Clara Jusidman
El deficiente y perjudicial manejo de la pandemia de COVID y la lenta, tardía e insensible respuesta al desastre provocado por el huracán Otis en Guerrero, son claros ejemplos del cambio de los objetivos de gobernar en nuestro país.
Se ha ido perdiendo el propósito de hacerlo para generar bienestar y seguridad en un territorio compartido. Cada vez más el interés se centra en mantener el poder y el control político. Cerrarse al diálogo y a la construcción de consensos es la consigna.
Se atenta contra el derecho a la participación, a la organización, a la solidaridad y a ser corresponsable frente a las tragedias que afectan a la población. Actualmente, todo tiene que ser decidido, organizado y provisto por el gobierno federal y el ejército. Sólo el gobierno federal provee las vacunas, aunque las que ofrece no sirvan para proteger a la población de la variedad actual del virus.
La decisión presidencial inicial fue que sólo el ejército distribuyera los apoyos sociales para las personas afectadas en Guerrero, para evitar privilegios o con el fin de usarlos para las campañas políticas en curso. Afortunadamente el ímpetu de la sociedad civil, tantas veces evidenciado frente a las recurrentes catástrofes, impidió que esa decisión se mantuviera.
De acuerdo con la doctrina de la 4T vivir en pobreza significa ser bueno, digno, aceptar todas las decisiones que el presidente toma porque lo hace por el bien de los pobres, del pueblo. El propósito es eliminar los privilegios. El interés parece ser nivelar hacia abajo a todos aquellos que viven por encima de la línea de pobreza, porque cualquier deseo de superarla, se interpreta como ¨aspiracionistas”.
Lo importante es mantenerse en el poder para cambiar la cultura y empoderar a la población pobre y seguir destruyendo todo lo que se oponga al proyecto de la 4T.
Por eso no importa borrar de un plumazo instituciones y violar legislación que tomó años crear para contar, por ejemplo, con capacidades y recursos asegurados para la previsión y atención de desastres, proteger y evitar el deterioro del medio ambiente, apoyar las ciencias y el desarrollo tecnológico, la atención a víctimas o la provisión de cuidados.
Tampoco importa, usar los puestos del gobierno para colocar a personas de confianza sin capacidad alguna, que desconocen sus funciones y responsabilidades y cómo ejercerlas como es el caso de la gobernadora de Guerrero o mantener a diputados y senadores que van a votar siempre a favor de las iniciativas presidenciales por temor precisamente, a perder sus privilegios y su participación en puestos de poder.
Sólo el presidente, con el voto de sus legisladores, decide el destino de los recursos que aportamos todos y todas o que provienen de la explotación de nuestros bienes comunes. Por ello, únicamente si viene una orden presidencial, los legisladores de Morena se atreverán a destinar recursos del presupuesto de 2024 para atender la emergencia y la reconstrucción de Acapulco y de varias comunidades afectadas de Guerrero.