En comisiones unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, senadores aprobaron el proyecto enviado por la Cámara de Diputados que tiene como objetivo actualizar la Ley Federal de Consulta Popular y armonizarla con las reformas constitucionales en la materia. Con 6 votos a favor y 3 en contra apoyan el dictamen por los integrantes de la Comisión de Gobernación, que preside la senadora Mónica Fernández Balboa. Senadoras/es de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, que preside Ana Lilia Rivera Rivera, lo avalan con 7 votos, 1 en contra y 2 abstenciones. Se propone que las consultas populares podrán ser anuales y llevarse a cabo el primer domingo de agosto de cada año; igualmente incorpora que este mecanismo de participación ciudadana para temas de trascendencia regional, que son competencia de la federación.
Se plantea con el dictamen que el resultado de la consulta popular será vinculante con los poderes Ejecutivo y Legislativo, y determina que el Instituto Nacional Electoral (INE) se encargue de la promoción y difusión del ejercicios de democracia participativa. Igualmente se amplían los temas que no pueden ser objeto de consulta popular, como es la permanencia o continuidad en el cargo de las personas servidoras públicas de elección popular, asuntos del sistema financiero como es el Presupuesto de Egresos de la Federación y las obras de infraestructura en ejecución. No serán asuntos de consulta la restricción de los derechos humanos reconocidos por los tratados internacionales de los que México es parte. En los perfeccionamientos de la reforma por el Senado destaca el proceso de recolección de firmas, puesto que incorpora la digitalización para la obtención de éstas.
En cuanto a asuntos de trascendencia nacional, los ciudadanos podrán solicitar una consulta popular con el respaldo de “al menos 2% de las personas inscritas en la lista nominal de electores”. En lo que corresponde a las consultas regionales, se requerirá del mismo porcentaje de las personas inscritas en la lista nominal de electores del estado o estados que correspondan. Resalta la mejora de que los ciudadanos deberán presentar su solicitud de petición de consulta popular ante cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión y cada Cámara contará con un plazo de 20 días naturales contados a partir de la recepción de la petición para votar el respectivo dictamen.
Se informa que la mayoría de los integrantes de las comisiones, desecharon las propuestas de modificación presentadas por los grupos parlamentario del PRI y del PRD. Acordaron realizar al documento las adecuaciones de técnica legislativa y de lenguaje incluyente. Se fortalece la igualdad de género en fórmulas electorales de candidatos independientes. Simultáneamente se aprobó un dictamen que reforma la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la cual propone que, para el caso de las candidaturas independientes, las fórmulas encabezadas por una mujer, sean integradas por personas del mismo género; plantea que las fórmulas encabezadas por un hombre, la suplencia podrá ser ocupada de manera indistinta, ya sea por un hombre o una mujer. Esta disposición también aplicaría para los casos de diputados federales y senadores federales.
Justicia
Se reunieron en la modalidad de distancia las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, aprobaron el proyecto para expedir la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del PJF, así como para reformar diversos ordenamientos. El objetivo del dictamen es erradicar el nepotismo y hostigamiento sexual, garantizar la independencia, imparcialidad, idoneidad, estabilidad, profesionalización y especialización de los servidores públicos del sector. Se trata de la legislación secundaria de la reforma constitucional que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 11 de marzo de 2021. Legisladoras/es avalaron una adenda consensuada por diversas fracciones parlamentarias, con el objetivo de fortalecer la autonomía e independencia de juezas y jueces, blindar su trabajo al darles certidumbre jurídica para evitar presiones en su labor jurisdiccional.
El Sen. Julio Menchaca Salazar, presidente de la Comisión de Justicia, manifestó que el Senado ofrece los instrumentos necesarios al aparato de justicia para que pueda atender los reclamos de la sociedad. La Sen. Ana Lilia Rivera Rivera, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, destacó la labor de los grupos parlamentarios para generar un entorno de mayor certidumbre jurídica y fortalecer a uno de los ámbitos públicos más señalados, respecto de la corrupción e impunidad. La Sen. Lucía Trasviña Waldenrath (Morena), afirmó que el objetivo del proyecto es eliminar la corrupción y el nepotismo; fortalecer al Instituto Federal de Defensoría Pública; consolidar un sistema de carrera y ampliar sus servicios. Indicó que así se cumple con las demandas históricas ciudadanas de garantizar el acceso a la justicia.
Nancy de la Sierra Arámburo (PT), resaltó el trabajo de las comisiones en el diseño de dos nuevas leyes; advirtiendo que el dictamen ameritaba “una discusión de mayor trascendencia”. A la par que pidió garantizar la presencia de las mujeres como integrantes de los órganos jurisdiccionales. La senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas, reconoció el esfuerzo por parte de todas las fracciones parlamentarias para analizar este paquete de reformas. Sostuvo que la propuesta, busca atender temas sensibles para la sociedad como el nepotismo, el acoso sexual y la transparencia en la selección del personal. El coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera Espinosa, indicó que una de las preocupaciones de estas reformas es que se proteja la autonomía e independencia de las juzgadoras y los juzgadores, por lo que la adenda se encargará de fortalecer esta materia.
El Sen. Juan Zepeda (MC), denunció que su bancada no fue informada ni invitada a las mesas de trabajo para analizar la propuesta. “Nuestra fracción parlamentaria -dijo- también tiene propuestas para mejorar el trabajo del Poder Legislativo”. Damián Zepeda Vidales (PAN), consideró que la reforma constitucional no representa un verdadero cambio en la impartición de justicia; por el contrario, existen temas negativos como el control del PJF, toda vez que los nuevos nombramientos de magistrados pueden verse afectados por el dominio Ejecutivo sobre el Consejo de la Judicatura. El dictamen, junto con la adenda, fue aprobada con nueve votos a favor, una abstención y uno en contra, en la Comisión de Justicia; así como nueve votos a favor, uno en contra y dos abstenciones de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda.
Feminicidio
Sen. Ruth A. López Hernández (MC), propuso reformar el Código Penal Federal que amplia de 4 a 10 años de prisión a quien filtre imágenes, audios o documentos relacionados con los hallazgos de un hecho delictivo, así como a quien las difunda, publique o comercialice. Está iniciativa será analizada en las comisiones unidas de Justicia. Para la Igualdad de Género, y de Estudios Legislativos. Sugirió que cuando se trate de feminicidio, la sanción por la filtración, difusión o publicación de la información se incremente en una tercera parte. La propuesta no sólo busca que prevalezca y respete el principio de confidencialidad en toda investigación, sino proteger y garantizar la dignidad de las víctimas. Aseveró que lamentablemente los feminicidios y homicidios dolosos en contra de mujeres han abierto otro frente: la filtración de imágenes de aquellas que fueron asesinadas. Este tipo de prácticas, violenta los derechos y dignidad de las víctimas, además de fomentar la revictimización. Se refirió a que en México 11 mujeres son asesinadas todos los días. En 2020 se registraron 939 feminicidios y 2,791 casos de mujeres.
Buró de crédito
La Sen. Martha Mª Rodríguez Domínguez (PAN), propuso reformar la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, a fin de terminar con sanciones excesivas y aminorar la temporalidad de los deudores en el buró de crédito. La propuesta, en el contexto de una pandemia, cuyo impacto en la economía mexicana derivó en una de sus etapas más críticas, hace necesario tomar medidas flexibles, que permitan a las personas afectadas tener la solvencia para pagar y evitar que se dañe, con una mala reputación su historial crediticio. Planteó disminuir de 72 a 18 meses, el plazo para que las sociedades financieras conserven o eliminen el historial crediticio de los usuarios, a fin de que puedan tener acceso a servicios bancarios. Sostuvo que con una regulación de este tipo se ayudará a enfrentar las repercusiones financieras ocasionadas por el COVID-19, además apoyaría en la reactivación urgente de la economía. Dijo que se trata de una demanda de las personas que han perdido sus empleos y cargan con deudas que no han podido solventar. Mencionó que quienes están en el buró de crédito, generalmente tienen deudas por montos muy pequeños, pero a pesar de ello, derivan en cartera vencida, por lo que se debe impedir que sean boletinados por años.
ONU
El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Eduardo Ramírez refrendó el compromiso de la Cámara Alta para a impulsar la agenda legislativa pendiente. La Cámara de Senadores y ONU.Mujeres, suscribieron un convenio de colaboración, con el objetivo de impulsar propuestas legislativas que fortalezcan las medidas para erradicar la violencia de género en el país. El documento fue firmado por el Sen. Ramírez Aguilar; Belén Sanz Luque, representante en México de ONU-Mujeres; y t los legisladoras y legisladores. Ramírez Aguilar asentó que en el Senado se han visibilizado los problemas que aquejan a las mujeres y que han llevado a los movimientos feministas a manifestarse en contra de “esa realidad cruel y difícil que en la actualidad tenemos”.
Sostuvo que la firma del convenio compromete a los senadores a sacar adelante la agenda legislativa pendiente en favor de este sector de la población. Y convocó a las legislaturas locales para armonizar la legislación que se aprueba en el Congreso de la Unión. Propuso que “de la mano del Fiscal General de la República se convoque a todos los procuradores y fiscales de México, para fortalecer el marco jurídico en materia penal y tipificación de delitos”. Dijo que como órgano legislativo, han hecho lo que corresponde, avanzado en reformas constitucionales para, entre otros objetivos, garantizar la paridad de género en los tres Poderes, espacios que se han ganado las mujeres con la férrea convicción de participar en la vida pública. El convenio establece las bases generales de colaboración para que el Senado y ONU-Mujeres realicen actividades tendientes a discutir, analizar y elaborar propuestas legislativas para erradicar la violencia contra las mujeres y niñas.
Padrón Celulares
Con el objetivo de frenar extorsiones y secuestros; las más de la veces generados desde centros penitenciarios. En reunión a distancia, la Comisión de Estudios Legislativos, que preside el Sen. Manuel Añorve Baños, se aprobó el dictamen de la minuta que reforma la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para crear el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. El objetivo central de la reforma es frenar los delitos de extorsión y secuestros que, en muchos casos, se cometen desde los centros penitenciarios, a través de teléfonos celulares que ingresan de forma clandestina a las prisiones. Se propone que la información contenida será confidencial y reservada, en los términos de las leyes en materia de transparencia y protección de datos personales. De acuerdo con el documento, el IFT será el organismo encargado de instalar, operar, regular y mantener el padrón; así como de procurar su buen funcionamiento y el intercambio de información con las autoridades competentes. Además establecerá los procedimientos para validar la información que deba incorporarse al registro, conforme a los sistemas.
Marihuana
Con 8 votos en favor, 2 en contra y 3 abstenciones, la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda avaló los cambios que propuso la Cámara de Diputados al proyecto que expide la Ley Federal para la Regulación del Cannabis. En reunión de trabajo, la Comisión de Justicia se respaldó el proyecto de decreto que también reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, por lo que este dictamen aún se tiene que tratar en la Comisión de Salud. La Sen. Ana L. Rivera Rivera explicó que la mayoría de los cambios realizados por la colegisladora son de técnica legislativa, pero también hay modificaciones de fondo que no mejoran el proyecto para la regulación del cannabis. Esas modificaciones deshacen varios avances logrados por el Senado.
Precisó que el dictamen se inclina por la aprobación de la minuta, pues con ello se podrá cumplir con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esta materia, así como iniciar con la regulación del cannabis psicoactivo, permitiendo con ello el goce efectivo del derecho humano al libre desarrollo de la personalidad. La Sen. Jesusa Rodríguez Ramírez (Morena), reconoció que “los cambios enviados por los diputados tienen muchas carencias, “así como las tuvo el proyecto que salió del Senado”; no obstante, advirtió, si se detiene en este momento la reforma “se estaría dando un paso hacia atrás”. Damián Zepeda Vidales (PAN) señaló que el debate de fondo es sobre qué tipo de país se quiere: uno que promueva o privilegie la sana convivencia, fomente los valores y el crecimiento sano de los niños, o uno que se preocupe por facilitar el acceso a las drogas, esa es la disyuntiva.
Se pronunció en contra del dictamen, la Sen. Ruiz Massieu Salinas (PRI), que expuso que no se puede votar en favor de un dictamen que admite que los cambios al proyecto original del Senado contienen inconstitucionalidades y antinomias, infringe derechos humanos y que no servirá para un esfuerzo serio de regulación. La Sen. Sierra Arámburo, dijo que es realmente preocupante la revisión que hizo la colegisladora a la minuta que le envió el Senado. Además, lamentó profundamente los atropellos que incluyó al proyecto a través de “modificaciones estigmatizadoras y discriminatorias”. El Sen. Macera Espinosa consideró que esta minuta no cumple con la sentencia de la SCJN. Además, que el dictamen reconoce expresamente que hay inconstitucionalidad y que se afectan los derechos humanos.