La mañanera de salud

Autor Congresistas
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  • Demandas y reclamos
  • Derecho universal a la salud
  • Dialogo directo en salud

Entre las demandas y compromisos electorales, la salud como derecho primordial, busca sus garantías y certidumbres. La salud pública en México cuenta con una larga tradición social y revolucionaria, por ello hacerse oír no puede desatenderse.

El sistema de salud pública se ha visto en una complicada transición de gobierno, dentro de un escenario de reclamos por la falta de medicamentos y de tratamientos para niños y mujeres afectados por cáncer, sin medicamentos para enfermos de VIH; desabastecimiento y centralización en la compra de medicinas, medicamentos contaminados y caducos, ausencia de instalaciones hospitalarias y clínicas, de camas y de un calendario de retrasos en tratamientos y operaciones, con cobros de consultas y operaciones como señales de corrupción.

El sistema de salud, al decir del presidente López Obrador se hereda como un desastre y el Seguro Popular ni es seguro ni es popular, reza el eslogan presidencial, mientras amenaza la aparición del Coronavirus y una dificultosa aparición del Instituto Nacional del Bienestar de la Salud, (Insabi) y la transición al derecho universal a la misma.

Entramos en la etapa de una mutación obligada y dolorosa de la transición del Seguro Popular al Insabi, que tiene como misión asegurar el derecho a la salud para todos los mexicanos, sin embargo, salen a la luz las fallas de operación política, planeación, administrativa, incluso políticas de comunicación para la narrativa de un cambio de régimen y un horizonte en el que se mueven distintos intereses, incluso en oposición e imprevistos.

Estamos en el punto de convertirnos en una población aturdida por distintos reclamos en salud, violencia e inseguridad, además por el fantasma de la pandemia, el peso de las fallas y excesos del pasado, la inexperiencia de una emergente clase política y administrativa, el incremento de la violencia criminal, la resaca del abuso en el ejercicio del poder, la corrupción e impunidad y el discurso de un combate frontal a la herencia de la malversación de recursos públicos que produce violentas reacciones e incertidumbre.

Por el volumen de los reclamos, el tono de la demanda y para dar respuesta directa a los problemas, a la confrontación de intereses, a los cuestionamientos de la prensa y el activismo de la radio y de las redes sociales, el Ejecutivo federal ordenó que cada martes de la semana en la Conferencia Mañanera se trate la política de salud y todos los días por la noche las acciones instrumentadas por el gobierno en el caso del Covid-19.

Así el gobierno federal abre una puerta directa a la comunicación en la construcción de un nuevo sistema de salud, pero también como respuesta a las movilizaciones y reclamos de parte de los distintos grupos de padres de niños con cáncer que incluye la difusión de las visitas de inspección a las unidades hospitalarias, la primera al Hospital Infantil Federico Gómez.

Pulso de salud

Las exigencias populares desembocan en una nueva cronología de información sobre política pública de salud, se inicia con la visita al Hospital Infantil de la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, en compañía del secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela y una serie de visitas a otros centros hospitalarios de alta especialidad, que posteriormente deriva en una serie de despidos y serios cuestionamientos sobre eminencias médicas supuestamente culpables de ocultamiento de medicamentos y corrupción, lo que se acompaña con investigaciones y renuncias.

De la serie de conferencias a cargo del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell Ramírez se desprende la información de que los institutos nacionales de salud y demás hospitales cuentan con un modelo de contrato de farmacia integral, en el que pocas compañías tienen la producción de medicamentos, con la central de mezclas y la distribución de medicamentos, pero además operan la farmacia que se encuentra físicamente dentro de estos hospitales públicos.

Se trata de un modelo de distribución de medicamentos que estimuló el Seguro Popular, provocó que las instituciones públicas se desentendieran de la administración de los medicamentos, porque el contrato implica una especie de privatización, en los hechos, de los servicios de salud, que trasladaron esto a la compañía privada. Anunció el subsecretario en el marco de la conferencia de la salud, acerca de la transformación del sistema de salud y definiendo como objetivos del sistema una mayor transparencia, mantener reserva de medicamentos, cumplir con la gratuidad, no intervención del Estado en políticas de salud.

Flujos

En la sesión de preguntas y respuestas entre el presidente o el subsecretario con la prensa de blogs, radio, impresos nacionales y locales se dio el flujo de diversos temas como la denuncia de robo y venta de medicamentos caducos en Veracruz, lo que fue calificado de delito grave y produjo la realización de una investigación, denuncias de enfermos de cáncer por la falta de medicamentos. Al respecto de la salud se delimitó el que existe un ámbito de responsabilidad estatal y otro de responsabilidad federal para las políticas de salud y se declaró que se tiene una conjunción de esfuerzos, concurrencia con los estados y la abstención de la participación de algunos sistemas de salud de los estados.

En otra etapa de preguntas y respuestas de la prensa, aborda la ausencia de personal médico especializado en las clínicas y hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social, generando fuertes atrasos en la atención. El Ejecutivo respondió que en Agua Prieta existe el compromiso público de construir una clínica familiar, con lo que se cuentan con un presupuesto de 50 millones de pesos y el IMSS va a terminar la obra. Se destacan como cambios fundamentales las prácticas de compras centralizadas; y contrario a las criticas, estas han provocado, más eficiencia, dado que hoy existe un mecanismo de apoyo, de solidaridad entre las instituciones del sector.

Diagnósticos

De conferencia a conferencia se va desplegando el paisaje que guarda la salud pública, acompañada por el activismo noticiosos de algunos medios impresos y electrónicos, lo que algunos grupos de la sociedad han logrado espacios para hacerse escuchar. Ante las abundantes reacciones en materia de salud, se refuerzan las conferencias desde Palacio Nacional emitidas sobre salud y queda al cargo del tema el subsecretario López-Gatell,. Se mantienen los datos de abastecimiento médico por el gobierno y los reclamos de los padres de familia.

En las posiciones del gobierno destacan visiones diferentes en torno a la política de salud, el perfil de derecho humano y gratuidad, el pasado corrupto, mercantilizado y deshumanizado, además de que se va dando una mecánica de comunicación de crítica y denuncia, voces en algunos medios de comunicación y la gubernamental de réplica de la posición pública, lo que agita la dinámica informativa con un cambio de relación entre algunos medios y el gobierno y se define en una suerte de confrontación y diferendo desde el espacio presidencial, entre liberales y conservadores, progresistas y reaccionarios, pero sin duda entre opuestas visiones sobre las políticas públicas en salud y el régimen.

En la discusión independientemente de los señalamientos a los gobiernos del pasado se destaca: la falta de un padrón de enfermos de cáncer, de servicios, información sobre reducción de presupuestos, el que las instituciones no tienen la capacidad de documentar cuántos medicamentos necesitan, cuántos usan, lo que se les entrega y si corresponde fielmente o no con los contratos. Se trasladan las responsabilidades, culpas, incumplimiento a la compañía privada, el gobierno los señala por especular con los medicamentos oncológicos.

Se denunció la crisis del metotrexato, que permite tener una reserva que sustituya a los medicamentos cuando la empresa privada no responde conforme a contrato. Denuncian robos de medicamentos caducos en Veracruz. Establecen desde el gobierno la definición del ámbito de responsabilidad estatal y federal; denuncian resistencias a no permitir la gratuidad, la utilización de cuotas de recuperación para abasto de medicamentos, insumos, limpieza, mantenimiento, aun cuando ya los institutos tienen su presupuesto. Sobresalen preocupaciones de que les quiten los 40 mil millones adicionales para el sector salud, de cuentas claras, justificaciones de que son cuotas de recuperación, lo que se cobra a la gente y se cuestiona dónde va ese dinero.

En Palacio

Desde Palacio Nacional se convoca a la población a la denuncia sobre desabasto, negligencia o sobre cobros indebidos y se pone a disposición de los ciudadanos el teléfono de Atención Ciudadana del Insabi: 800 767 85 27, 800 767 85 27, para atender las necesidades. Es de observar que la dinámica de la conferencia va ampliando su contenido hasta convertirse en un espacio nuevo para la narrativa sobre la política de salud en la que se van considerando hasta un compendio de insumos para la salud, la revisión técnica y científica a la que están sujetos los medicamentos, además de su rentabilidad, su alto costo y que estos costos no sean trasladados al paciente.

La promoción de la denuncia del desabasto se va perfilando la modificación del sistema de salud cuyo objetivo es la gratuidad. Se cuestionan sistemas de compras monopólicas de medicamentos, concentración del mercado de medicamentos para el cáncer, incluso mundial; mercantilización y privatización de la medicina pública, mejora de la atención pública, anuncio de medidas coercitivas, combate a la impunidad y compras gubernamentales directas de medicamentos en el exterior.

A las conversaciones pública sobre salud se agregan nombres de substancias, medicamentos y la responsabilidad de Cofepris (Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios) de aplicar el reglamento en el caso de la elaboración de medicamentos y que estuvo a cargo del cierre de 17 plantas relacionadas con la empresa Central de Mezclas. Los análisis van a fondo y entre las declaraciones del Dr. López Gatell destacan las relacionadas con la información de que la fábrica de los medicamentos oncológicos de cierto grupo corporativo, no venía acreditando las buenas prácticas de fabricación.

Con la política de salud y la estrategia de comunicación, el gobierno federal se ha propuesto avanzar en certidumbre y garantía a la población en que no ha desaparecido el sistema de salud, sino que emerge otro con un sistema de financiamiento distinto, que garantiza la salud para todos de forma gratuita. Se define también como objetivo, mantener un diálogo con la población e identificar que los servicios son gratuitos para la población no asegurada en el sistema público de salud. Iluminan el sistema de salud consistente en unidades básicas de salud, conocidos como centros de salud, hospitales generales y los hospitales de especialidades, y más de 22 mil unidades de salud en todo el país abiertas para recibir a la población.

El diálogo

Se explicó que las unidades atienden a la gran mayoría de las enfermedades no complicadas como son catarro, diarrea, gastritis, en resumen, un problema de diagnóstico básico, además responsable de la aplicación de vacunas, el control del niño sano, el seguimiento del embarazo, etcétera. También en las unidades se detecta si el paciente requiere de hospitalización, de cirugía, de un procedimiento de diagnóstico más complejo, para lo que están los hospitales generales. Se informó que los hospitales generales tienen cinco especialidades básicas y reciben a pacientes que son enviados por los centros de salud. Se puntualizó que además, la mayoría de ellos tienen servicio de urgencias.

Se cuenta con más de 153 hospitales de especialidades, que son mayormente los institutos nacionales de salud, los hospitales federales de alta especialidad y en algunos estados los hospitales especializados grandes. Los identifica muchas más que cinco especialidades, muy puntuales, tienen alta tecnología y ahí van los pacientes que los hospitales generales consideran que necesitan atención más avanzada.

En cuanto al Insabi surge para garantizar la atención de la población no asegurada. De acuerdo con la reforma a la Ley General de Salud que el Congreso de la Unión estableció a finales de 2019 y que promulgó el presidente, toda la atención médica para las personas sin seguridad social será gratuita. Y este es un mandato de ley que ha sido promulgada desde 2019. Se establece que el Estado mexicano garantizará la atención médica de calidad para toda la población sin seguridad social social. Queda reconocido el derecho constitucional que tienen las personas para ser atendidas en todas las unidades de salud.

Simultáneamente en el escenario de salud emerge la amenaza del Coronavirus, al que se enfrenta el Estado mexicano como un problema de seguridad pública, y con la aplicación rigurosa de protocolos nacionales e internacionales ante la falta de vacunas poniendo acento en la prevención y el seguimiento puntual de la población que haya sido afectada.

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