Concluyen los foros de análisis “Hacia la Construcción del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Retos y Análisis”. En los temas resaltan asuntos como juicio hipotecario, prescripción adquisitiva, sucesiones y concursos de la propiedad, tenencia de la tierra y certeza jurídica de los inmuebles de los ciudadanos que debido a deudas, intestados, procesos testamentarios o ventas indebidas no tienen seguridad. Participante de los trabajos la diputada Aleida Alavez Ruiz, coordinadora del Grupo de Trabajo de Justicia Cotidiana, refirió que la vivienda debe de observarse desde una óptica constitucional del derecho humano y no como un producto. En su opinión el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares tendrá, entre sus objetivos, regularizar la tenencia de la tierra y anunció que será necesario reformar otras leyes para que la vivienda adecuada sea una realidad. Documentada en los datos, dijo que entre 25 y 30% del territorio nacional está en posesión de particulares irregularmente, por lo que la homologación del sistema jurídico procesal único permitirá definiciones concretas, por ejemplo, qué es una hipoteca y donde su definición incidirá en el patrimonio familiar.
En ese mismo evento Carlos Martínez Velázquez, director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), comentó la necesidad de crear juzgados especializados en materia hipotecaria, transitar hacia un esquema de juicio civil ordinario oral, hacia una defensoría pública, además de la creación de un registro nacional de abogados, es el surgimiento de una mediación obligatoria para reestructurar la deuda en caso de insolvencia y se ubique al centro de este marco jurídico a las personas y no a las entidades financieras.
En su participación el director general del Instituto Nacional del Suelo Sustentable, José Alfonso Iracheta Carroll, manifestó que el juicio hipotecario debería ser un procedimiento especial que resuelva controversias originadas con motivo del pago u obligaciones garantizadas con la hipoteca. También, ordenar sus etapas procesales para mayor claridad del procedimiento que deben seguir las partes y el juzgador. Es de reconocer el análisis de temas como son los procedimientos ágiles y útiles para resolver los conflictos ante los órganos jurisdiccionales, como lo planteó, Julieta Cortés Fragoso, directora ejecutiva de Asuntos Jurídicos e Inmobiliarios del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, que además solicitó analizar los transitorios del Código Nacional, ya que prevé ocho años de plazo para concretar su materialización, pero falta infraestructura y recursos.
Vivienda
La Dip. Alavez Ruiz (Morena), informó que durante los seis foros y una conferencia magistral se contó con el apoyo y acompañamiento de integrantes del Grupo, de la UNAM, la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de la República Mexicana. Además de que contaron con cobertura desde Baja California a Quintana Roo, dando espacio a la representación de todas las entidades federativas, de la academia, servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, colegios y barra de abogados, más de 50 ponentes cuyas presentaciones son públicas y están colocadas en el micrositio del Grupo de Trabajo para el acceso libre de todos los interesados.
Para Alavez Ruiz el siguiente paso estará orientado a temas particulares como las consulta a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, así como a las personas con discapacidad; todo ello, para contar con un dictamen a la brevedad. Por su parte la presidenta de la Comisión de Vivienda, Lilia Aguilar Gil (PT), comentó que se ha reformado desde la Comisión de Puntos Constitucionales y se espera que en el Pleno sea aprobado, el cambio de lógica de que la vivienda no es un producto, sino un derecho de los mexicanos que se debe garantizar desde las leyes. Indicó que se trata del primer paso desde la Comisión de Vivienda para hacer una legislación que garantice que los mexicanos tengamos el derecho a la vivienda, como debe ser y lo marca la Constitución.
Presupuesto
Tres secretarios de Hacienda distintos arrojan tres Presupuestos de Egresos en en tres diferentes momentos de los cuatro de la administración. Así tres estilos de lectura se ofrecen a los diputados en el modo de entender el tema presupuestal. Para 2023 en la tendencia del Titular de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O observamos el que privilegiar porcentajes en lugar del gasto con cantidades totales. Los ciudadanos y acostumbrados a la lectura del PEF de los pasados gobiernos, hoy se encuentran con que se anuncian nuevas andanzas que van desde la forma de presentar el nuevo presupuesto a otra de más compleja lectura. Y es que van las explicaciones en el sentido de unas enrolladas argumentaciones cuya orientación no es otra que aquella que escatima la claridad y que oscurece lo que está a la vista para mostrar lo malo que somos los mexicanos con los números. Mucho debido a sus malabares verbales. Así que los diputados se enfrentan a un documento presupuestal complejo para el 2023, en un tejido de enredos con escaramuzas del litoral de la politiquería
Como se mira el gasto
Desde que asume el gobierno federal la administración de López Obrador se hace cargo por azar de una parte de los pobres otorgando una pensión que representa un gasto de: 335.449.4. mdp; Pensiones de Personas con Discapacidad: 24.077.76 mdp; Niñas y Niños: 2.296.5 mdp; Jóvenes Construyendo el Futuro: 23.090.5 mdp; Precios de Garantía: 11.957.2 mdp; Sembrando Vida: 337.136.5 mdp; Programas de Becas: 83,638l 9 mdp; Universidades para el Bienestar: 1.490.3 mdp; Pesa: 1.688.7 mdp; Fertilizantes: 16.684.1 mdp; La Escuela es Nuestra: 27.052.9 mdp; Productos para el Bienestar: 15.506.9 mdp; Programas de Vivienda Social: 4.521.9 mdp; Reconstrucción: 1.239.2 mdp; Programa de Mejoramiento Urbano: 6.647.4 mdp; y Adquisición de leche y Abasto rural: 7,163,8 mdp.
Mamíferos marinos
Diputados integrantes del PVEM proponen un iniciativa para modificar la Ley General de Vida Silvestre Carlos Alberto Puente Salas, coordinador del grupo parlamentario, se propone impulsar una iniciativa que reforma el artículo 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre, con el fin o de prohibir el uso de ejemplares de mamíferos marinos en espectáculos fijos, así como en cualquier actividad cuya finalidad no sea la investigación científica, para su conservación o preservación. La propuesta fue turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la iniciativa también elimina la posibilidad del aprovechamiento extractivo para las instituciones de educación superior acreditadas.
También se planteó la necesidad de transitar hacia la erradicación de cualquier acto de crueldad y maltrato contra los animales, especialmente de aquellos que han sido sustraídos o condicionados a vivir en cautiverio para dar un servicio a costa de su supervivencia y bienestar. Entre los artículos transitorios de la iniciativa se establece que los propietarios y poseedores de mamíferos marinos en cautiverio contarán con un plazo de 30 días naturales, a partir de la entrada en vigor del decreto, para integrar y entregar un inventario de los ejemplares a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). De igual forma, precisa que los propietarios y poseedores de los mamíferos marinos que se encuentren en cautiverio, contarán con un plazo de 12 meses para elaborar y presentar ante la Semarnat un protocolo de rehabilitación y reintroducción a su medio natural de aquellos ejemplares que se consideren candidatos, debiendo informar la metodología del mismo.
Entre Poderes el Presupuesto
Como mandata la ley se realizó la entrega-recepción, del Paquete Económico para el ejercicio administrativo 2022-2023 al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, expresó que en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 74, fracción IV de la Constitución Política “recibo a nombre de la Cámara de Diputados el proyecto del PEF para el Ejercicio Fiscal 2023 que envía el titular del Poder Ejecutivo Federal, por conducto del secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O”. Manifestó que con responsabilidad y bajo el principio constitucional de la división de poderes, se llevará a cabo el análisis puntual del PEF presentado, a fin de cumplir con los objetivos de bienestar que tiene el pueblo de México. Pondremos el mejor empeño para que a través de la pluralidad y diversidad sea la discusión y aprobación, y que resulte en bienestar de todas y todos los mexicanos”.
Mencionó la actual situación económica que obliga a revisar a fondo la propuesta que presenta el titular del Ejecutivo, el cual consiste en los Criterios Generales de Política Económica, la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. Recibió la propuesta a nombre de los 500 diputados, y reconocen que existe la plena conciencia de las necesidades más apremiantes de la población. Destacó que, en el ejercicio de las responsabilidades de la Cámara de Diputados, se buscará siempre el justo equilibrio entre los recursos, siempre limitados, y las carencias y los problemas que más afectan a las familias mexicanas. El contexto económico y social de hoy es complejo, particularmente la situación de la inflación que incide en la economía y los retos de seguridad que enfrenta el Estado mexicano, la pobreza, la desigualdad imperante, la salud y la educación, “nos obligan a las y a los legisladores a actuar con total realismo y, especialmente, con sensibilidad y con un enfoque social. Para Creel México requiere se un Paquete Económico que permita lograr la estabilidad de las finanzas públicas y atender las urgencias de gasto que demandan la población y los sectores prioritarios; habrá que satisfacer los requerimientos que plantean los estados y los municipios, así como el logro de un crecimiento económico sostenido que fomente el empleo, las inversiones, infraestructura y que detone oportunidades de ingreso y desarrollo para todas y todos los mexicanos.
Inclusión
No obstante, de los avances legislativo e instrumentos internacionales que a firmado el país, aún no hay suficientes acciones públicas que eviten la discriminación y fomenten la inclusión de las personas con discapacidad, sea cual fuere el estado. Para la Dip. Gabriela Sodi Miranda (PRD), no existe difusión suficiente en la lengua de señas, ni tampoco animales de compañía y disposición de aceptarlos en los distintos comercios privados y oficinas públicas. Tampoco se registra suficiente comunicación en lengua braille, no existen protocolos ni capacitación para recibir, atender y comunicarse con personas de talla pequeña, en silla de ruedas, sordomudo o invidente.
En la fundamentación del dictamen, la presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, destacó que se analizaron tres iniciativas sobre las facultades del titular del Ejecutivo federal en materia de atención a la discapacidad. Precisó que el agregado a la ley es importante para normalizar las distintas características de la condición humana, con la intención de buscar la máxima calidad de vida para las personas con discapacidad, su inclusión plena y sin discriminación. El objetivo es que el Poder Ejecutivo implemente políticas públicas que promuevan la vida independiente y sin discriminación. Propone que se refleje en el marco de la recepción del PEF como respaldo con presupuesto a estas políticas de inclusión social.