Cerró el primer periodo ordinario de sesiones de la LXV Legislatura, etapa también definida en la historia electoral federal por los ciudadanos y ciudadanas de a pie como la asamblea de diputados intermedia más competida y votada de la historia. Igualmente destaca el peso del voto a favor de una mayoría relativa derivada de la alianza parlamentaria del partido gobernante y por otra, la formada por los grupos de oposición.
Entre el panorama sobresalen el uso de medidas de control constitucional como son los recursos de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y la tenue sombra de la posibilidad del juicio de amparo, también en la pista de los procesos de la judicialización de la política, los delitos de corrupción, usurpación de funciones y abuso de poder, todos delitos cometidos por funcionarios públicos, sancionados con cárcel y enmarcados en el Titulo Décimo Capitulo Primero artículos 210, 213, 213 Bis, 214, 215 del Código Penal Federal.
Con la suma de los estruendos de los juicios mediáticos y la reflexión de cómo viven los ciudadanos los excesos de una legislatura identificada como transformadora, con indefinidos resultados, con una débil oposición, dudosos contrapesos, la falta de alternativa de proyectos de gobiernos y políticas públicas alternas, avasallamiento presupuestal y la tendencia a minimizar la socialización del Presupuesto de Egresos de la Federación y la Miscelánea Fiscal 2022, resalta lo que ha derivado el conflicto suscitado por el recorte presupuestal al Instituto Nacional Electoral (INE) para la realización de la Consulta de la Revocación de Mandato, tal como lo establece la Constitución y dilatarla hasta finalizar el proceso del conteo de las solicitudes para su realización, acentúo las tensiones entre consejeros del INE y el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, quien por cierto, en la Legislatura pasada se desempeño como representante Legislativo ante el Consejo General, lo que dio cuenta de las diferencias
La gran asistencia de mujeres y hombres a las urnas en junio de 2021 dejó el testimonio de la creciente e intensa competencia política electoral por el Poder Legislativo, especialmente en la Cámara federal de representación popular responsable de aprobar el Presupuesto, sobre la que ciudadanos y ciudadanas han asimilando su importancia en un sistema frágil de contrapesos y de autonomía que aún consolida los puentes de información y transparencia construyendo una cultura parlamentaria.
En un ejercicio marcado siempre por las tensiones de lo electoral en el orden de los estados, congresos locales y municipios, lo interesante del pasado proceso electoral es que también se combinaron comicios del orden estatal en los que Morena obtuvo la mayoría de las gubernaturas, y más presencia en los congresos locales, acompañado de un importante retroceso en las alcaldías de la Ciudad de México y pérdidas de escaños en la Cámara de Diputados federal, lo que por cierto agravó tensiones.
El resultado del trabajo legislativo del último trimestre de 2021, más que apuntar en la avanzada de la democracia lo hace sobre la ruta de una agenda pendiente en la que destaca la Reforma Eléctrica enviada por el Presidente de la República y se asoma otra de relieve como es la política electoral que tiene como centro la reforma del INE y de paso abrir las posibles discusiones sobre otros órganos autónomos y la función de algunos organismos que anuncian con cerrar oficinas administrativas en un proceso de transformación de instituciones.
Ya sea por mandato de Ley o presiones de la reforma, todo apunta a que la reforma electoral significa la salida de algunos consejeros entre ellos el consejero presidente Lorenzo Córdova Vianello y Ciro Murayama Rendón, representando una lucha permanente por la autonomía del Instituto, además de convertirse en un bastión a los embates por los altos salarios que los propios diputados le han asignado a los consejeros equiparando los emolumentos a los que reciben los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
De importancia pública en el escenario nacional resulta el disenso entre las y los diputados de Morena y las y los de la mayoría de los consejeros del INE en torno al Presupuesto de la institución para la realización de la Consulta de la Revocación de Mandato, de la que se desprende una interesante presión social que resultó en una demanda penal en contra de los seis consejeros que votaron a favor de suspender la consulta por no contar con presupuesto hasta terminar el recuento y posteriormente el desistimiento del diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de la LXV Legislatura quien puso la denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que aún no la ha desechado y resulta una carta abierta en juego entre una confrontación que ha escalado los niveles ordinarios.
Es ya un lugar común encontrarnos con un acontecer legislativo que registra y acumula frecuentemente acciones y recursos de inconstitucionalidad interpuestas ante el Poder Judicial por distintos grupos parlamentarios, y además promovidas por organizaciones sociales, lo que lleva a la escena política y de la justicia un interesante análisis del equilibrio de Poderes y pone bajo las luces de los expertos no sólo la calidad del proceso legislativo, el sentido y el impacto de la producción legislativa y las repercusiones de las acciones públicas, los intereses, fuerza y resistencia de los grupos sino que pone a prueba la propia autonomía del Poder Judicial de la Federación y en el orden local al de los estados.
El diferendo que ha resultado entre la Cámara de Diputados y parte del Consejo General del INE, el Titular del Ejecutivo federal y el presidente de la Mesa Directiva de la LXV Legislatura, hasta hoy en 30 años de la alternancia no se encuentra antecedente y adquiere otra dimensión con una denuncia penal contra los seis los consejeros.
El antecedente de presentar denuncias conforme emitan votación los órganos colegiados autónomos sienta un precedente perverso puesto que además de lo antijurídico de la denuncia amparada en un supuesto derecho ciudadano pero firmada por el presidente de la Cámara de Diputados en su carácter de funcionario público lo hace susceptible que la puedan voltear en su contra los consejeros electorales puesto que es el presidente de la Cámara quien está cometiendo delitos como el abuso de autoridad y la usurpación de funciones, aspectos que no tienen ninguna relación con el fuero cameral y tendremos una guerra de denuncias que sólo ensucian el ya deteriorado ambiente político.
El caso es que entre las intensidades políticas y legislativas se salió de foco la Ley de la Consulta de la Revocación de Mandato a la luz presupuestal, se ponen en juego las autonomías y se escribe y profundiza una vía de judicialización que pone en juego más que los elementos presupuestales en una historia de judialización y régimen político.
En el panorama no pasa inadvertido un precedente y es el que se inaugura la vía de presentar denuncias penales conforme emitan votaciones los órganos autónomos colegiados. Se inaugura una práctica perversa, independientemente de lo antijurídico de la denuncia amparada en el supuesto derecho ciudadano pero firmada por el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados en su carácter de funcionario público, lo que lo hace susceptible de que le puedan voltear los consejeros electorales la denuncia, y se escale a otros grados de tensión con el que puede significar que Gutiérrez Luna es quien está cometiendo delitos como el abuso de autoridad y la usurpación de funciones, aspectos que no tienen ninguna relación con el fuero federal y activaría una guerra de denuncias que no sólo enrarecen al deteriorado ambiente político que ya, bien muestra su crisis federal como el caso que se vive en el Senado de la República con la arbitraria detención del secretario de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), José Manuel del Río Virgen que preside el coordinador de Morena, senador Ricardo Monreal Ávila.
No hay duda de que vivimos momentos complejos y polémicos que demanda la prudencia de todos, pero no deja de preocupar el destino que puedan correr aquellos legisladores y funcionarios que discrepen contra las decisiones que vienen tomando las mayorías ubicadas lo mismos en los Poderes, organismos colegiados y dependencias oficiales o también presidencias municipales o gobiernos estatales.