Darío Mendoza A
La construcción del discurso oficial se edifica día a día a base de repetición. El caso de Rubén Rocha Moya en Sinaloa expuso con claridad el mecanismo: la Presidenta lo defendió día tras día y sostuvo que no había pruebas, que era injerencismo y que se trataba de la derecha. Fue lo mismo que repitió Rocha Moya al volver por unas horas como gobernador. Sólo reprodujo el guion exacto de la Presidencia: calificó el escrutinio de «maniobra política», denunció «injerencismo» y responsabilizó a la «derecha». La narrativa se repitió y dejó libre a un Frankenstein discursivo que replica de manera autómata los mismos argumentos para eludir la rendición de cuentas.
Las falsas narrativas no surgen por azar; florecen como pantalla de humo donde no hay resultados de gobierno. El sistema es elemental: todo aquel que cuestiona la gestión pública pasa, en el acto, a ser etiquetado como enemigo. En este esquema de poder, la sociedad queda fracturada en dos bandos: de un lado, la élite gobernante y quienes le aplauden constituyen el «pueblo auténtico»; del otro, la disidencia, la prensa libre y los críticos son englobados bajo la etiqueta de la «derecha». En el “pueblo” caben incluso los grupos criminales; alguna vez López Obrador llegó a decir que esos grupos mafiosos también son pueblo, diluyendo así los límites de la ley.
Usar al «pueblo» no es una invención autóctona. Desde la Revolución Francesa, diversas construcciones autoritarias de izquierda se han escudado en esta figura para acumular poder. Maximilien Robespierre bautizó a su órgano represor como el Comité de Salvación del Pueblo, bajo la premisa de proteger al pueblo de sus supuestos enemigos. El resultado fue la instauración del Terror, la suspensión de garantías y la guillotina para cualquiera que se atreviera a disentir. La historia registra que la misma lógica maniquea que justificó el derramamiento de sangre terminó por consumir al propio Robespierre, acusado finalmente de traicionar al «pueblo» que decía encarnar.
Para sostener una pretendida superioridad moral, estos regímenes recurren a la censura y al uso intensivo de conceptos diseñados para distorsionar la realidad:
- Un tren no se descarrila: «sale de su cauce».
- El dinero irregular no es corrupción: se le llama «aportaciones».
- La violencia y la captura institucional no son fallas de gobierno: son «campañas politiqueras».
El costo de esta manipulación del lenguaje excede lo retórico. En primer lugar, destruye la capacidad de diagnóstico: si los errores se atribuyen a complots externos, jamás se corrigen las fallas internas. En segundo lugar, divide a la sociedad, normalizando el linchamiento simbólico de quien no se pliega al guion oficial.
El Comité de Salvación del Pueblo, las mañaneras del pueblo y el discurso de “nosotros somos el pueblo, ellos son la derecha” pertenecen a la misma lógica. El daño consiste en que, mientras el lenguaje oficial sigue enmascarando la mentira y fabricando enemigos, la crisis política se incrementa. Esa misma narrativa termina devorando a sus autores: Robespierre fue guillotinado por traicionar al pueblo. Tarde o temprano, el Frankenstein del falso relato termina devorando a quienes lo crearon.
@dariomendoza