Javier Ramos
¿Quedará para el anecdotario de la historia universitaria el intento de trasladar el examen de ingreso a la UNAM a un entorno completamente digital? La pregunta no es menor. En una época en la que la confianza institucional, la certeza de los procesos y la seguridad tecnológica son asuntos de interés público, cualquier innovación de esta magnitud está destinada a despertar entusiasmo, pero también escepticismo.
La idea de modernizar los mecanismos de admisión parece natural en tiempos de inteligencia artificial, conectividad permanente y transformación digital. Sin embargo, la experiencia demuestra que la tecnología no resuelve por sí misma problemas de fondo y, en ocasiones, puede crear otros nuevos.
La emoción de miles de jóvenes que buscan un lugar en Psicología, Derecho, Arquitectura, Ciencias Políticas o cualquier otra carrera de la Universidad Nacional es comprensible. Para muchos, el examen de admisión representa mucho más que una evaluación académica: es una oportunidad de movilidad social, un proyecto de vida y una puerta hacia el futuro.
Por ello, la discusión sobre un examen completamente digital no puede limitarse a la innovación tecnológica. Lo que está en juego es la credibilidad de uno de los procesos de selección más importantes del país.
La UNAM y el desafío de la equidad
La UNAM ha sido históricamente uno de los principales motores de movilidad social en México. Su legitimidad descansa en la percepción de que todos los aspirantes compiten bajo las mismas reglas y condiciones.
Sin embargo, una evaluación aplicada desde casa enfrenta un primer obstáculo: la brecha digital.
Suponer que más de 200 mil aspirantes cuentan con una computadora adecuada, cámara web funcional, energía eléctrica constante y acceso estable a internet es desconocer la realidad de amplias regiones del país. Lo que en apariencia es una solución tecnológica moderna puede convertirse en una barrera de acceso que castigue las condiciones económicas y geográficas de los estudiantes antes de evaluar sus conocimientos.
En este escenario, el riesgo es evidente: terminar midiendo la calidad de la conexión de internet y no la capacidad académica del aspirante.
El dilema de la certeza y la integridad académica
La segunda gran interrogante se encuentra en la integridad del proceso.
Garantizar la credibilidad de un examen masivo a distancia exige sistemas de supervisión remota, monitoreo mediante cámaras y micrófonos, así como herramientas de inteligencia artificial destinadas a detectar conductas irregulares.
Sin embargo, este modelo abre dos frentes complejos.
Vulnerabilidad técnica y riesgo de fraude
Las herramientas para vulnerar sistemas remotos evolucionan con la misma velocidad que los mecanismos diseñados para prevenirlas. La suplantación de identidad, la asistencia externa o la filtración de contenidos representan amenazas permanentes para cualquier evaluación realizada a distancia.
Basta con un caso documentado de fraude para sembrar dudas sobre la legitimidad de todo el proceso y afectar la confianza pública en los resultados.
Privacidad y sesgos tecnológicos
El monitoreo permanente también genera cuestionamientos legítimos relacionados con la protección de datos personales y biométricos.
Además, los sistemas automatizados no están exentos de errores. Movimientos involuntarios, fallas en el audio, interrupciones domésticas o problemas en la conexión pueden derivar en alertas injustificadas y falsos positivos que afecten a los aspirantes.
La tecnología puede fortalecer la vigilancia, pero también puede convertirse en un factor de incertidumbre.
La infraestructura: el verdadero examen
Más allá de la equidad y la integridad académica, existe un tercer reto: la capacidad tecnológica para operar a gran escala.
Administrar una evaluación simultánea para más de 200 mil participantes demanda una infraestructura informática excepcionalmente robusta. Los servidores deben soportar enormes cargas de tráfico, resistir ataques cibernéticos y garantizar estabilidad durante toda la aplicación.
Un fallo técnico no representa únicamente un problema operativo. Puede convertirse en una crisis institucional.
La caída de una plataforma, la pérdida de respuestas o la interrupción del examen generan algo más difícil de recuperar que la información: la confianza.
El antecedente del INE
El mejor ejemplo de estos riesgos se encuentra en la experiencia reciente del Instituto Nacional Electoral.
Durante el proceso de evaluación para el ingreso al Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN), la plataforma administrada por el CENEVAL presentó fallas generalizadas pocos minutos después de iniciar la aplicación del examen.
Lo ocurrido ilustró con claridad los desafíos de las evaluaciones masivas en línea.
Primero, la plataforma colapsó pese a las pruebas técnicas realizadas previamente. Miles de aspirantes experimentaron interrupciones mientras el tiempo del examen continuaba avanzando.
Segundo, se rompió el principio de equidad. Aunque una parte de los participantes logró concluir la evaluación, las fallas obligaron a cancelar la jornada y reprogramar el proceso completo para garantizar igualdad de condiciones.
Tercero, el impacto alcanzó la credibilidad institucional. Un procedimiento destinado a seleccionar personal para una institución responsable de brindar certeza electoral terminó generando inconformidades, cuestionamientos y desconfianza entre miles de participantes.
La lección es evidente: la viabilidad tecnológica no puede darse por sentada.
La alternativa razonable
Esto no significa que la digitalización deba descartarse definitivamente.
Por el contrario, la evolución tecnológica es inevitable y puede aportar importantes ventajas en eficiencia, logística y procesamiento de resultados.
No obstante, una ruta más segura parece encontrarse en modelos híbridos. Exámenes digitalizados aplicados en sedes universitarias o centros de cómputo controlados por la propia institución permitirían asegurar condiciones homogéneas para todos los aspirantes en términos de equipo, conectividad, supervisión y soporte técnico.
De esta manera, la tecnología funcionaría como una herramienta de modernización sin sacrificar la equidad ni la certeza.
La discusión no debe centrarse en elegir entre papel y lápiz o computadora e inteligencia artificial. El verdadero debate gira en torno a la confianza pública.
Mientras una evaluación remota desde casa no pueda garantizar las mismas condiciones de igualdad, seguridad y transparencia para todos los participantes, cualquier intento de convertirla en la vía principal de acceso corre el riesgo de convertirse en una anécdota institucional o, peor aún, en una crisis de credibilidad.
El desafío para la UNAM no es solamente tecnológico. Es, sobre todo, un desafío de legitimidad.
Porque la universidad pública puede modernizar sus procesos, pero no puede permitirse perder lo más valioso que ha construido durante décadas: la confianza de la sociedad en su imparcialidad.
En suma, en la pista también quedaron expuestos los retos de la comunicación institucional. El problema no se limitó a fallas técnicas o a la funcionalidad de los teléfonos; quedó en evidencia la dificultad para gestionar información oportuna, clara y eficaz en momentos de incertidumbre. La comunicación va mucho más allá de la imagen pública y de las declaraciones de coyuntura. En situaciones críticas, la credibilidad de una institución también se construye mediante la capacidad de informar, orientar y ofrecer certeza a quienes esperan respuestas.