Atravesamos por una circunstancia inédita y global, reconocida por sus repercusiones en salud, economía, impacto laboral y repercusiones graves en los derechos humanos, definida como la hecatombe de las últimas décadas, época en la que todo está siendo devorado por el Corona virus 19. En el ambiente infeccioso de la pandemia que ha matado a cientos de miles de personas, hubo tiempo para que la oficina de la Organización de la Naciones Unidas Contra la Drogas y el Delito (UNODOC) y la Alta Comisionada para los Derechos Humanos (ONU-DH), aplaudiera la aprobación en México de la Ley de Amnistía por el Congreso federal.
Acreditados 70 senadores de 128 y cumplido el quórum, se inició una intensa discusión de la Ley de Amnistía, la que fue aprobada en lo general, con artículos reservados, con 68 votos en favor, 14 en contra y dos abstenciones.
Se recorrió hasta reclamo el rigor de la convocatoria, el cumplimiento del Reglamento, el orden de la agenda del día, y a favor de la inclusión de otros asuntos considerados prioritarios. Discutible y discutida la convocatoria a la sesión extraordinaria por la Mesa Directiva de la LXIV Legislatura que preside la senadora Mónica Fernández Balboa, para aprobar una ley que algunos leen con la intención de la liberación de delincuentes, de mujeres e indígenas e incluso jóvenes que han sido victimas de procesos irregulares.
Quedaron a la orilla de la deliberación, entre superficies fangosas, los asuntos identificados con la crisis y los riesgos nacionales como son los problemas de salud, económicos y laborales hasta la vulnerabilidad de la representación política, del equilibrio de Poderes, la democracia, los derechos humanos, la transparencia y la información, todo en la idea de que después de la pandemia podremos ser los mismos.
De nuevo se hacía historia legislativa atendiendo el derecho humano a un debido proceso de indiciados y sentenciados a la reclusión, al confinamiento penal de personas que pueden ser inocentes por la vulnerabilidad de su condición de pobreza o la corrupción de la justicia. Por otro lado, se pugnaba por la apertura a la orden del día e incorporar a la discusión de los temas de aflicción nacional ante la tempestad en salud, grave recesión económica, quiebre de empresas, pérdida de empleos, confinamiento con distancia social de los ciudadanos, lo que agrava las condiciones sociales del país.
Conviene a los ciudadanos conocer con amplitud qué los senadores en sesión extraordinaria discutieron sobre justicia, en un ambiente marcado por la cresta de la curva del mayor contagio provocado por el COVID-19 que presagia una saturación hospitalaria, el tsunami de contagios y de muerte. Así los legisladores aprobaron la Ley de Amnistía, que fue primero dictaminada en la Cámara de Diputados a partir de una iniciativa del Titular de Ejecutivo.
En la opinión pública se compartió la idea de que la intención de López Obrador no ha sido sólo cumplir con un compromiso de campaña liberar a las mujeres acusadas del delito de aborto y a las y los indígenas que no contaron durante su proceso legal con intérpretes o defensores identificados con su lengua que contuvieran la injusticia. Una razón evidente: evitar un contagio de proporciones imprevisibles en los penales, pero hay otros que consideran que con la aprobación de la Ley se avanza en el camino de la justicia.
La dedicatoria
En los resortes del dictamen los beneficiados con la Ley de Amnistía: hombres o mujeres sentenciados, pero no reincidentes, personas señaladas de haber cometido supuestos delitos contra la salud, en casos de la posesión y consumo de drogas, acusadas por robo simple y sin violencia, y sedición, a excepción de casos de terrorismo. En el panorama legislativo no son favorecidos aquellos que hayan cometido delitos contra la vida o la integridad corporal ni se extiende hacia quienes hayan cometido el delito de secuestro, o al empleo de armas de fuego en la comisión del delito.
Los ejes
Sea lo que sea que registre la opinión de las distintas organizaciones sociales estudiosas y dedicadas al tema, y partidos políticos, nadie duda que se pone acento a una historia de injusticias, además de que se corrige un cúmulo de procesos y sentencias que han afectado a personas de gran vulnerabilidad.
Finalmente se ha encontrado la llave que abrirá las cárceles para personas que en el ámbito federal se ejerció acción penal, inició proceso o dictó sentencia por ciertos delitos cometidos antes de la entrada en vigor de la ley. Saldrán de los penales las mujeres que sean acusadas por haber practicado aborto, hombres y mujeres que en condición de pobreza fueron sometidos por organizaciones criminales y hayan comercializado o traficado narcóticos.
Y no se abrirán las celdas para aquellos señalados de atentar contra la vida y la integridad corporal de otros, haber cometido secuestro, empleado armas de fuego, ejercido abuso o violencia sexual contra menores, homicidio doloso, además de haber cometido feminicidio, violación, trata de personas, robo a casa habitación, trata de personas, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción, delitos en materia de hidrocarburos, desaparición forzada.
Quedaron en esta historia legislativa sacudida por la gran afectación global una serie de reflexiones como ¿Cuál fue la razón para no incluir otros temas en el debate? ¿Se daba un paso a favor de avanzar en el sentido de la justicia?
Un debate inolvidable
En momentos cruciales e inéditos para México y en circunstancias que iluminan los derechos humanos confrontados por el confinamiento, la sesión era más que extraordinaria, marcó la posibilidad de “trascender la visión única y el pensamiento único para construir democráticamente una opción más completa”, como lo señaló oportunamente la senadora Beatriz Paredes Rangel (PRI).
Transcurrió la sesión en la cual los senadores de oposición se pronunciaban “por incluir en la agenda del orden del día otros asuntos relevantes para atender la crisis tan grande que enfrenta nuestro país, tanto en materia sanitaria, como en nivel económico y aun en materia de seguridad laboral y otras, como lo expuso la Sen. Claudia Ruiz Massieu (PRI).
Y desde su escaño el abanico técnico y científico de la propuesta de la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz (PAN), en el sentido de la salud, que reconoce como un problema de vida o muerte pero también de oportunidad y obstáculos, al anunciar que “hay decenas de proyectos de científicos mexicanos, de ingenieros mexicanos del más alto nivel, ya que los protocolos de la fabricación de ventiladores fueron abiertos a nivel internacional, las empresas pusieron a disposición de los países los códigos de fabricación para que los países los pudieran fabricar, el problema es que Cofepris se ha vuelto un dolor de cabeza”.
Agregó que todos estos proyectos que están en Monterrey con FEMSA, PROTEXA, Tec de Monterrey, UNAM, Instituto de Nutrición, Volkswagen en Puebla, están listos para fabricar esos ventiladores, pero dependen de la disposición de Cofepris.
Y como lo han hecho en el mundo en posiciones de decisiones, las senadoras tomaron la delantera y se perfilaron en la discusión. La Sen. Josefina Vázquez Mota (PAN), inquirió sobre la inclusión de la orden del día “¿qué no es igual o mucho más urgente, por supuesto, pensar al menos en cinco millones de micro, pequeñas y medianas empresas que tienen menos de 10 colaboradores y que contratan a cerca de 20 millones de mexicanas y mexicanos? Y no es que vayan a perder sus empleos, es que ya los están perdiendo porque simple y sencillamente las cortinas están abajo y así van a seguir todavía adelante”.
Abierta la artillería para extender la orden del día, desde los escaños senatoriales la voz de los senadores Mario Zamora Gastélum (PRI), Alejandra Noemí Reynoso Sánchez (PAN), Mauricio Kuri González y Damián Zepeda Vidales (PAN), Patricia Mercado Castro y José Ramón Enríquez Herrera (PMC), Emilio Álvarez Icaza (Sin Partido), unos en la exigencia de un orden del día abierto al debate de los temas que apremian al país en condiciones de pandemia como son: salud, trabajo, economía y gobernabilidad democrática.
Los equilibristas
Pegado a la insignia y reconociendo con honestidad el liderazgo presidencial, desde su escaño, el Sen. Rubén Rocha Moya (Morena), manifestó “yo vine a esta sesión convocada por la presidenta Mónica Fernández, por mi coordinador Ricardo Monreal y les mentiría si no les digo que principalmente convocado por Andrés Manuel López Obrador, que reconozco como nuestro líder, mío. Y no tengo la menor duda que mis compañeros vinieron también convocados principalmente por nuestro líder”.
Explicó el también presidente de la Comisión de Educación que “esa convocatoria y ese acato al líder obedece en que en una circunstancia como la que vivimos es todavía líder principal el Presidente de la República, porque es, de acuerdo con el artículo 73 constitucional, fracción XVI, el Consejo de Salubridad General depende de él, sin intermediación de nadie. Y en una circunstancia como la epidemia que se está viviendo, es la Secretaría de Salud la que impone las recomendaciones, indica qué debemos hacer los ciudadanos, ciudadanas y sólo se atiene a que sean acordadas y aceptadas por el Presidente de la República”.
Se sellaba un momento en la historia del país, encontrado en condiciones dolorosas y extraordinarias, registrando el rostro político y estado de la democracia de la alternancia ocasionado por una crisis global.
En el juego de contrapesos, desde su escaño el Sen. Miguel Angel Osorio Chong (PRI), sostuvo que “no le pedían a presidente autorización, sino que pedían al Jefe del Titular del Ejecutivo Federal un acuerdo nacional para sumarnos todas y todos en la búsqueda que el tema de salud y económico no sea tan grave como se avecina y se ve qué pasará”.
Agregó que se trata de que “todos vayamos cubriendo las deficiencias de los hospitales, las necesidades, los insumos, que apoyemos todos, medidas para evitar que nos devaste este virus que ya está en nuestro país”. Planteó como objetivo evitar la perdida de 300 mil empleos que dan las micros y pequeñas empresas y la convocatoria. Y quedó a la vista la representación nacional y el sistema político, la responsabilidad legislativa en la historia.
Presentación del Dictamen
Correspondió al Sen. Cristóbal Arias Solís (Morena), presidente de la Comisión de Gobernación presentar a nombre de la Comisión el dictamen de proyecto de la Ley de Amnistía, en el marco de la sana distancia y observando las recomendaciones del Consejo Nacional de Salubridad.
Expuso que decretar amnistía en favor de las personas en contra de quienes se haya ejercitado acción penal, procesadas o se les haya dictado sentencia firme ante los tribunales del orden federal, es el objetivo de la ley, “siempre y cuando no sean reincidentes respecto del delito por el que están indiciadas o sentenciadas, por los delitos cometidos antes de la fecha de entrada en vigor de la ley; por el delito de aborto en cualquier de sus modalidades; delito de homicidio por razón de parentesco, cuando el sujeto pasivo sea producto de la concepción en cualquier momento de la preñez; delitos contra la salud en cuanto a la producción, transporte, comercio, suministro de narcóticos, posesión, introducción o extracción del país, siembra, cultivo, cosechas de plantas de marihuana, amapola, hongos o peyote, siempre que sea de competencia federal en los términos del artículo 434 de la Ley General de Salud, derive de pobreza o de extrema vulnerabilidad; pertenezcan a un pueblo, comunidad indígena o afromexicanas; las personas consumidoras en posesión de narcóticos en cantidades superiores hasta en dos tantos a la dosis máxima de consumo personal e inmediato; cualquier delito de personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas que durante su proceso no hayan accedido plenamente a la jurisdicción del Estado; por el delito de robo simple y sin violencia, siempre que no amerite pena privativa de la libertad de más de cuatro años; delito de sedición o instigación a la comisión de este delito formando parte de grupos impulsados por razones políticas cuyo propósito es alterar la vida institucional, siempre que no se trate de terrorismo y no se haya producido la privación de la vida, lesiones graves a otras personas o se hayan empleado y utilizado armas de fuego”.
“No se concederá el beneficio de ley a quienes hayan cometido delitos contra la vida o la integridad corporal, salvo lo establecido en el artículo 1, fracciones I y II; ni a quienes hayan cometido el delito de secuestro o cuando se hayan utilizado en la comisión del delito armas de fuego. No se podrán beneficiar las personas indiciadas por los delitos a los que se refiere el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o que hayan cometidos otros delitos graves del orden federal”.
Explicó que “el objetivo de la propuesta son las causas del fenómeno delictivo como parte esencial de una nueva política criminal y reconstruir el tejido social que ha sido trastocado luego de más de una década de violencia generada por una política de seguridad ajena a los principios que orientan la procuración e impartición eficaz de la justicia para la preservación del orden y de la paz pública”.
Comisión de Estudios Legislativos
La Sen. Ana Lilia Rivera Rivera (Morena), presentó la iniciativa a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda. Sostuvo que “no se trata de liberar criminales sino de reivindicación y de justicia social, no de impunidad, además de que su aprobación resulta urgente y necesaria en el contexto de crisis de salud”.
Explicó que “como fue advertido por la Alta Comisionada de DH-ONU, durante la pandemia se han producido brotes y fallecimientos en centros penitenciarios de varios países, razón por la que exhortan al Senado que se vote en la medida de lo posible, la Ley de Amnistía”. Agregó que “es una acción preventiva de política criminal de alto alcance”. Reconoce que “la estancia en prisión de personas que hayan sido privadas de su libertad como consecuencia de su condición de marginación puede fomentar que personas sin antecedentes delictivos o que cometieron delitos con penalidades bajas, sean inducidas a la delincuencia organizada”.
Posicionamientos
La Sen. Claudia Ruiz Massieu (PRI), presentó una moción suspensiva sobre la discusión del dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda; en torno a la minuta de la Ley de Amnistía, por haberse incurrido en graves violaciones a las normas del Reglamento del Senado para el funcionamiento de las Comisiones. Explicó que no se dio información de la pertinencia de convocar por la coordinación con la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda; ni del contenido del Orden del Día. Manifestó que se actuó unilateralmente por el presidente de la Comisión y ello constituye un conjunto de violaciones a las normas que regulan la formulación de los dictámenes y que la Presidencia de la Mesa Directiva está obligada a garantizar. Expresó que respecto a la Ley se dan coincidencias con la urgencia y les hubiera sido de su agrado discutir otros temas.
Sen. Damián Zepeda Vidales (PAN)
Reclamó la falta de apoyo para la ciudadanía debido al cierre de puertas del gobierno de López Obrador y sostuvo que resulta increíble que el mensaje de Morena a México sea para apoyar a delincuentes. Manifestó que “deberíamos todos aprobar un plan emergente de rescate económico y de apoyo a la salud de los mexicanos, no para abrirles las cárceles a narcotraficantes y a rateros”.
Dijo que la Ley de Amnistía abre la cárcel a aquella persona que robó hasta 50 mil pesos, además de que advirtió de que no hay una sola mujer en la cárcel por aborto a nivel federal. Retó a los senadores de Morena, “a que muestren un artículo de la Ley de Amnistía que esté ligado a la crisis del Coronavirus, y yo voto a favor”. Aseguró que “quieren las calles llenas de delincuentes. Hay 54 millones de personas en la población económicamente activa” para preguntar “¿por qué están peleados con el mexicano que se levanta todos los días a esforzarse para llevarle comida a su familia? ¿Por qué no merece el apoyo del gobierno?”
Sen. Primo Dothé Mata (Morena)
Atribuyó a la corrupción la injusticia legal, la generación de la injusticia social, también la vinculó con la violencia en el país también consecuencia de esa desigualdad social. Dijo que estas realidades condujeron al país a un Estado cuasi fallido en el cual muchísimas veces la justicia, su procuración y su aplicación se convirtieron en mercancía al mejor postor.
Habló de que estuvo preso, que fue amnistiado, conoció desde muy adentro la realidad de las cárceles, de las personas presas, de sus familias; sobre todo, de esa enorme, cantidad de inocentes y de “quienes cometieron conductas ilegales calificadas por la ley como no graves, empujados por motivaciones de origen eminentemente de crisis socioeconómica”. Refirió que “cerca de 40 mil personas inocentes e injustamente presas y una cantidad similar de quienes cometieron delitos sin violencia, no graves, no de alto impacto, la razón, carencia de recursos económicos para hacer frente a los gastos para su defensa, a su lengua materna distinta al español, a su indefensión ante los actos corruptos que desvirtúan los procesos por aludir algunos motivos”.
Entiende la amnistía como uno de los mecanismos legales adecuados para atender la terrible situación de contingencia sanitaria por el Coronavirus. Sostuvo que Morena votará a favor de la liberación de las personas injustamente presas. Aseguró que “los delincuentes, los culpables de latrocinios de alto vuelo no son quienes van a beneficiarse con esta amnistía; la mafia sin poder no tiene amnistía”. Apunto que “nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador con la honrosa colaboración de quienes propusimos el mismo proyecto alternativo de Nación logra cumplir y/o responderle al pueblo mexicano, vienen estos ataques y descalificaciones sin fundamento sólido por no tener cómo erosionar su liderazgo social”.
Sen. Emilio Álvarez Icaza (Sin partido)
Manifestó su reconocimiento a todo el personal médico por su ardua labor y entrega, incluso porque han sido víctimas de agresiones y cargan con la enorme demanda y frustración, la desesperación de pacientes y familiares que reclaman por respuestas y servicios. Explicó que con la sesión del pleno del Senado de la República le queda a deber al pueblo de México, dado que no se hace cargo de “está en crisis”.
Denunció que “se optó por una estrecha visión mezquina, limitado a la agenda. No atrae la discusión un plan para atender la emergencia económica y social, la destrucción de millones de fuentes de empleo, y la subsistencia de miles y millones de familias en este país. No se analiza el cómo ayudar a agilizar la compra de material para atender a las personas que han sido infectadas con el Covid; cómo podríamos ayudar al SAT para iniciar un programa de incentivos fiscales; para cubrebocas, máscaras, ventiladores y más, y que no se vaya a China a comprarlos, cuando se pueden obtener en Tijuana, Tlalnepantla o Querétaro, tendrían que estar produciéndose en México”.
Sostuvo que “la Ley de Amnistía no cumple con los fines ni va a ayudar a despresurizar humanamente el sistema de reclusorios federal y al país. Esta ley no cumple con los criterios para una Ley de Amnistía ni siquiera es congruente con la exposición de motivos en el recuento histórico que nos hace de las amnistías, que son esencialmente carácter político, son un sistema de justicia transicional”.
Expresó que si se quiere descongestionar el Sistema Penitenciario Federal, es un sistema corrupto y sobrepoblado, aconseja “echar atrás la reforma al 19 constitucional que habla de la prisión preventiva oficiosa, medida que califica de que en realidad va a llenar los reclusorios de población, además de aberración al derecho penal”. Recordó que “el presidente tiene dos herramientas que ya podría haber utilizado: El indulto o el programa de libertad anticipada”. Explicó que, en la Ciudad de México, en el Estado de México se han preliberado a más de tres mil personas en esas dos entidades. Concluyó que no se atiende al maltratado Sistema Penitenciario y la corrupción que existe.
Sen. Patricia Mercado (PMC)
Se pronuncia a favor del dictamen, porque considera que es un avance. Mencionó que el gobernador del Estado de México y la Jefa de Gobierno han iniciado este proceso, y que también el Ejecutivo Federal tiene distintos caminos a través de la petición de la autoridad penitenciaria para empezar a trabajar con el Poder Judicial para temas de preliberación, para aquellas personas que tienen sentencias menores a cinco años.
Relató que “alrededor de 27 mil personas de las 200 mil que están en prisión reúnen condiciones, para esta política de preliberación o libertad condicional e indulto. Viven la precariedad porque no tienen abogado o para pagar la corrupción que eso significa”. Dijo que la Ley de Amnistía, es como un acto de justicia, una ley que avanza en el reconocimiento de derechos y expresa también que la paz no se consigue metiendo a gente en la cárcel.
Llamó a votar a favor, pues hay que reconocer que los centros penitenciarios hoy en día son espacios donde se vulneran los derechos, como ha certificado la Comisión Nacional de Derechos Humanos y también la Alta Comisionada de Naciones Unidas. Se dijo de acuerdo en que tendríamos que haber discutido en esta sesión otros temas.
Uno a uno senadores y senadoras subieron rubricando la historia Legislativa: Indira de Jesús Rosales San Román, Marco Antonio Gama Basarte, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez (PAN); Raúl Bolaños Cacho Cué (PVEM), Alejandra León Gastélum y Nancy de la Sierra Arámburo (PT), Imelda Castro Castro (Morena) y Miguel Ángel Mancera (PRD), desde tribuna con sus discursos reubicaron un proceso histórico.