¿Por qué son importantes los órganos autónomos para la democracia en México?

Autor Congresistas
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Clara Jusidman

En la lucha por instaurar una democracia en México, una de las coincidencias entre los que participábamos activamente a finales del siglo pasado, consistía en reconocer la necesidad de irle arrancando al gobierno “trozos” de poder que le servían al partido del presidente para mantener ese poder indefinidamente y con ello, impedir el arribo de otras opciones políticas.

Es decir, buscamos trasladar a instancias ciudadanas no partidarias, funciones mediante las cuales las familias y redes de interés enquistadas en los partidos políticos reproducían y perpetuaban su permanencia en el control del Estado, vulnerando derechos y engañando a la población.

Ejemplo de ello es en primer lugar, el control de las elecciones. Su organización en manos de la Secretaría de Gobernación permitía colocar y hacer elegir a las personas que el propio PRI/gobierno decidía. Ello les permitía controlar a las cámaras legislativas, escoger a los integrantes del Poder Judicial, así como a los gobernadores y presidentes municipales, en un sistema que se suponía federal.

Una relación perversa y contraria a todo proyecto democrático era la alianza entre el PRI/gobierno y los principales medios de comunicación masiva, en particular las poderosas cadenas de radio y televisión, que aún hoy son controladas por Televisa y Ricardo Salinas Pliego. Esta alianza permitía el manejo sesgado de la información, de las noticias, de los editorialistas e incluso la producción de materiales culturales para engañar a la población, con el fin de someterla y controlarla. El gobierno otorgaba las concesiones de radio y televisión a las cadenas aliadas y perseguía y cancelaba cualquier manifestación ciudadana de comunicación masiva como eran las radios comunitarias.

Por su parte, la producción de información estadística en manos de la Secretaría de Industria y Comercio o del Banco de México daba a los gobiernos la posibilidad de mentir sobre la evolución de los precios, sobre los resultados reales de la economía, sobre los niveles de pobreza, de desigualdad o de violencia para simular que todo marchaba bien y se tenían grandes resultados.

Un campo de gran importancia para que la ciudadanía recupere algún control sobre sus gobernantes, los obligue a trabajar en beneficio de la población y evite la corrupción refiere a los mecanismos de evaluación, contraloría y fiscalización. Estos “trozos” del poder han sido los más difíciles de arrancar a los gobernantes sean del PRI, PAN o PRD.

Por ejemplo, la Secretaría de la Contraloría y las contralorías internas al ser parte del Ejecutivo han evidenciado su inutilidad para enfrentar la corrupción. Una evaluación seria de sus logros haría evidente el desperdicio de dinero que ha significado su operación por más de tres décadas. Más bien han servido para encubrir desviaciones y fraudes de los funcionarios públicos.

Años de mentiras, enriquecimiento ilícito, violación de derechos y principalmente abusos de poder de gobiernos de diversos partidos, nos han obligado a construir contrapesos a ese poder. Eso representan los órganos constitucionales autónomos: el Banco de México, el INE, la CNDH, el INEGI, la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el INAI, la Fiscalía General de la República y el CONEVAL.

Ya vivimos muchas décadas donde las funciones que llevan a cabo los actuales Organismos Autónomos eran realizadas por el Poder Ejecutivo. Habría que rescatarlos de su colonización por los partidos políticos en los años posteriores a su creación, pero sería un despropósito, un grave retroceso y un atentado en contra de nuestra precaria democracia, el que esas funciones volvieran a estar bajo la égida del poder ejecutivo por más que se diga que los que lo detentan actualmente, “no son iguales”. Nada garantiza que eso sea cierto y menos aquellos que vengan después, sí sean iguales.

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