cómo se logra el combate a la corrupción, al nepotismo y a los viejos vicios y tentaciones de poder que han acompañado al PJF y a la SCJN? ¿Cómo se acerca a este Poder Judicial a un simple ciudadano o ciudadana de a pie que que demanda el reconocimiento de derechos?

En la elección en la que Loretta Ortiz Ahlf participó por tercera ocasión en el proceso de la elección de Ministra de la Corte a cargo del Senado, finalmente Ortiz Ahlf fue elegida ministra por 15 años con 92 votos, sin embargo, en los medios se redujo el grado de importancia del perfil de la especialista en derechos humanos y la trascendencia de su elección como Ministra de la SCJN. El caso es que la vorágine noticiosa generada por la sobresaliente emisión del Acuerdo presidencial calificado de “decretazó” desdibujó la elección, no obstante de que nada puede minimizar la importancia de la elección por el Pleno del Senado de una ministra de once ministros, y ahora cuatro ministras, a la cabeza de otro de los tres Poderes de la Unión, el PJF, en la carrera de la paridad, de la constitucionalidad y menos con un perfil destacado en Derechos Humanos y no lejos de las sospechas de la discusión de la “morenización” de la justicia, del escenario de la 4Y y la supremacía constitucional a cargo de la Corte.

Conforme al artículo 96 de la Constitución, en las atribuciones y facultades del Senado de la República está la de designar por el Pleno, a los Ministros de la Corte, así resaltan en los posicionamientos los méritos de la elegibilidad de la terna propuesta por el Titular del Poder Ejecutivo, que quedó a la vista y ampliamente confirmada por las comparecencia de los tres candidatos ante los senadores de los grupos parlamentarios participantes en la Comisión de Justicia.

¿Se corre un espectáculo de neón como una simple fórmula de propaganda o de escándalo de opinión cuando se renueva la SCJN y están ante la opinión pública personas con sus méritos académicos y profesionales en los bordes de la politización? ¿Se sigue la ruta de las necesidades de transformación del PJF? ¿Se democratiza la impartición y administración de la justicia? ¿Qué representa el proceso de designación de Ministros para ciudadanos/as en condiciones de desigualdad y lejos de poder acceder a un Amparo, del interés a una controversia constitucional o acción de inconstitucionalidad en defensas de sus derechos? ¿Qué tanto hace falta una educación cívica, construir una cultura de la legalidad, de derechos humanos, responsabilidades cívicas y administrativas y políticas? Se va construyendo una cultura legislativa y de contrapesos que construya ciudadanía y consolide nuestra democracia desde los Poderes de la Unión.

Abundan señales de que ésta a pesar de los pesares se construye y se refleja en la dinámica de los contrapesos que van presentado los medios de información, los actores políticos, los Poderes de la Unión, las instituciones educativas de grado superior, los grupos parlamentarios y el activismo de la sociedad civil.

Dictamen

Así, por cuarta ocasión, en una Legislatura del Senado que ha ejercido tres años de seis eligió a una nueva Ministra. Correspondió a la secretaria senadora Verónica Noemí Camino Farjat presentar el Dictamen de la Comisión de Justicia por el cual se determinó la elegibilidad de la terna presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador debido a la conclusión del cargo de ministro José Fernando Franco González Salas y conformada por Bernardo Bátiz Vázquez, Eva Verónica de Gyvés Zárate y Loretta Ortiz Ahlf.

Acto seguido el Sen. Julio Menchaca Salazar, presidente de la Comisión de Justicia del Senado, explicó que es la cuarta ocasión en esta Legislatura que se tiene la responsabilidad de recibir y escuchar a los integrantes para la elección de Ministra o Ministro de la Corte. Comentó que en esta ocasión, durante siete horas los candidatos expusieron sus motivaciones pero además, respondieron a inquietudes de los senadores/as de la Comisión de Justicia. Calificó de que el ejercicio se trato de un Parlamento Abierto, en el cual por mayoría aprobaron el Dictamen. Recordó que recientemente los senadores “aprobamos reformas al Poder Judicial Federal y le estamos dando, desde el Congreso Federal, incluso desde el Constituyente Permanente, los instrumentos para que mejoren sustancialmente el trabajo. Esta renovación de la Corte implica también una renovación de actitudes, de compromiso de trabajo y de un compromiso profundo con la justicia en México”.

Posicionamientos

El primero en subir a tribuna fue el Sen. Germán Martínez Cázares, del Grupo Plural, quien advirtió que el PJF se encuentra en una peligrosa ruta que define de intereses, constitucionalidad, de abogados de privilegios y entramados con funcionarios federales, conflictos de interés y en el marco de una reforma judicial que no ha servido para nada, aunque se haya vendido como la más trascendente a partir de 1994. Dijo que se requiere de integrantes que denuncien y combatan la corrupción e inquirió ¿si sabrá el presidente que la contralora de ese Consejo de la Judicatura (CJF) es la última contralora del gobierno de Peña Nieto? Manifestó que se envía una terna de la que esperan que quien sea elegido resuelva los asuntos de temas deliberadamente atrasados, y que “en el Palacio de Pino Suárez no se atienden para no molestar a su vecino de Palacio Nacional”.

El senador michoacano perfilo los temas como “cuatro acciones de inconstitucionalidad, Ley de Guardia Nacional, Ley de Registro Nacional de Detenciones, Ley Nacional de Uso de la Fuerza; cinco controversias contra el acuerdo militarista. Sumó “dos amparos detenidos en el convenenciero y cobarde silencio de la Corte, sin la tutela judicial efectiva. Señaló que también ahora el presidente de la Corte llama a una reforma judicial local para los jueces locales comparados con los federales que “están en el abandono presupuestal, sometidos a presiones de los gobernadores y no poco intimidados por la delincuencia”. Y agregó que la reforma judicial no tocó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Denunció una serie de eventos irregulares como sentencias contra cooperativas, aerolíneas, congelamiento caprichoso de cuentas con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ayudas con amparos a gobernadores amigos, litigios en el Tribual Electoral, remoción de la magistrada Otálora Malassis o al magistrado Fuentes Barrera.

Expresó que prevaricaron para favores a despachos adinerados que devolvieron millonarias sumas de impuestos, pararon impugnaciones contra la mal lograda reforma judicial y maniobraron para desechar amparos, promocionaron a un secretario a juez para resolver en definitiva la constitucionalidad de las nuevas leyes judiciales. Sostuvo que “la reforma judicial no ayudó en nada, y que gran parte de la impunidad mexicana recae en algunos miembros del Poder Judicial que tienen hilos con el poder político y con el poder económico”. Convino en moderar esa reforma que legó una cultura presidencialista o judicial. Afirmó que “esperaríamos un acuerdo general de la SCJN para igualar a los ciudadanos frente al acceso a la justicia y que no tenga la llave de acceso vía reclamación, únicamente el presidente de la Corte. Advirtió que sólo el fiscal Gertz Manero tiene derecho a que sus asuntos se vean en la Corte y es de la que espera sea un contrapeso real en las revisiones administrativas que “conocerá el Pleno de la Corte en adscripciones y readscripciones de juzgadores; cambiar a contentillo a un juez es una práctica deleznable, producto de la mezcla perversa entre las tareas de la SCJN que juzga y el CJF que debe gobernar con autonomía a juzgadores/as, la carrera judicial hoy por hoy está patrimonializada”.

Partido de la Revolución Democrática

Correspondió al Sen. Juan Manuel Fócil Pérez el posicionamiento y reconoció la importancia de las facultades plasmadas en el artículo 96 de la Constitución que confiere al Senado el nombramiento de uno de los integrantes de otro de los poderes federales. Destacó que es una responsabilidad y la “oportunidad de consolidar una SCJN independiente e imparcial, que brinde tranquilidad y certeza al pueblo de México, que garantice los derechos de todas y de todos”. Sostuvo que el Dictamen “garantiza la independencia judicial por medio de procesos de designación que aseguren que la ministra o ministro gocen de autonomía e imparcialidad, eliminando la posibilidad de subordinación o dependencia a otros poderes o instituciones ajenos al PJF”. Dijo que se trata de un proceso de designación que procura que “el mejor perfil llegue a esa instancia y que sea electa el o la aspirante que reúna las condiciones de conocimiento jurídico y técnico necesarias para ponerlas al servicio de México”.

Planteó que “su experiencia y conocimiento jurídico lo han puesto al servicio de Morena, todas y todos los integrantes de la terna”, precisa que todos están identificados “con ese partido e inclusive han sido candidatos de esa fuerza política”. Indico que “la crítica no sólo es para este cargo sino también a otras designaciones con candidatos que se han presentado hasta tres veces a distintos encargos como magistrados y en encargos diplomáticos”. Señaló que desde el grupo parlamentario del PRD se ejercen las facultades de control constitucional que se otorga al Senado de la República, que son parte vital del sistema de división de poderes y de contrapesos a la concentración de poder. Manifestó que aprobarán el criterio de elegibilidad, puesto que cumplen el perfil técnico, “sin embargo, estaremos vigilantes, del criterio de independencia y de autonomía para salvaguardar este poder y siga siendo el máximo tribunal de nuestro país”.

Partido Encuentro Social

La Sen. Sasil de León Villard se pronunció a favor de la necesidad de transformar a la SCJN en un tribunal constitucional y al Poder Judicial en un sistema más eficiente, certero y cercano a la población. Dijo que cumplirán con el mandato constitucional de nombrar al Ministro o Ministra de la SCJN de la terna enviada por “el señor Presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, todos en los que reconoce trayectoria y compromiso con la impartición de justicia.

Grupo del Partido del Trabajo

Sostuvo el Sen. Joel Padilla Peña que la conformación de Estados democráticos y derecho se rige por diversas directrices que les dan la legitimidad necesaria para el ejercicio de las funciones que los ciudadanos han depositado en ellos. Indicó que por años la división e independencia de los poderes del Estado mexicano cimentaron “las bases sobre las cuales descarga el desempeño efectivo de sus funciones y, al mismo tiempo, cada uno de estos órganos representan un contrapeso para beneficio de las y los ciudadanos”. Manifestó que el PJF representado por la SCJN, es el máximo tribunal constitucional del país y tiene como responsabilidad primordial la defensa del orden establecido en la Constitución, además de solucionar de manera definitiva otros asuntos jurisdiccionales de gran importancia para la sociedad. Reconoció los trabajos de la Comisión de Justicia y consideró sus procesos democráticos y que hablan de democracia “no es sólo un tema de elección, también es un tema de responsabilidad por parte de los representantes populares, quienes tenemos que cumplir con nuestra labor legislativa de pesos y contrapesos”. Explicó que “ser Ministro o Ministra de SCJN es y debe ser uno de los cargos públicos más honrosos que implica decoro, responsabilidad y honradez, la justicia constitucional y convencional dependen de ellas y ellos”. Padilla Peña reconoció que a los senadores les corresponde elegir siempre a las personas más idóneas y capacitadas para poder resolver y dirimir las controversias que sean sometidas a su jurisdicción, mostró la satisfacción de su partido por el procedimiento de selección que se ha realizado públicamente, con imparcialidad y transparencia. Dijo que los perfiles propuestos por el dictamen de la Comisión de Justicia, “se pondrán a consideración de este Pleno, son las personas idóneas para desempeñarse como Ministro o Ministra de la SCJN.

Partido Verde Ecologista de México

*En representación del grupo parlamentario, el Sen. Rogelio Israel Zamora Guzmán, repasó el pensamiento político de siglo XVIII, destacando las ideas de Montesquieu con relación al equilibrio del Poder. Se refirió a que muchos han olvidado que el Poder Judicial durante décadas estuvo sometido a intereses sí de los presidentes, pero también a intereses económicos de políticos que se reunían con ministros de la SCJN en restaurantes para mandar la línea. Alertó que “a la fecha, algunos, eso no me consta, pero se escucha que algunos dicen que, siendo cabezas del Poder Judicial, a nivel local inclusive, reciben instrucciones de políticos”. Manifestó que están por elegir a un Ministro o Ministra de la Corte que debe de responder al interés general y, sobre todo, de los más vulnerables. Reconoce que la justicia es un pendiente pero que también en el PJF se debe combatir la corrupción, el nepotismo, la opulencia y el boato. Mostró convicción de que la terna cumple con los requisitos de elegibilidad, idoneidad y con la experiencia necesaria para fortalecer el PJF.

Partido Movimiento Ciudadano

El Sen. Noé Fernando Castañón Ramírez desde tribuna se refirió a los trabajos realizados por la Comisión de Justicia destacando las comparecencias que permitieron a todos los grupos parlamentarios formular preguntas específicas sobre su desarrollo profesional y así evaluar con sus respuestas su desempeño. Resaltó que aprobaron el Dictamen para que el Pleno pudiera determinar quién será y quién ocupará el ministerio de SCJN. Dijo que MC se pronuncia por la división de Poderes y por el fortalecimiento del federalismo, creyendo firmemente en la elegibilidad, capacidad e imparcialidad de los tres aspirantes a la vacante de Ministro de la SCJN”. Dijo que quien sea elegido debe entender el momento histórico que vive México y expresó que “nuestro país está en riesgo, en una deriva autoritaria de regresar el pasado con prácticas centralistas y con la concentración del poder”. Reconoció que deben de votar por quien garantice la independencia del PJF y la alta responsabilidad que engendra el cargo en la SCJN.

Partido Revolucionario Institucional

La Sen. Claudia Ruiz Massieu Salinas sostuvo que están presentes para “ejercer una facultad mayor; la de designar, mediante un amplio acuerdo plural, a un nuevo integrante de la SCJN”. Subrayó que no se trata de un simple procedimiento y de un trámite protocolario, sino de “verdadera responsabilidad de Estado en la que el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo convergen con el propósito de integrar al órgano del Poder Judicial de mayor jerarquía, la SCJN, pero también al órgano de mayor significación, el guardián último del imperio de la Constitución”. Lamentó la desconcentración para desahogar la responsabilidad constitucional, “centrarnos en cómo garantizar la autonomía y fortaleza del Poder Judicial, y particularmente de mantener a la SCJN como el garante de la Constitución y con ello de nuestra vida y convivencia democráticas, de nueva cuenta el desprecio que Morena y su gobierno tienen por la Constitución y la ley nos obliga a abordar un nuevo atropello a nuestro orden democrático”. Cuestionó el que el Presidente de la República expida, “so pretexto de desarrollar y reglamentar las leyes, un acuerdo para que las obras públicas gubernamentales se realicen sin cumplir con los requisitos que marca la ley, porque no podemos olvidar que la ley limita al poder en beneficio de las personas, es decir, la autoridad sólo puede hacer aquello que tiene expresamente facultado en la ley y, por el contrario, este acuerdo limita los derechos de las personas frente al Poder Ejecutivo”.

Sostuvo que “hoy están convocados a ejercer la facultad de designar a una nueva o nuevo integrante de la Corte en un momento de riesgo y de penumbra, hacia la oscuridad, en el ejercicio del Poder Ejecutivo”. Ruiz Massieu Salinas abordó el contexto destacando a una celebración cívica en el que el secretario de la Defensa Nacional “tropieza con la arena política y en un contexto de creciente asignación de tareas y funciones a las Fuerzas Armadas contrario al artículo 129 constitucional”. Refiere la publicación en el Diario Oficial de la Federación del acuerdo presidencial que permite que “las dependencias y entidades federales se abstengan de aplicar la ley en la gestión, desahogo y resolución de cualquier tipo de autorizaciones previstas para la realización de obras públicas. Es prácticamente una instrucción a las dependencias del gobierno para que no cumplan con la ley”. Señala que cualquier infraestructura considerada prioritaria o estratégica por el presidente pasa a ser de interés general y materia de seguridad nacional. Advirtió que, como legisladores no deben de olvidar que “el Presidente de la República no tiene la facultad de suspender el orden constitucional y menos con el pretexto de agilizar los procedimientos administrativos de las dependencias que encabeza. No puede disponer libremente del concepto de seguridad nacional”.

Destacó Ruiz Massieu Salinas que el peligro reside en que se hace de lado a la Constitución, “a la división de poderes, el principio de legalidad y la tutela que estos tres conceptos hacen de los derechos y libertades de las personas, y no se trata de calificar las obras que son prioridad del presidente, el tiempo y la información pública pondrán las cosas en su lugar; mucho menos se trata de descalificar a las Fuerzas Armadas, a quienes reconocemos y respetamos, se trata de exigir respeto a nuestro orden constitucional, a los principios de nuestra democracia y a los derechos de las y los mexicanos”. Planteó el contexto que se encuentran en la encrucijada de “ejercer la facultad de designar a quien deberá defender la Constitución en el ejercicio de la impartición de justicia desde la SCJN para contar con un tribunal constitucional fuerte para la defensa de los derechos de las personas y que defienda la letra y el espíritu de la Constitución, no puede considerarse un interés partidista, sino un interés nacional que todas y todos debemos compartir”. Destacó que la “actuación supra partidista y la visión de Estado democrático son necesarias ya que el derecho demanda, requiere y exige instituciones fuertes que lo nutran, no instituciones debilitadas que lo reduzcan”. Manifestó que el apoyo del grupo parlamentario del PRI acompañará al dictamen de idoneidad con un voto favorable, confiando en la sobriedad republicana de quien haya de incorporarse a la Corte para honrar su compromiso con la Constitución.

Partido Acción Nacional

A la Sen. Kenia López Rabadán, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos correspondió manifestar el posicionamiento del grupo y recordó que el país se construyó bajo las bases del Estado democrático, “donde la división de poderes tiene como finalidad proteger las libertades de todas las personas”. Destacó que el propósito es limitar “al ejercicio de la autoridad cuando ésta trata de sobrepasarse y de concentrar en una sola persona todo el poder público”. Resaltó los pesos y contrapesos como necesidad para mantener el equilibrio y garantizar que todas las personas, sin excepción, tengan acceso al pleno ejercicio de sus derechos fundamentales. Sostuvo que la SCJN debe ser el “espacio para salvaguardar los derechos de las minorías, donde se escuche la voz de la oposición y donde se detengan los excesos de los gobiernos en turno”. Expresó que hoy día “el Presidente de la República tiene concentrado no sólo el Poder Ejecutivo, sino que el Poder Legislativo se ha subordinado, se ha arrodillado, ha perdido su independencia”. Alertó que se ha dejado de escuchar, no se permite el debate constructivo, se obedecen los designios del Ejecutivo y se utiliza la mayoría legislativa para aprobar en muchos casos aberraciones legislativas que luego se litigan ante la SCJN. Manifestó que este proceder se traduce en utilizar el peso del Estado para silenciar la disidencia.

Sostuvo que la terna cumple con los requisitos de elegibilidad legales. Reconoció que gracias a la SCJN se han podido detener en diversas ocasiones los excesos del poder. López Rabadán recordó las acciones de inconstitucionalidad presentadas por el Senado, como la del artículo 13 transitorio de la reforma judicial, el decreto que permite que las Fuerzas Armadas realicen tareas de seguridad pública, la reforma eléctrica, los datos biométricos, el decreto de obras emprendidas por el presidente tienen el carácter de interés nacional y de seguridad nacional. Explicó que “cuando se tiene la razón, pero no los votos, se hace necesario recurrir a la SCJN para que los derechos humanos sean garantizados, para que la Constitución sea respetada, para que las libertades sean salvaguardadas”. Manifestó que la SCJN se encuentra en una encrucijada entre la autonomía, la independencia o el retroceso con la subordinación. Dijo que la SCJN tiene mucho que hacer en los hechos como es atender la paridad de género en los hechos, el rezago acumulado, dar accesibilidad a los recursos efectivos, erradicar el nepotismo y sancionar la corrupción. Destacó los méritos de la terna, que “la SCJN no debe de politizarse, la Constitución no debe politizarse, no debe obedecerse a intereses personales o de partidos, se debe garantizar la imparcialidad, objetividad, profesionalismo y legalidad”. López Rabadán expresó que el grupo parlamentario del PAN acordó acompañar la propuesta como ministra de la SCJN a la doctora Loretta Ortiz Ahlf.

Movimiento de Regeneración Nacional

La Sen. Lucía Virginia Meza Guzmán se pronunció a favor del Dictamen que sustenta la elegibilidad de la terna y reconoce el trabajo realizado por la Comisión de Justicia del Senado de la República, presidida por el Sen. Julio Menchaca,. Resaltó la importancia de la elección y su dependencia a un juicio objetivo y una decisión transparente “en quien recaerá la responsabilidad que implica ser ministro o ministra de la SCJN”. Manifestó que en la Comisión de Justicia se analizó el perfil de cada uno de los integrantes de esta terna, se conocieron sus curriculares y trayectorias profesionales. Sostuvo que en reunión extraordinaria de la Comisión de Justicia, en su modalidad híbrida, se convocó a comparecer a las personas propuestas en la aludida terna para que expusieran sobre la idoneidad de su candidatura y su contribución como posible integrante de la SCJN. Recordó que en la Corte en la actualidad se encuentra integrada por tres mujeres para señalar que se tiene que velar por la paridad de género en la composición e integración de los órganos de gobierno, incluyendo el PJF.

Posicionamientos

En contra los senadores/as Damián Zepeda Vidales (PAN), Emilio Álvarez Icaza Longoria (independiente), María Lilly Téllez Garcíam (PAN).

A favor los senadores/as Antonio García Conejo (PRD), Freyda Marybel Villegas Canché, (Morena), Julio Ramón Menchaca Salazar, (Morena), Germán Martínez Cázares (Grupo Plural), Manuel Añorve Baños (PRI), Sergio Pérez Flores (Morena).

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