El Titular del Ejecutivo federal presentó proyecto de decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Hidrocarburos. ¿De qué trata la propuesta? ¿Conviene tener claro para el ciudadano de a pie lo que propone la iniciativa en materia de energía? ¿Conviene saber el propósito y el destino de las empresas productivas del Estado en este caso en el campo de la energía?
En la lectura de la propuesta presentada a la Cámara de Diputados para su discusión. En la exposición de motivos encontramos las razones, y los argumentos que construyen una propuesta cuya idea es que México con la reforma energética pasó de ser un monopolio estatal de importación, refinación, transportación y comercialización de gasolina y de diésel para someterse a un libre mercado y al hecho de que los particulares pueden realizar la importación de gasolina y su comercialización.
Como vela al viento se reavivo la polémica, se atizó la controversia, acompañando el debate de la posibilidad del incremento de precios, cancelación de inversiones extranjeras e incluso impactos en el T-MEC y otros tratados comerciales con otros países. La propuesta de reforma y adiciones de la Ley de Hidrocarburos del presidente López Obrador se presenta a tres años de la reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto y de la primera licitación que abrió la participación del sector privado en la exploración y extracción de hidrocarburos en las que sólo se alcanzaron dos de las 14 áreas asignadas.
No es un tema que el presidente López Obrador no haya despejado a la reflexión a lo largo de sus Conferencias Mañaneras y tampoco desde su larga campaña a la Presidencia, la energía como los hidrocarburos y los petrolíferos han sido temas recurrentes del interés gubernamental relacionado con la soberanía energética y la rectoría del Estado en la materia.
Se agitó a la par de las reacciones el imaginario emocional colectivo con el dilema de si contamos o no con los hidrocarburos, si es que vivimos sobre un lecho mayor de petróleo en tierra y otros en la profundidad del Golfo de México o en la nostalgia del legendario pozo petrolero Cantarell, entonces el más grande del mundo o giramos en la captura de otros intereses ajenos al nacional.
Los trazos
Se expone en el documento la denuncia sobre el grave daño que se ha causado al sector energético nacional. El hecho es que hoy somos el país que más importa gasolina en el mundo, pero además compramos petróleo crudo como abastecimiento a las seis refinerías. Se explican las afecciones que ha tenido el sector debido a la corrupción de las administraciones anteriores, sus repercusiones en la eficiencia energética del país y de paso la denuncia sobre el fracaso económico del modelo neoliberal, acentuado por la corrupción pública y privada.
Resalta en la iniciativa que la lucha contra la corrupción es un planteamiento establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, un propósito de combate que también se extiende a la forma de gobernar que acota e identifica también el dispendio y la frivolidad que representa un eje de la “política y gobierno”. El documento asume que la privatización que tuvo lugar en las administraciones pasadas se acompañó con la corrupción, y este factor ha sido un eje en la relación del poder político y el poder económico que se ha expresado en una práctica permanente y traducido en robo de los “bienes del pueblo y la riqueza de la Nación”.
Esto significa en la visión de la 4T que es una relación de complicidad y perversión entre las elites que se convirtió en un factor de debilitamiento del Estado nacional por saqueo de los bienes nacionales provocado con impacto en las mayorías.
En la iniciativa se denuncia que el robo de combustibles se ha dado por décadas, lo mismo que su tráfico, ha afectado a las finanzas de Petróleos Mexicanos (Pemex), pero además subraya la importancia de los energéticos en lo social y económico de las personas y comunidades. Se pone acento en la desigualdad existente para el acceso a la energía y se reitera que esta situación se debe a la corrupción y a las actividades ilícitas, por lo tanto se reafirma el propósito del gobierno de responder al interés de que todos los mexicanos dispongan de las energías en sus distintas modalidades: electricidad, gasolinas, diésel, gas natural y otras.
Resulta así un imperativo para el gobierno el fortalecimiento de las empresas del Estado como garante de la soberanía energética y como palanca de desarrollo nacional, pero además se entiende la energía como el detonante con efecto multiplicador en el sector privado. Se resalto como otro propósito rector de la 4T establecer un modelo de actuación contundente que elimine todas aquellas conductas que atenten contra el orden público, como es la seguridad y el bienestar social. Con la propuesta queda claro el objetivo de “fijar un eje transversal “propicio al mejoramiento de las condiciones individuales, familiares, sociales, económicas y culturales de los gobernados”. Así se enfoca que la violencia, la desigualdad, la falta de oportunidades tiene sus causas en la marginación y la pobreza.
Enfoques
Entre los propósitos de la iniciativa está el ahorro de energía por parte del gobierno, pero además la finalidad de alcanzar mayor eficiencia en la producción, simultáneamente garantizado el suministro de hidrocarburos y petrolíferos e igualmente sostener la salvaguarda de los intereses y seguridad nacional.
También en los objetivos está eliminar estímulos para el comercio ilícito de hidrocarburos y petrolíferos, lo que nos remite al llamado “huiachicoleo”. Se busca reordenar diversas actividades en el sector energético combatiendo la corrupción, garantizando el abasto, protegiendo la economía nacional y los ingresos que percibe el Estado. Aquí se vuelve a la preocupación de la no dependencia de las gasolinas del exterior y recuperando para Pemex como factor de impulso a una economía social.
La iniciativa apunta a los siguientes objetivos: el artículo 80 de la Ley de Hidrocarburos fracción II que trata sobre la Política Pública de Almacenamiento de Petrolíferos, y consistente en la propuesta que va en el sentido de establecer que los permisos que se otorguen a Pemex, a otras empresas productivas del Estado y a particulares con base al Reglamento de la Ley de Hidrocarburos que demuestren contar con capacidad de almacenamiento que determine la Secretaría de Energía (SE).
En la propuesta destaca la importancia de la figura de “negativa ficta” empleada en los procedimientos de tramite, a diferencia del silencio administrativo, que resulta una respuesta ya sea para una empresa o un particular contar con sus solicitudes de carácter favorable a la persona o a la empresa. La propuesta se inclina a romper con el silencio administrativo, ya sea de la SE o de la Comisión Reguladora de Energía (CRE)en el sentido de que transcurrido el periodo estipulado para la expedición de permisos previa solicitud de cesión sin que exista resolución de la autoridad expresa, de que se presuma que la solicitud fuera aprobada, y se entienda que la solicitud es negativa o en sentido desfavorable.
Perspectivas
En la vía del posible incumplimiento de las disposiciones aplicables en materia de hidrocarburos, petrolíferos y las reincidencias, se destaca la disposición de generar un ambiente de derecho a satisfacción de las necesidades de los particulares y las colectivas, pero con acento en la protección del patrimonio de las personas ante conductas abusivas de parte de de quienes venden combustibles. Se precisa que en las actividades relacionadas con los hidrocarburos y petrolíferos se busca sancionar a expendedores que hayan incurrido en conductas, prácticas irregulares y de forma especial a quienes comercializan al margen de la ley, trafican o adquieren combustible robado.
Resulta interesante conocer que es permitido que las gasolineras entreguen 1.4% menor de la cantidad de combustible que aparece registrado en la bomba expendedoras. Esto se origina por diversos factores y sin que esto constituya un ilícito. Según un estudio elaborado por la Cámara de Diputados, no son entregados a los consumidores un promedio de 1 millón 736 mil litros lo que a un precio de 19.32. representan ganancias por 33’539,520 pesos diarios.
Con la iniciativa se busca fortalecer sanciones y erradicar ilícitos en materia de hidrocarburos. Igualmente elevar sanciones a reincidentes para evitar que los consumidores reciban una cantidad inferior, contemplan medidas que impliquen las revocaciones de permisos. Se proponen las siguientes medidas: incumplimiento a disposiciones sobre la cantidad, calidad y medición de hidrocarburos y petrolíferos, agregando la modificación a condiciones técnicas de sistemas, ductos, instalaciones o equipos sin autorización correspondiente.
Ilícitos
El contrabando de combustible es un elemento de atención de la iniciativa dado que se reconoce que ha ido creciendo a la par de la liberación de la importación de hidrocarburos y petrolíferos. Se documentó una serie de sanciones de combate y se ilustra con la información de que el Sistema de Administración Tributarias (SAT) en 18 meses embargo más de 2’117 mil litros de diésel, gasolina y gas propano que iban a ser introducidos de contrabando y que resulta equivalente a 40 mil barriles diarios en diciembre desde los Estados Unidos por diversas aduanas y se ilustran las perdidas que por diferentes eventos de está naturaleza ha perdido el fisco.
Se apunta que uno de los principales objetivos de la 4T en materia de política energética es impulsar una mayor eficiencia en la productividad, uso, garantía de suministro de hidrocarburos y petrolíferos a la población, y la salvaguarda de la seguridad nacional. Por lo tanto se espera que las empresas productivas del Estado desempeñen un papel activo en el tratamiento y refinación del petróleo, el procesamiento del gas natural, exportación e importación de hidrocarburos y petrolíferos, así como también su participación en otros procesos como transportación, licuefacción, distribución, regasificación, comercialización y expendio al público, todas acciones sujetas a los permisos de la SE y a la CRE y como lo establezca la ley.
Se reconoce que el mundo vive una transición energética que se entiende como origen de importantes consecuencias geopolíticas con posible incidencia en el Estado mexicano para garantizar su seguridad energética, estabilidad de las finanzas públicas y con repercusiones en la economía nacional. Subraya los riesgos, escasez, desabasto e interrupciones en el suministro de hidrocarburos y petrolíferos que son riesgos para la seguridad energética con repercusiones en la estabilidad. Se ilustra que de estos desequilibrios se vienen presentando en los países que dependen de exportaciones e importaciones.
Riesgo
Ante los trazos del panorama de riesgo, se afirma que la administración busca reducir las debilidades estructurales del sistema energético a fin de que responda de mejor manera a los impactos del entorno del sector energético internacional y al riesgo de desabasto en el suministro de combustible. En este escenario se contempla como medida una política energética que permita a la federación actuar frente a los riesgos a través de la suspensión de los permisos otorgados por la SE y la CRE y así mantener la suficiencia energética a corto, mediano y largo plazo.
Se asume la necesidad de contar con mecanismos específicos que permitan proteger al sistema energético, en los términos cómo se entiende el art. 3 de la Ley de Seguridad Nacional. El objetivo es la preservación de la soberanía, independencia nacional, integridad nacional, estabilidad y permanencia del Estado, protección ante amenazas y riesgos, que defienda la legitimidad del Estado mexicano. Al respecto se prevé que la SE y la CRE en el ámbito de sus competencias puedan suspender permisos de forma intemporal, expresando razones y explicando las posibles afectaciones.
A la suspensión se establece que la autoridad pueda dar continuidad a la operación de actividades amparados por el permiso otorgado por la autoridad que lo haya expedido. Con el fin de otorgar seguridad jurídica al permisionario, se propone que se podrá solicitar a la autoridad, tras demostrar que las causas que lo originaron fueron subsanadas y siempre y cuando no hayan originado ilícitos.
En el horizonte se proyecta una interesante discusión que busca por un lado consolidar y recuperar la rectoría del Estado en el campo de la energía, despegar una mayoría o construir un acuerdo político sostenido por una pluralidad con una visión más cerca del interés nacional que del mercado.