Clara Jusidman
Al participar desde hace varios años en las organizaciones de la sociedad civil (OSC), uno reconoce las características del contexto en el que operan en México:
1. Su fuente principal para subsistir es el trabajo voluntario que aportan sus integrantes al ejercer su derecho a participar y a organizarse para contribuir al bienestar colectivo. Aún son pocas las personas que realizan trabajo voluntario y que se organizan para llevarlo a cabo.
2. Las OSC siempre han enfrentado una difícil situación para obtener financiamiento debido a una escasa cultura de filantropía y de donación en nuestro país en comparación con lo que ocurre en otros como Estados Unidos y Brasil. Sobreviven con apoyos de organizaciones internacionales, de fondos púbicos de otros países, de fundaciones privadas, de gobiernos locales, donaciones de personas físicas y de sus propios asociados.
3. Como en todo sector social existe una enorme heterogeneidad en las organizaciones ciudadanas. Hay organizaciones religiosas, organizaciones conservadoras, organizaciones con agendas progresistas; algunas muy focalizadas en el territorio, otras de alcance estatal o nacional; aquellas que brindan asistencia social a grupos en situación de vulnerabilidad, otras que realizan activismo cívico y otras más que privilegian la investigación. Se estima que generan 1.1 millones de empleos. 5,100 de ellas tienen el carácter de donatarias autorizadas y la información sobre el origen y el destino de sus recursos es transparente y vigilada por la SHCP.
Desde la década de los años setenta del siglo pasado, frente al autoritarismo gubernamental prevaleciente, empezaron a surgir organizaciones en defensa de los derechos humanos, de los derechos de las mujeres, del medio ambiente, de los pueblos originarios, de la infancia, muchas de las cuales se unieron en la década de los años noventa para luchar por la democracia y terminar con el partido único en el poder. Su contribución al tránsito hacia una democracia electoral fue fundamental.
En los veinte años transcurridos de este siglo, las agendas de las OSC se diversificaron para incluir el seguimiento al ejercicio del poder público y la observación de las elecciones exigiendo rendición de cuentas, transparencia, acceso a la información, a la justicia, a la reparación del daño y el derecho a la libertad de expresión. Surgieron organizaciones para la defensa de las poblaciones migrantes y de las víctimas, de los barrios, colonias y territorios, del agua y en contra de los proyectos mineros, de las semillas transgénicas y de los agrotóxicos, del derecho a la alimentación, entre otras agendas.
Varias actividades de las OSC no son llevadas a cabo por los gobiernos por su nivel de especificidad y complejidad como son diversos servicios de asistencia social, la atención a víctimas o la defensa de los territorios y del agua.
Por sus actividades de denuncia pública son temidas por los gobiernos y los partidos políticos. Son combatidas e incluso violentadas por los poderes de hecho a los que afectan.
Lamentablemente la izquierda política no entiende, no acepta y combate a las OSC. Muchos de sus militantes consideran que entregarles fondos públicos o permitir que las personas y fundaciones privadas les den donativos al ser estos deducibles de impuestos, conllevan actos de corrupción y elusión del pago de impuestos. Consideran que sólo los gobiernos emanados de la izquierda atienden las necesidades de la población.
En años recientes estamos volviendo a experimentar una política de combate y destrucción de la participación y organización de la ciudadanía mediante una aplicación generalizada de medidas que afectan a todas las organizaciones sociales, sin distinción alguna.
La estrategia consiste en desprestigiar su trabajo y eliminar su acceso a fondos públicos federales. Asimismo, con la propuesta de reforma al artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta que busca limitar las deducciones personales en materia de donativos, las organizaciones podrían dejar de percibir más de 8 mil millones de pesos provenientes de donativos de personas físicas nacionales, perjudicando más a cerca de 2,000 organizaciones que reciben entre 30% y 100% de sus fondos de esas donaciones personales, de acuerdo a datos del CEMEFI. Entre ellas está la Cruz Roja, el FUCAM que atiende cáncer de mamá, los albergues para poblaciones migrantes, como ejemplos.
Muchos pensábamos que la oposición y el combate a la participación y organización de la ciudadanía que caracterizó a los gobiernos del PRI por 70 años, había sido superada. De continuar con esta política el daño hacia los grupos de mayor vulnerabilidad social y a la defensa de los derechos humanos será irreparable.