Beto Bolaños
Ernesto Ruffo Appel ocupa un lugar propio en la historia política de México. No solamente por haber gobernado Baja California, sino porque su triunfo electoral de 1989 quebró uno de los símbolos más sólidos del régimen priista: el monopolio de las gubernaturas.
Ernesto Ruffo Appel ocupa un lugar indiscutible en la historia política de México. En 1989 ganó la gubernatura de Baja California y se convirtió en el primer gobernador de oposición reconocido durante la prolongada hegemonía del PRI. Su triunfo demostró que el poder podía cambiar de manos por la vía electoral y abrió uno de los primeros caminos hacia la alternancia presidencial del año 2000.
Antes de gobernar el estado, Ruffo fue presidente municipal de Ensenada. Posteriormente se desempeñó como senador y diputado federal. Su trayectoria, vinculada durante décadas con el Partido Acción Nacional, lo convirtió en una figura representativa de la transición democrática mexicana, aunque en años recientes también colaboró con el movimiento Somos México.
Hoy, a más de tres décadas de aquella victoria histórica, Ruffo enfrenta la acusación más grave de su vida. La Fiscalía General de la República lo señala por contrabando de combustibles y delincuencia organizada, dentro de una investigación relacionada con una empresa de la que ha sido accionista. La imputación permitió que se le aplicara prisión preventiva y fuera trasladado a un penal federal, pese a tener 74 años y, según su familia, haber colaborado previamente con las autoridades.
Una acusación que cambió en pocas semanas
El procedimiento ha despertado dudas que la Fiscalía está obligada a aclarar.
De acuerdo con información publicada por el semanario ZETA y retomada por diversos analistas, el 22 de junio un juez federal de carrera, Mario Elizondo Martínez, rechazó órdenes de aprehensión solicitadas contra personas relacionadas con la investigación, al considerar insuficientes los elementos presentados por el Ministerio Público.
Tres semanas después, la FGR presentó una nueva solicitud ante Alejandra Ramírez de la Vega, jueza surgida de la elección judicial y originalmente postulada por el Poder Ejecutivo federal. Su candidatura había sido cuestionada durante el proceso electoral por un presunto incumplimiento de los requisitos académicos.
La nueva petición fue autorizada rápidamente. En ella, Ruffo apareció ya no como un accionista alejado de las operaciones cotidianas, sino como uno de los presuntos dirigentes de una organización dedicada al contrabando de combustible.
Esta secuencia no demuestra por sí misma que el expediente haya sido fabricado. Sin embargo, plantea preguntas fundamentales: ¿qué pruebas nuevas obtuvo la Fiscalía en esas tres semanas?, ¿qué actos concretos permiten atribuir a Ruffo una función de liderazgo?, ¿existen comunicaciones, transferencias financieras o instrucciones directas que demuestren que conocía y coordinaba las operaciones ilegales?
La calidad de accionista de una empresa, por sí sola, no debería bastar para acreditar la participación consciente en una organización criminal.
“No pedimos privilegios, pedimos justicia”
La dimensión humana del caso fue expuesta por Verónica Ruffo, hija del exgobernador, mediante un mensaje difundido públicamente.
Verónica denunció el trato que recibió su padre después de la detención, su traslado a más de dos mil kilómetros de su hogar y las dificultades iniciales de la familia para comunicarse con él. También sostuvo que Ruffo nunca intentó ocultarse y que meses antes se había presentado voluntariamente ante las autoridades para aclarar su situación.
La familia no exige que su trayectoria política lo coloque por encima de la ley. Reclama que se respete la presunción de inocencia, que tenga acceso efectivo a su defensa y que cualquier responsabilidad sea demostrada con pruebas sometidas a un proceso judicial independiente.
Su mensaje quedó resumido en una frase clara: “No pedimos privilegios, pedimos justicia”.
El testimonio familiar no demuestra jurídicamente la inocencia de Ruffo ni prueba por sí mismo una persecución política. Sí obliga a cuestionar la proporcionalidad de la detención y la necesidad de mantener en una prisión federal a una persona mayor de 70 años que, según sus familiares, ya había comparecido voluntariamente.
El contexto político
La captura tampoco ocurrió en un vacío.
El mismo día de la detención se difundió información sobre nuevos audios atribuidos a Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California. En las grabaciones, según la columna de Héctor de Mauleón, la mandataria habría ofrecido colaborar con interlocutores vinculados con agencias estadounidenses e informar incluso sobre asuntos tratados en las mesas de seguridad.
Las filtraciones reavivaron además el enfrentamiento entre Marina del Pilar y su antecesor, Jaime Bonilla, quienes se han intercambiado acusaciones sobre presuntas relaciones con grupos criminales.
Para el analista Macario Schettino, la captura de Ruffo debe entenderse como una forma de “justicia invertida”: una detención que desplaza la atención sobre figuras de Morena, coloca bajo sospecha a un personaje histórico de la oposición y utiliza la prisión preventiva como una pena anticipada.
Esa interpretación no puede presentarse todavía como un hecho demostrado. La coincidencia temporal no prueba que la detención haya sido organizada para proteger a la gobernadora o distraer de otros escándalos. Pero sí vuelve legítimo preguntar por qué las instituciones actúan con enorme severidad frente a un opositor mientras numerosos señalamientos públicos contra integrantes del partido gobernante no parecen producir consecuencias equivalentes.
Una prueba para el nuevo Poder Judicial
Ernesto Ruffo no debe ser declarado inocente únicamente por su trayectoria histórica. Haber contribuido a la alternancia democrática no concede inmunidad frente a la ley. Si existen pruebas de que participó conscientemente en el contrabando de combustible, la Fiscalía debe presentarlas y los tribunales deben valorarlas con independencia.
Pero tampoco debe ser considerado culpable por una orden de aprehensión, una vinculación a proceso o una campaña de comunicación oficial. Hasta que exista una sentencia firme, sigue siendo un acusado protegido por la presunción de inocencia.
El caso se ha convertido así en una prueba decisiva para el nuevo Poder Judicial mexicano. La pregunta no es solamente si Ernesto Ruffo cometió o no un delito. La pregunta es si quienes investigan y juzgan tienen la independencia necesaria para resolverlo sin obedecer intereses partidistas.
En 1989, Ruffo simbolizó la posibilidad de derrotar al partido dominante mediante el voto. Hoy su encarcelamiento representa una interrogante más inquietante: si las instituciones de justicia serán capaces de proteger los derechos de cualquier ciudadano, incluso cuando ese ciudadano resulte incómodo para quienes gobiernan.