Nuevamente nos encontramos con la Dra. Yurisha Andrade Morales, ayer consejera electoral del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) y hoy magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM). Toda una carrera que ha mantenido siempre la preocupación y ocupación a favor de los derechos humanos y la solidez de su formación académica desde sus estudios de derecho en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, hasta el Doctorado por la Universidad Complutense de Madrid, su trabajo doctoral fue calificado cum laude.
A la distancia, en la teleconferencia, con un cuestionario de por medio, entre el ir y venir de la responsabilidad, de la necesidad de compartir la experiencia, ante la complejidad y diversidad del proceso, prevalece la generosidad y la reflexión sobre los derechos, la justicia y la visión de una democracia incluyente y sensible.
C: Cuenta con una amplia experiencia electoral, ha sido consejera electoral y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del IEM, ha participado en varios procesos electorales, ¿qué nos puede decir de la experiencia, en que se dan avances y que permanece en las mismas condiciones?
Y: Efectivamente, como se sabe, el actual proceso electoral se considera el más grande en la historia del país por el número de cargos que están en juego. El 6 de junio se renovarán 300 diputaciones de mayoría relativa y 200 de representación proporcional del Congreso de la Unión; 15 gubernaturas; 16 alcaldías de la Ciudad de México; 1,063 diputados locales de 30 congresos locales; y alrededor de 19 mil cargos entre presidencias municipales, sindicaturas, regidurías, juntas municipales, concejales y presidencias de comunidad. En total se votarán 20,792 cargos de elección popular.
Sin embargo, este proceso también puede definirse como el más complicado en su organización. Por un lado, debido al mismo número de cargos, pero también por las medidas sanitarias a causa del COVID 19. Además, en esta elección se incorporan elementos muy novedosos para la profundización democrática, como la reforma en materia de violencia política de género, la paridad en gubernaturas, el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, el voto para personas en prisión preventiva, las candidaturas consecutivas, el voto electrónico para migrantes, el uso vinculante de 50 urnas electrónicas en Coahuila y 50 en Jalisco, la diputación federal migrante, las candidaturas para personas indígenas, afromexicanas, de la comunidad de la diversidad sexual y discapacitadas. Todo ello hace un entorno innovador para este proceso que no se recuerda en otros.
Si consideramos que la actual administración, concretamente, el presidente de la República, viene de un movimiento que, entre otras cosas, ha enarbolado las demandas de elecciones limpias, resultará muy significativo la calificación que la sociedad le dará a estos comicios en materia de transparencia y legalidad del sufragio. Muchos actores políticos y, por supuesto, los ciudadanos, van a tener los ojos puestos en cualquier anomalía que se presente, máxime cuando, por primera vez en la historia del país, los delitos electorales se consideran graves y ameritan prisión preventiva oficiosa. Otro elemento más que hace la diferencia con los procesos anteriores.
Con todo, las malas prácticas prevalecen. Desafortunadamente, son la herencia de un sistema político autoritario que impuso esquemas de clientelismo electoral, los cuales no se han podido erradicar. Por ello, resulta muy importante que el INE se haya pronunciado contra el registro de la credencial de elector y la toma de fotografía al momento de recibir la vacuna contra el COVID-19. Es solo un ejemplo. Por supuesto, las autoridades electorales deben pronunciarse frente cualquier tipo de práctica que pudiera empañar la credibilidad del proceso, venga de donde venga.
C: Desde la perspectiva electoral los derechos humanos, el derecho a la información, el voto su especialidad y además de que son el centro del proceso político y social, hablamos de participación, información, equidad, políticos, de género, indígenas y estamos hablando de diferencias, ¿qué nos puede compartir?
Y: El concepto de democracia ha evolucionado a través del tiempo, conforme los movimientos sociales han ido ampliado el abanico de los derechos humanos y ciudadanos. Precisamente, uno de los temas que la democracia comenzó a incorporar a fines del siglo pasado fue la inclusión. En la literatura y los debates especializados en teoría y filosofía política, prácticamente, cualquier autor ha incorporado este punto en el marco de sus reflexiones. La pregunta medular tiene que ver con cómo lograr una democracia incluyente, propia de una sociedad plural.
Recordemos, por ejemplo, que el supuesto de la teoría de la justicia de John Rawls se puede resumir en que el Estado debe garantizar el derecho a la justicia a todos los ciudadanos de una sociedad, cuyo elemento en común, paradójicamente, es que todos son diferentes. Y, ningún ciudadano debe estar excluido del círculo de la justicia. Las desventajas que los ciudadanos puedan enfrentar con respecto a otros, deben poder convertirse en una ventaja estructural.
*De igual manera, Jürgen Habermas en su libro titulado la *Inclusión del otro, ya desde el mismo nombre, plantea cómo los ciudadanos pugnan frente al Estado por el reconocimiento de sus derechos, por ser incluidos en él. Un reconocimiento que tiene que emanar de una deliberación colectiva en la que todos los involucrados lleguen a un consenso.
Una democracia inclusiva significa la anulación de la toda discriminación para toda persona. En México, los principios de la no discriminación y la igualdad sustantiva, están consagrados en los artículos 1º y 4º constitucionales, en donde se garantiza la igualdad sin distinción por cualquiera de las condiciones de la diversidad humana y se prohíbe la discriminación por cualquier motivo.
Los principios de igualdad y no discriminación estipulados en la Constitución deben impregnar a todas las instituciones del país, desde el diseño de las políticas públicas de trato preferente, la creación normativa y el actuar de las instancias públicas con base en la igualdad estructural. Ello implica una reformulación y reorganización del Estado y la sociedad.
En este sentido, en el ámbito de los derechos políticos-electorales, los partidos políticos y las autoridades administrativas y jurisdiccionales electorales, tienen la obligación de implementar las medidas necesarias para que todas las personas puedan ejercer efectivamente estos derechos, poniendo especial atención en las personas o grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad o que se consideran de atención prioritaria, de tal forma que puedan generarse las mejores condiciones que les permitan el ejercicio pleno de sus derechos, entre los que se encuentra el derecho de ser votado.
Esto es, en efecto, lo que el TEPJF resolvió en la sentencia SUP-RAP-121/2020 y que obligó al INE a modificar los criterios para el registro de candidaturas a diputaciones por mayoría relativa y representación proporcional que presenten los partidos políticos y coaliciones para este proceso electoral 2020-2021.
C: Empiezo por los derechos políticos, la elegibilidad, accesos, los rostros de la democracia en la vida interna de los partidos, de la militancia, equidad, participación, indígenas, tengo la impresión que la democracia debe de empezar con la militancia y en la vida interna de los partidos, ¿qué me puede decir al respecto? Participamos en procesos electorales en los cuáles los candidatos son elegidos por las élites de los partidos para que en la jornada electoral estos candidatos sean legitimados con el voto. Hablo de gobernadores, presidentes municipales, síndicos, regidores e incluso diputados por el principio de mayoría o de representación, ¿cómo democratizar el proceso interno?
*Y: Hay dos autores que me vienen a la mente, los cuales han reflexionado ampliamente sobre el tema. El primero es Robert Michels quien escribió una obra dedicada exclusivamente a los partidos políticos con un título devastador: *Los partidos políticos. Un estudio sociológico de las tendencias oligárquicas de las democracias. El análisis de Michels es, francamente desolador, señala que cualquier organización burocrática en la medida en que va creciendo y se va complejizando, cristaliza grupos privilegiados o élites con tendencias autoritarias que deciden en última instancia el rumbo de las acciones; es decir, son ellos a quienes se les reserva la toma de decisiones más importantes.
Para Michels, esta lógica resume la famosa ley de hierro de la oligarquía. Es, prácticamente, imposible de romper y constituye un mal inherente a las democracias, si se piensan en ellas como un conjunto de instituciones con un ordenamiento burocrático. En el caso de los partidos es así. Al final de cuentas, hay un líder o unas cúpulas que se disputan el poder, sin importarles para nada la opinión de sus militantes.
El otro autor es Norberto Bobbio. No me extiendo más en él. Simplemente, para redondear la idea anterior, señalo que en toda una cadena de reflexiones que hace sobre la democracia, más concretamente sobre la democracia representativa, este pensador se pregunta sobre su futuro, sobre si acaso ésta podrá mantenerse con vida. Después de analizar la democracia real, sus tremendos vicios, entre los que se encuentran el régimen de partidos, concluye que, a pesar de todo, no existe ningún otro régimen capaz de lograr una mejor distribución del poder; por lo tanto, tendremos que hacernos cargo de ella. No hay alternativa.
En este sentido, una de las formas, a mi consideración, para intentar controlar la tendencia oligárquica en la vida interna de los partidos, o, dicho en otras palabras, para tratar de propiciar la democracia al interior de sus estructuras y ablandar la “ley de hierro”, es la de afianzar la legislación en materia de derechos políticos de los militantes. Aquí, los tribunales electorales locales, y más todavía, el TEPJF, juegan un papel clave. Por supuesto que los partidos políticos nunca verán esto con buenos ojos, pero creo que es la manera más viable, objetiva y legal de enfrentar el problema.
No se trata, por supuesto, de inmiscuirse en la vida del partido, ni mucho menos de erigirse como instancia a la cual se deben subordinar, sino simplemente de fomentar los principios democráticos al resguardar plenamente los derechos políticos de aquellos ciudadanos que, por diversas razones, se han adherido como militantes y pretender jugar legítimamente con las reglas que el mismo partido ha puesto.
C: La pluralidad cultural en Michoacán me lleva a pensar cómo se expresa la democracia y los derechos políticos entre los grupos indígenas, esto es prácticas políticas y participación de mujeres, jóvenes, comunidades, pueblos, y en la vida del Estado.
Y: Es un tema sumamente sensible para todos, especialmente para las autoridades electorales. En mi opinión, tanto el IEM como el TEEM, han respondido diligentemente para garantizar estos derechos. Uno de los aspectos más importantes en donde se expresa la democracia y los derechos de los pueblos originarios, es en la autodeterminación. Esto implica, entre otras cosas, un autogobierno con autonomía financiera.
A pesar que desde el 2001, la Constitución reconoce que México es un país pluricultural, sólo hasta la reforma del 2015 se garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía en la gestión administrativa y en lo referente a sus derechos político-electorales.
Actualmente, en Michoacán hay 11 comunidades con autogobierno y, prácticamente, todas ellas tienen problemas con el ayuntamiento por la entrega y manejo de los recursos económicos que les corresponden, lo que supone, en muchos casos, resolver la diferencias por la vía judicial.
Además de la autonomía financiera, el sistema de autogobierno también implica la elección por usos y costumbres. Esto también es un aspecto sumamente delicado porque, necesariamente, este método debe conciliar los principios básicos de la democracia y los derechos políticos de cada miembro de la comunidad, particularmente, los de las mujeres. La tensión permanente es garantizar, simultáneamente, los derechos colectivos y los derechos individuales.
Otro punto relacionado con los derechos políticos de los pueblos indígenas, es la igualdad en la representación política en la federación; es decir, en los cargos de mayor nivel en la toma de decisiones. A nivel federal, hay una subrepresentación política de este sector de la población. Si se toma en cuenta que alrededor del 21% de la población mexicana se reconoce como indígena, aproximadamente 26 millones de personas, concentrándose el 75% de ella en los estados de México, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Chiapas, Yucatán, Michoacán, Guerrero e Hidalgo, la participación en el Congreso de la Unión deja mucho que desear.
Para revertir esta subrepresentación, se han implementado una serie de acciones afirmativas. Por ejemplo, en 2005 se llevó a cabo la primera redistritación electoral federal en la que se identificaron 28 distritos indígenas, lo que representa 9.33% del total de los 300 distritos federales uninominales. Con ello, en 2006 accedieron a una diputación 14 personas indígenas, en 2009 ganaron 10, en 2012 fueron electos siete indígenas; en 2015 únicamente en seis de los 28 distritos referidos accedieron personas con identidad étnica, mientras que en 2018 en 13 distritos los partidos debieron postular candidaturas indígenas. Lo anterior, significa que el número máximo de diputaciones federales que han logrado obtener los grupos y comunidades indígenas es 14 (2006-2009), lo que representa apenas 50% de los 28 distritos indígenas. Además, entre 2009 y 2015 hubo un retroceso en la representación indígena, aun cuando hubo redistritación electoral.
En este sentido, el INE ha dispuesto para esta elección que los partidos políticos deberán postular candidaturas indígenas en 21 de los 28 distritos electorales indígenas, de las cuales 11 deberán ser para mujeres, en congruencia con la representación paritaria. Es una medida que aumentará la representación indígena.
C: Cuando hablamos de mujeres también estamos hablando de una diversidad de perfiles, de pluralidad, de identidades, demandas, ¿cómo se ha dado la equidad de género y expresado en la representatividad?, ¿qué han ganado las mujeres con ello desde la perspectiva legislativa y en materia de políticas públicas?
Y: Se ha señalado infinidad de veces que la representación política de las mujeres en los cargos de mayor nivel en la toma de decisiones, es desigual con respecto a los hombres. Pues bien, para corregir esta disparidad, la cual no resulta congruente en relación con la participación electoral de las mujeres ni al número de ciudadanas que hay en el país, se han venido dando pasos importantes en la legislación y en las políticas públicas, tanto a nivel federal como a nivel estatal.
En este sentido, hay dos reformas recientes que son claves. Una sobre paridad y otra sobre violencia política.
La primera reforma se dio el 6 de junio de 2019. Consistió en la modificación a nueve artículos de la Constitución federal respecto a la integración paritaria en los cargos de decisión política en los tres niveles de gobierno, en los tres poderes y en los órganos autónomos. Esto es un enorme avance en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el acceso al poder político.
Por otro lado, el 13 de abril de 2020 fueron publicadas las reformas a ocho leyes federales en materia de violencia política en razón de género, entre ellas, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; Ley General de Partidos Políticos; Ley General en Materia de Delitos Electorales; Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República; Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Estas reformas han impactado fuertemente en el ámbito electoral. Por ejemplo, la reforma del 2020 garantiza el principio de paridad de género en cualquier cargo de elección popular y dirigencias de partidos, y algo muy importante es que incluye como requisito para ser diputado federal o senador el de no estar condenado por el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género. En este caso, quienes sean sancionados por estas conductas, serán incluidos en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género de tres a seis años, y no podrán ser elegibles para cargos públicos.
En el caso de Michoacán, el Congreso del Estado ha armonizado su legislación con respecto a dichas reformas. Por ejemplo, se reformaron, también, en 2020 la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado de Michoacán; la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Michoacán de Ocampo; y, el Código Electoral del Estado de Michoacán. Además, para estos comicios, el Organismo Público Local (OPL), aprobó el Reglamento para la Tramitación y Sustanciación de Quejas y Denuncias en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.
Este reglamento menciona de manera puntual las acciones que pueden ser consideradas como violencia política de género, las sanciones aplicables a quien o quienes ejerzan algún tipo de agresión contra ciudadanas, así como los mecanismos de protección y seguimiento en coordinación con el TEEM. Estas reformas no son la panacea, pero sí se encaminan a asentar una democracia sustantiva.
C: El derecho a la información, el derecho a elegir a partir de la información, involucra a medios y a votantes construir un voto informado y no producto de la mercadotecnia, ¿cómo ejercer este derecho?
Y: Desde mi punto de vista, hay dos puntos que confluyen. Por un lado, es un tema de la cultura política de los ciudadanos; por otro, es una cuestión relacionada con los medios de comunicación. Ambos pueden constituir un círculo virtuoso que favorezca la democracia o un círculo vicioso que la deteriore.
Según la caracterización clásica de Gabriel Almond y Sidney Verba, la cultura política participativa o democrática es aquella en donde los ciudadanos intervienen activamente en la vida pública del país, conforme a principios democráticos que buscan explícitamente consolidar y ampliar. Una sociedad civil basada en este tipo de cultura política se caracterizaría por una permanente, alta y sistemática participación en los procesos electorales y no electorales. Por supuesto, una condición imprescindible radica en una información de gran calidad, veracidad y transparencia, abierta al debate y a la confrontación de ideas.
Es verdad que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, es un órgano autónomo que garantiza a los ciudadanos el conocimiento sobre datos e información pública. Sin embargo, en realidad, el grueso de la población se informa a través de los medios de comunicación y, cada vez más, a través de las redes sociales. No es usual que un ciudadano común realice solicitudes sistemáticas y periódicas de acceso a la información.
*Para construir un voto informado se necesita discutir y hablar de estos temas en la vida cotidiana, como lo señala Norbert Lechner en *Los patios interiores de la democracia. Aún no alcanzamos una politización en este sentido. Es verdad que en los últimos cinco años ha habido un mayor interés en los temas políticos y que la pluralidad de opiniones en la prensa, radio y televisión es evidente, pero también es verdad que el peligro ahora se cierne sobre las redes sociales. Las redes son el medio más cotidiano de comunicación sobre todo para los jóvenes y, por su naturaleza, son proclives a propagar noticias falsas.
Con todo, hay que tener claro que la ciberpolítica es una realidad y llegó para quedarse. En este sentido, es de suma importancia que las autoridades electorales determinen los criterios para el uso de las redes sociales en las precampañas y campañas políticas, las cuales tienen el objetivo, precisamente, de informar a los ciudadanos de las propuestas políticas para que puedan compararlas y optar libremente.
Un filósofo francés, Jean Baudrillard, hablaba que en las democracias modernas se estaba experimentado la transformación del ciudadano al consumidor. Y, en efecto, las campañas políticas cada vez más están regidas por los criterios del marketing. De hecho, los llamados consultores políticos son, prácticamente, mercadólogos y publicistas que son contratados para colocar la marca del partido en el gusto de la mayoría de consumidores. Eso es una adversidad, pero es una realidad. Por eso, la única manera de que los electores recuperen su carácter de ciudadanos es fomentar espacios para la discusión política seria y profunda en todos los ámbitos que se pueda. Si bien con ello, no se garantiza un cabal discernimiento de las plataformas de cada partido, por lo menos, se fomenta en los ciudadanos los cimientos para que desarrollen una auténtica cultura política democrática.
C: El derecho a la información, la transparencia es el umbral a otros derechos que concretan políticas públicas y legislaciones, que a su vez se transforman en otros derechos y responsabilidades y entre estas relaciono a las ofertas políticas, a las propuestas de campaña y que son el sentido de la contienda y la diferencia entre partidos y candidatos. En las elecciones se pierden identidades, se diluyen ofertas y ya en el cargo se olvidan compromisos y representaciones generando frustración y malestar en el ciudadano, ¿qué me puede decir al respecto?
Y: El tema que se plantea en la pregunta puede ser tratado desde la perspectiva de la elección consecutiva o reelección. Uno de los argumentos centrales que se manejan es, precisamente, que mediante la reelección los ciudadanos pueden aprobar o desaprobar el desempeño de sus representantes, o más aún, el cumplimiento de la oferta política expresada en campaña.
La reelección de cargos públicos se contempló en la reforma constitucional de 2014. En ella se estableció la figura de elección consecutiva de legisladores federales y locales, así como de integrantes de ayuntamientos. Posteriormente, en 2020 la Cámara de Diputados aprobó un conjunto de reformas y adiciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y a la Ley General de Partidos Políticos, entre las cuales se establecieron que los aspirantes a competir nuevamente por el cargo no tendrían la necesidad de separarse de su función. La minuta fue enviada al Senado, pero no se discutió ni, por supuesto, se aprobó.
En este sentido, debido a que el Congreso de la Unión no reguló en el tiempo previsto la figura de elección consecutiva, el 7 de diciembre del año pasado el INE se vio forzado a emitir un Acuerdo relativo a los lineamientos sobre elección consecutiva de diputaciones por ambos principios para el proceso electoral federal 2020-2021. Estos criterios solo tendrán vigencia para este proceso, en el entendido que es el Poder Legislativo el responsable de normar la elección consecutiva, a través las leyes secundarias en la materia.
Es cierto que las candidaturas consecutivas garantizan el derecho de los ciudadanos, por un lado, a ser votados y, por otro, a poder ratificar la opción política de su preferencia. En algunas democracias, como en la estadounidense, sí hay un efecto más o menos real en el comportamiento y desempeño de los políticos frente a las exigencias de los votantes. Pero, esto no sucede en todas las sociedades. En México, los políticos tienden a reciclarse, según las coyunturas, como estrategia para mantener sus intereses y lavar su imagen. Si a esto le sumamos el clientelismo electoral que no ha podido erradicarse y una deficiente cultura política de los ciudadanos, la reelección tiene aspectos delicados.
Uno de los puntos más sensibles de las candidaturas consecutivas en donde hay que poner mucha atención, es en el de garantizar el principio constitucional de equidad en la contienda. Quienes se postulen en candidaturas consecutivas no están obligados a renunciar a sus cargos y, en consecuencia, pueden seguir ocupando puestos estratégicos, percibiendo su salario y teniendo acceso a recursos públicos que, podrían ser elementos de ventaja frente a otros candidatos.
Desafortunadamente, ninguna democracia tiene una receta para responder efectivamente a la separación de la clase política frente a sus electores o frente a sus bases. En parte, ahí radica la crisis a la que se enfrentan los partidos políticos y el impulso a las exigencias de democracia directa.
C: Cada proceso electoral es un paso en nuestra vida democrático, ¿qué debemos esperar de este proceso electoral?
Y: Es una pregunta con muchas aristas. Voy a centrarme en el elemento de la participación. Uno de los retos para cualquier democracia es vencer el abstencionismo. En México, hemos observado que históricamente éste suele aumentar en las llamadas elecciones intermedias, probablemente debido a que contamos con un fuerte sistema presidencial que hace que la atención y la participación electoral de los ciudadanos se concentre más, cuando está en disputa el cargo del Poder Ejecutivo federal.
En una primera hipótesis, ojalá no suceda, se puede avizorar que en estos comicios habrá una tendencia al abstencionismo un poco mayor que en los anteriores procesos intermedios. La razón es que la pandemia misma, además de la reducción de la movilidad por el confinamiento en los hogares, ha dislocado las prioridades y los intereses de las personas y, en consecuencia, la importancia del proceso electoral ha pasado a un segundo o tercer plano, máxime cuando lo que está en juego no es la Presidencia de la República.
También se puede plantear una hipótesis contraria que establezca que el abstencionismo no se anclará en el miedo al contagio, e incluso que pueda disminuir un poco. Y esto por dos razones. La primera es que en las elecciones de Coahuila e Hidalgo del año pasado quienes se abstuvieron de votar explícitamente por temor al COVID-19 fueron solo mil personas en Coahuila y 784 en Hidalgo, o sea, que es un número poco significativo. La segunda razón es que el voto de los mexicanos en el exterior contenga la abstención, más cuando el TEPJF ha ordenado al INE emprender las modificaciones pertinentes para candidaturas a la diputación federal migrante.
En fin, veremos en los futuros estudios que se realicen sobre este proceso qué tanta abstención hubo y cuáles fueron las razones, y en qué medida las hipótesis se confirman, se desechan o se modifican. De una u otra manera, en este contexto será muy importante la promoción del voto. Para ello, los medios de comunicación, principalmente la radio y la televisión, son una pieza clave. Es importante que los concesionarios, más que nunca, promuevan programas de debate para abonar a la formación de la opinión crítica y, al mismo tiempo, barras educativas que estimulen la cultura política participativa, más allá de las preferencias partidistas o las discusiones sobre puntos polémicos, enfatizando las medidas de seguridad para acudir a las urnas.
A propósito de los medios de comunicación. Las redes sociales y las plataformas como Zoom serán, sin duda, un elemento estratégico en la conducción de las campañas y en la capacitación de los funcionarios electorales. La pandemia ha consolidado estos medios y, simplemente, es imposible prescindir de los mismos en cualquier elección. Sin embargo, esto conlleva sus riesgos. Deliberadamente, se pueden difundir a través de ellas contenidos falsos que propicien la desinformación o la calumnia, así como el abuso y el mal uso de los datos personales. Cuando esto sucede se contamina la elección y se puede descarrilar el proceso. Por eso, un aspecto que debe vigilar la autoridad electoral y, la ciudadanía en general, es el monitoreo de redes.
Y hablando de la ciudadanía, es importante la participación de los jóvenes. Atendiendo a todos los protocolos sanitarios, es fundamental que este sector de la población asuma el protagonismo en el proceso. No sólo porque es uno de los grupos con menores riesgos frente al coronavirus, sino porque representan entre el 35 y 40% de la lista nominal federal, y en Michoacán entre el 27 y 30%. Sería muy interesante que buena parte de ellos formara la base de los equipos de observadores electorales. En el caso de Michoacán, al 30 de enero, apenas se han registrado ante el OPL once personas.