El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una reforma al sector eléctrico, para muchos electrizante. En opinión de algunas se trata de una reforma que mira al pasado, para otros, está orientada a la recuperación de la rectoría del Estado Mexicano del sector eléctrico.
La discusión polarizó y polariza, dividió y divide y confrontó de inmediato a los partidos, a los sectores empresariales y de opinión. El propio titular del Poder Ejecutivo agitó una discusión que no encuentra medios tonos ni gamas de grises sino focos encendidos. Las posiciones radicales corren por varias pistas y el grupo parlamentario del PRI se ha convertido en el fiel de la balanza.
En el discurso se tocan los extremos o se está o no favor de México.
¿Y que tenemos claro de la reforma eléctrica ciudadanos y ciudadanas de a pie en medio de tanto ruido y propaganda a favor o en contra? ¿Entre las alzas y amenazas de inflación?
El caso es que apenas acaba de llegar la iniciativa a la Cámara de Diputados y ya navegamos entre las turbulencias de descalificaciones que derivan en un litoral de contradicciones y de la contaminación de la discusión legislativa o la ruptura del Acuerdo de París y las rondas contra el cambio climático. A la vista se hace difícil distinguir por los niveles y tonos de discusión que la iniciativa pase la calificación de una mayoría.
¿Qué propone el Titular del Ejecutivo para la energía materializada en la Comisión Federal de Electricidad a cargo de Manuel Bartlett Díaz? ¿Qué contrapone la oposición? ¿Qué rectoría del Estado se pretende en la producción y transmisión de energía eléctrica? A la escena legislativa una reforma a los artículos 25, 27 y 28 constitucional y 9 transitorios.
Los motivos
El Ejecutivo federal asume que la energía eléctrica es un asunto de seguridad nacional y que la Ley de 2013 que impulsó el presidente Enrique Peña Nieto, hoy día resultó un despojo de un bien de la Nación. Para el presidente López Obrador se ha vivido un atraco en materia de energía eléctrica. En la exposición de motivos de la propuesta destacó que el objetivo de su gobierno es proporcionar energía barata y segura al pueblo de México.
Se documenta que la reforma de 2013 está plena de significados y entre estos sobresale un cambio normativo de carácter regresivo, al establecer en 2013 un sistema eléctrico nacional cuyo verdadero sentido fue la desaparición de empresas energéticas del Estado y paralelamente ofrecer beneficios al sector privado. A la vista la denuncia un desmantelamiento progresivo de los derechos históricos de la Nación sobre el patrimonio energético, caracterizado por una industria integral y como resultado de décadas de esfuerzos respondiendo a la seguridad energética y a la seguridad nacional.
La discusión
Se emprende en la iniciativa una disección minuciosa y de precisión del sistema eléctrico mexicano que va desde las redes de transmisión y distribución para permanecer como propiedad de la Nación, bajo la responsabilidad de la CFE, pero transformadas en empresas autónomas. Relata la creación de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y al Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), la primera determinando las tarifas y el segundo en la interconexión sin que la CFE administre ninguna.
Y se eslabonan los cortes de rescate de funciones que se buscan devolver sin cicatrices como es el despacho y la inyección de energía ante el incremento de la demanda de energía, misma que se va atendiendo simultáneamente, pero que hoy termina beneficiando a las empresas privadas generadoras de energía. Se sentencia que la reforma energética convirtió a la CFE en plataforma para los intereses privados, dado que se obliga a la CFE a comprar energía en contratos a largo plazo a los llamados “Productores Independientes”, por 25 años, asegurándoles la recuperación de su inversión y al final del contrato se quedan con la propiedad de la Central Eléctrica, convirtiéndose en competidores de la CFE.
Circuitos
En cuanto a las energías limpias se denuncia que es otro negocio otorgado a los privados según la ley con los Certificados de Energías Limpias. Según la Ley los Suministradores deben cumplir con un mínimo porcentaje de energía eléctrica proveniente de energías limpias. No falta el linaje histórico de la CFE surgida de una planeación precisa y el caos que se genera a través de la CRE, que otorgó permisos de generación de manera ilimitada y sin considerar la planeación y la demanda futura; la mayoría de estos son renovables intermitentes, creando una sobre oferta de generación para atender la demanda eléctrica pronosticada para el 2024 y después.
Entre lo ideológico, político y lo técnico cuando expone que se autorizaron permisos por “104,372 megavatios (MW) cuando la demanda estimada es de 52,419 MW al 2024. Los permisos de generación duplican la demanda del sistema eléctrico. En 2021, ya están instalados 86,039 MW con una demanda real máxima de 46,628 MW en 2020. Están pendientes de aprobación solicitudes de generación por 30,074 MW, que elevarían la capacidad de generación instalada a 134,409 MW, lo que triplicaría la generación requerida, considerando que una capacidad de reserva de 15 a 20% es suficiente para operar el Sistema Eléctrico Nacional en condiciones de seguridad”.
Los circuitos
Se anuncia que la CFE participa con el 38% de la generación eléctrica, que los generadores privados se han apoderado de las dos terceras partes de los grandes consumidores que generan los mayores ingresos; además tienen cadenas comerciales como supermercados, lo que no surge de la competencia sino de la aplicación de mecanismos ilegales. “No es por la calidad del servicio, sino por el oportunismo del no pago del transporte de la energía y el privilegio de ser despachados preferentemente por el Cenace”.
Se denuncia que el sistema eléctrico impuesto por la reforma de 2013, no es un sistema de libre competencia, sino un mecanismo surgido con figuras ilegales, monopolios privados y generadores independientes parasitarios, que viven de la CFE, de la que extraen recursos. Se califica que la reforma constitucional en materia eléctrica de 2013 es insostenible debido a una demanda nacional y ritmo de crecimiento que históricamente no ha sido atendida por los grupos privados respondiendo a sus intereses y su rentabilidad; el predominio absoluto de los generadores privados reserva la determinación de las tarifas eléctricas de acuerdo con sus intereses económicos. Se encadenan otros factores como la profunda desigualdad social que los imposibilita a pagar tarifas comerciales.
Se destacan algunos retos técnicos como es la “obligación legal” de incorporar 134,409 MW de capacidad al suministro eléctrico que conduciría al colapso de la red eléctrica, así como la pérdida de rentabilidad de todas las centrales eléctricas. Al no existir un organismo de Estado capaz de equilibrar el costo de la electricidad entre sus diversos segmentos con una visión económica y social se impondría lisa y llanamente el interés económico privado, esto ocurriría con la desaparición de la CFE, objetivo de la reforma energética”.
El andamiaje
Se propone con la reforma del 2021 un nuevo sistema eléctrico nacional con eje en la CFE como organismo responsable de Estado que preserve la seguridad, autosuficiencia y abastecimiento continuo de energía eléctrica a toda la población, para garantizar el derecho humano a la vida digna. Se define la electricidad como área estratégica a cargo del Estado, incorporando la generación, conducción, transformación, distribución y abastecimiento estratégico y con como procesos indivisibles.
“La CFE se integra como un solo organismo del Estado en forma vertical y horizontal y mantendrá la Subsidiaria CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos y las filiales: CFEnergía, CFE lnternational, CFECapital y Cenace se reincorpora a la Comisión Federal de Electricidad”.
Propuesta en blanco y negro
Se propone para el artículo 25 constitucional la modificación del párrafo quinto para determinar la eliminación del concepto de “empresas productivas del Estado” estableciendo los organismos del Estado, además la precisión en el párrafo sexto que propone que el Estado preservará la seguridad y autosuficiencia energética y el abastecimiento continuo de energía eléctrica a toda la población, como condición para garantizar la seguridad nacional y el derecho humano a la vida digna.
Respecto del artículo 27 constitucional se busca una modificación al párrafo sexto con el fin de otorgar facultades al gobierno federal para establecer reservas nacionales sobre bienes en los que el dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible, además de que se incorpora el litio y demás minerales estratégicos para la Transición Energética, los cuales no podrán ser concesionados. Se establece de está forma que “corresponde exclusivamente a la Nación el área estratégica de la electricidad, consistente en generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica. La Nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines”.
Modificaciones de fondo
Se contempla agregar un párrafo nuevo, el séptimo que se programa como octavo por lo que se establece que en la Transición Energética, la utilización de manera sustentable de todas las fuentes de energía de las que dispone la Nación, reduciendo las emisiones de gases y componentes de efecto invernadero y se señala que se contemplarán las políticas científicas, tecnológicas e industriales necesarias para esta transición, impulsadas por el financiamiento y demanda nacional como palancas de desarrollo.
Con relación al artículo 28 constitucional el apunte se enfoca al párrafo cuarto estableciendo que las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las áreas estratégicas, así como su rectoría sobre las áreas prioritarias, se reintegra el concepto de electricidad como área estratégica del Estado, concebida como una unidad indisoluble de la generación, conducción, transformación, distribución y abastecimiento de energía eléctrica.
En las precisiones legales igualmente se incorpora al litio y demás minerales estratégicos, como área fundamental del Estado, en correspondencia con lo establecido en el párrafo sexto del artículo 27 constitucional. Se agrega como una condición necesaria para que la Transición Energética fortalezca la soberanía de la Nación, la inclusión de las industrias que formen parte de ésta como área prioritaria, a condición de que se trate de empresas de capital nacional públicas, privadas y sociales.
El cableado
Resulta interesante la adición de un nuevo párrafo sexto que tiene como fin designar a la Comisión Federal de Electricidad como organismo del Estado con personalidad jurídica y patrimonio propio, responsable de la electricidad como área estratégica, y del Sistema Eléctrico Nacional, así como de su planeación y control; autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración. Igualmente se establece que la CFE sea el organismo del Estado responsable de la ejecución de la Transición Energética en materia de electricidad, así como de las actividades necesarias para ésta.
Se plantea un nuevo párrafo séptimo que contempla un párrafo que propone que la CFE garantice generar al menos el 54% de la energía que requiera el país, y el sector privado pueda participar hasta en el 46% de esta generación. “El servicio público de abastecimiento de energía eléctrica será prestado exclusivamente por la Comisión Federal de Electricidad, la que podrá adquirir energía eléctrica del sector privado, para el corto y largo plazos; sector que actuará conforme a la planeación y control de esa Comisión, dando cumplimiento a la continuidad y confiabilidad del abastecimiento, lo que es requerido por la seguridad energética y la seguridad nacional”.
Se destaca la eliminación del anterior párrafo octavo cuyo contenido contemplaba que el Poder Ejecutivo federal contaba con tos Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, denominados Comisión Nacional de Hidrocarburos y Comisión Reguladora de Energía.
La presión política en torno a la reforma crece, la alianza entre los tres partidos de oposición que se dio en la reciente contienda por las Legislatura LXV da señales de haber entrado en riesgo.
La moneda está en el aire, se da la reforma en los términos estrictos planteados por el titular del Poder Ejecutivo, se vive una reacción de demandas por las afectaciones a empresas internacionales y la fractura de una alianza acompañada de la extinción finalmente de un partido, lo que parece dominar los cálculos políticos.