Ley de la FGR y las modificaciones

Autor Congresistas
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Patricia Sauret

Ocho horas duró el debate a distancia sobre la Ley de la Fiscalía General de la República. Corrió una sesión mixta, presencial y a distancia, mixta y con la novedad del estreno de los datos biométricos de algunos senadores, lo que forma parte de la nueva era inaugurada por el COVID-19 SARS-CoV-2. Como otras tantas deliberaciones en puerta, se dió en el Senado una sesión histórica por todos los frentes hacia una nueva fiscalía que exige la asignatura pendiente del acceso a la justicia. Se discutió un proyecto de ley con más se 400 modificaciones, la participación de los senadores de todos los partidos y participación de organizaciones civiles.

Quedó en la escena parlamentaria el mensaje de las urnas, la legitimidad popular del número que sostiene el voto, la construcción de acuerdos y de consensos, la búsqueda de una amplia representación y el destino apuntalado por una mayoría legislativa que se prolonga al Titular del Poder Ejecutivo o al revés al caso, y que se impone también ante una estoica o débil oposición en los ciclos recurrentes de acción legislativa.

Con 118 votos a favor que nos hablan de participación, coincidencias, acuerdos y bajo el atinado y sobrio comando del presidente de la Mesa Directiva, senador Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, se realizó la sesión de la presentación y discusión de la iniciativa por la Sen. J. Lucía Trasviña Waldenrath, quién hablo a nombre de las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos, Segunda y explicó el proyecto de decreto por el que se expide a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República que da forma a una nueva Fiscalía General. A la vista un dictamen que suma la participación de la sociedad civil organizada, y de las diferentes expresiones políticas representadas en el Senado.

Cristalizan acuerdos para vigorizar la participación de todas las personas interesadas en la procuración de justicia, fortaleciendo la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones de la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la integración de un Consejo Ciudadano, cuyo objetivo es mejorar la intervención de la FGR dentro del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y de Tortura. Incorporan diferentes mecanismos de colaboración y coordinación entre los distintos ámbitos y órdenes de gobierno, incluyen una visión transversal de actuación con pleno apego a los derechos humanos. En el panorama la reingeniería de la Fiscalía, “acorde a nuestra lucha de siempre” garantizando “el principio de paridad de género en el proceso de selección del personal de carrera dentro de la Fiscalía General de la República”, anunció la Sen. Trasviña Waldenrath.

Despliegan los motivos: garantías a la autonomía, actuaciones con independencia, autonomía del Ministerio Público, “liberación de todo tipo de coacción o interferencia en su actuar asegurando “que emerge un Ministerio Público (MP), más eficiente y acorde a las necesidades actuales”. En las novedades de la FGR un órgano de mecanismos alternativos de solución de controversia, y armónico con la ley en la materia. Resalta el objetivo de evitar opacidad, y “se delimita la información considerada reservada para la colaboración con el MP en la investigación de los delitos”.

Reforzada la “facultad de crear diferentes organismos internos dentro de las funciones del Fiscal General”, respuesta a las necesidades surgidas a futuro, eficiencia de la tarea de la FGR. La senadora incorpora las aspiraciones y principios como autonomía, legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, respeto a los derechos humanos, interculturalidad, perspectiva de la niñez y adolescencia, debida diligencia, lealtad, imparcialidad, especialidad y perspectiva de género”.

Quedando como un principal compromiso que “la investigación de los hechos que puedan ser constitutivos de delitos de su competencia, el Ministerio Público de la Federación se auxiliaría de las policías, incluyendo la Guardia Nacional y las instituciones de seguridad pública del fuero federal o común, así como de las personas investigadoras, personas peritas, analistas y facilitadoras, quienes actuarán bajo su mando y conducción, en los términos de lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes”.

Posicionamientos

PRD

A nombre del grupo parlamentario el Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, sostuvo que nuevamente la discusión del marco de actuación para la FGR es y representa el debate para que México logre una Fiscalía sólida, independiente, autónoma, “al servicio de la procuración de justicia para todas y todos los mexicanos”. Manifestó que “la Fiscalía, con su autonomía constitucional consagrada desde 2014 y su declaratoria en 2018, ha implicado transitar hacia una nueva forma de investigar los casos, delitos, de procurar la justicia de conformidad con el 21 constitucional”. Anunció una nueva ley, debido a la modificación a más de 60 ordenamientos y convocó a no estar ausentes del análisis y de la discusión de un proyecto que no escapa “al escrutinio de organismos internacionales, locales, de organizaciones de derechos humanos y de la sociedad en general”.

Recordó que el PRD desde el inicio del proceso legislativo propuso mejorar condiciones, y agregó el énfasis de que “todo lo perfectible que puede ser un ordenamiento en donde se trabaja de manera conjunta”. Destacó que el análisis de la nueva Ley de la Fiscalía “ha planteado y ha requerido que se haga propio el debate y observaciones de la Oficina del Representante de la Alta Comisionada de Naciones Unidas, de los grupos de trabajo de desapariciones forzadas, de diversos colectivos, de áreas de gobierno”. Reconoce que la procuración de justicia es un tema de permanente actualización y que demanda “el impulso de propuestas para que fueran incorporadas, que se pudiera discutir y llegar a consensos importantes”.

Destacó entre las propuestas: autonomía consagrada en el artículo 4 como uno de los principios rectores, garantía de independencia y autonomía técnica y funcional de las y los fiscales. Incorpora requisitos previstos en la Constitución para nombramiento de la persona titular de la FGR, establecimiento de suplencia de la persona titular de la FGR. Refiere al art. 24, que establece que la renuncia solamente procederá por causa grave. Está previsto en el art. 88 la obligación de presentar el Plan Estratégico de Procuración de Justicia ante el pleno de esta Cámara. Sobresale: lo planteado por la ONU que es garantizar los derechos de las víctimas. Resaltan los mecanismos de apoyo exterior y la creación de comisiones especiales, enfocadas al acceso a la verdad, la justicia, la reparación integral y la garantía de no repetición, lo referente al art. 98, con la reincorporación del Consejo Ciudadano, demandado por la sociedad civil y por diversos organismos de derechos humanos.

Expresó que el acento de la academia impulsa la naturaleza jurídica del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) como un órgano con autonomía técnica, de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propio. Subrayó la voluntad de que la Fiscalía participe como integrante en cuatro a instancias muy importantes garantizando su autonomía, conferida por el art. 102, Apartado A, de la Constitución, vinculado al mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas en la Comisión de Trata de Personas, el Sistema para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres y el Sistema Nacional de Búsqueda. Mencionó la estructura de la institución la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas.

Partido del Trabajo

Desde tribuna el Sen. Miguel Ángel Lucero Olivas destacó el combate a la corrupción e impunidad por la 4T, la creación hace dos años de la Ley Orgánica de la FGR, replanteando la ley y sus instrumentos jurídicos. Resaltó que la ley contempla principios como: honradez, eficiencia y el profesionalismo, que son fundamentales para que la ciudadanía vuelva a tener certeza y confianza en la impartición de justicia. Objetivos: dotar al MP de instrumentos eficaces de investigación y persecución de delitos, autonomía en actuación y a favor de la ciudadanía sin presiones del Poder Ejecutivo, ejerciendo funciones con independencia y libre de cualquier coacción. Explicó que la elección del titular de la Fiscalía será por terna y a propuestas del Titular del Ejecutivo respetando la paridad de género y designado por el Senado de la República.

Definió que el fin de la Fiscalía es la cercanía a la ciudadanía, por ello la implementación de mecanismos de ventanilla única, canalizar de forma oportuna asuntos para una mayor atención y posterior desahogo. Puso acento en el diálogo y la negociación política por medio de una adenda, apertura, deliberación pública, la expedición “de una ley que dote a la Fiscalía de las herramientas necesarias para combatir la impunidad”. Destacó la instalación de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas, reivindicando los derechos de las mujeres víctimas de trata de personas, la importancia de una representación de voz y voto de la FGR como parte de la Junta de Gobierno del Sistema de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, de la Comisión Intersecretarial para “Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata Personas, como en el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres, participando dentro del sistema con pleno respeto a la autonomía constitucional a la que confiere el art. 102, apartado A de la Constitución Política”.

Puntos importantes de la ley: investigación de los delitos de su competencia, en los que el MP de la Federación se auxiliará de las policías, incluyendo la Guardia Nacional y las instituciones de seguridad pública del fuero federal o del fuero común; establecimiento por ley de una estructura orgánica funcional que atiende a la realidad de la institución y a las necesidades de la procuración de justicia a nivel federal, delimita los alcances en el ámbito de actuación de fiscales especializados en materia de delitos electorales y de combate a la corrupción. Se contempla la creación de mecanismos de evaluación de resultados, contribuyendo a un mayor análisis de las actividades institucionales.

Se propone la generación de indicadores del desempeño para una oportuna identificación de las necesidades institucionales. Advierte que la nueva ley posibilita crear un plan estratégico de procuración de justicia, instrumento que determinará las estrategias y objetivos con los que se desarrollan las funciones de la institución. Indicó que el plan deberá ser presentado por el titular de la FGR al inicio de su gestión ante el titular del Poder Ejecutivo Federal y presentar anualmente ante el Congreso los resultados y modificaciones que en su caso haya tenido. La ley faculta a la Fiscalía a remitir al Congreso de la Unión su postura institucional sobre las iniciativas, reformas constitucionales y legales que tengan que ver con el ámbito de su competencia, fortaleciendo así al Poder Legislativo y consolidando la coordinación de poderes.

Encuentro Social

La Sen. Elvia M. Mora Arellano, planteó desde tribuna las demandas de justicia de la población y los reclamos por el mejoramiento del sistema de justicia en México. Se pronunció por la necesidad urgente de eficientar y fortalecer el trabajo de la FGR, que garantice los procedimientos adecuados y los ordenamientos que regularán dicho sistema. Resaltó como fortalezas del dictamen la integración, estructura, funcionamiento y atribuciones de la Fiscalía, además la organización, responsabilidades y función de la ética jurídica del MP de la Federación y personas servidoras públicas de la Fiscalía. Se crean unidades encargadas de la investigación del delito, dotadas de autonomía técnica y de gestión; se establece un nuevo modelo de gestión, acompañado de un mecanismo de ventanilla única mediante el cual se canalizarán de forma oportuna los asuntos para su adecuado desahogo y atención, y de esta forma se pretende atender el reclamo y aspiración social respecto a una eficiente y adecuada procuración de justicia.

Reconoce los atributos de los procesos de evaluación y certificación a los cuales deberán someterse y aprobar las personas servidoras públicas de la FGR para ingresar y permanecer en el ejercicio de sus funciones. Desglose: aplicación de sanciones administrativas, marco especial de medidas disciplinarias para agentes de la Policía Federal Ministerial y analistas que falten a la línea de mando cuando ejecuten las órdenes directas que reciban. Previsión para el titular de la FGR, procedimientos aplicables de juicio político y declaración de procedencia conforme a la Constitución. En los agregado la publicación de un plan estratégico de procuración de justicia como instrumento para determinar las estrategias y objetivos con los que se desarrollarán las funciones de la institución, respeto irrestricto a los derechos que otorga Constitución.

Movimiento Ciudadano

El Sen. Noé Fernando Castañón Ramírez, vislumbra la necesidad apremiante del acceso a la justicia eficaz, expedita, sin discriminación; dignificante y que restituya a las víctimas. Recordó que se opusieron a la reforma constitucional en materia de prisión preventiva porque la prisión sin juicio no es justicia. También se opusieron a la reforma al Poder Judicial, porque lejos de modernizar al sistema de impartición de justicia descompuso el sistema de equilibrio de poderes. Precisó que impulsaron una agenda de acceso a la justicia “basada en el respeto a los derechos humanos”, en la defensa de las víctimas, en el combate al punitivismo, en el fortalecimiento de las policías e instituciones de seguridad local y en la autonomía de los órganos de procuración de justicia”. Explicó la relevancia de la legislación orgánica de la FGR, como garantía a la autonomía y correcta ejecución de sus atribuciones, lo que requiere de no confundir coyuntura política con la responsabilidad de legislar ni mezclar filias y fobias sobre personajes de turno con las funciones institucionales que se revisan.

Manifestó que la revisión y discusión de la nueva Ley Orgánica de la FGR ha sido un proceso largo y complejo, además precisó que el proyecto de dictamen sustancialmente distinto a la iniciativa original presentada, y que suscitó una multitud de cuestionamientos y señalamientos, pero gracias a un trabajo plural se lograron cambios y avances reales como fue restituir el ordenamiento y explicitar los derechos de las víctimas que se olvidaron en la iniciativa original, garantías del rol del Senado como instancia revisora y aprobatoria del plan estratégico de procuración de justicia, reducción del margen de discrecionalidad en la elaboración del estatuto orgánico, en lo que respecta a las suplencias del Fiscal General y a las funciones de las fiscalías especializadas. Como planteamiento resalta el de diseñar una estructura organizacional de la FGR holgada y flexible, sin temas de reserva de ley que corresponden exclusivamente al Poder Legislativo reservado a quien escribían un estatuto orgánico.

Quedan en salvaguarda los supuestos de competencia federal en la investigación de los delitos de desaparición forzada y tortura, y pretensión de derogar con los artículos 22 y 24 de las leyes de Tortura y Desaparición Forzada, acotada la presión y apego al Código Nacional de Procedimientos Penales en los mecanismos de coordinación y cooperación institucional, apego a la legislación de datos personales lo que respecta a su manejo en el sistema informático nacional; avances en el despliegue de la autonomía del interior de la FGR, fue recuperado el dictamen del Consejo Ciudadano que fue borrado en la iniciativa original, corresponderá al Senado la integración de este órgano de vigilancia y consulta, avances en la atracción de casos, creación de una fiscalía especializada en delitos de violencia contra mujeres y trata de personas con personal debidamente capacitado para el seguimiento a las denuncias realizadas y que los delitos de estas materias no queden impunes. Se reconocen pendientes como es la facultad de atracción; la ley vigente prevé que la Fiscalía pueda atraer casos del fuero común a petición de las víctimas o ante la incapacidad o inactividad de las fiscalías estatales.

Verde Ecologista

A cargo del grupo parlamentario, el Sen. Raúl Bolaños Cacho Cué, destacó que el diálogo ha sido privilegiado por la XLIV Legislatura permitiendo la nueva ley de la FGR cuyo objetivo es el fortalecimiento del Sistema de Impartición y Procuración de Justicia que significó la escucha de gobernadores de diversas entidades federativas con una ambiciosa propuesta de reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales, a lo que se sumó la reforma al Poder Judicial de la Federación. Expreso que se concreta una gran reforma que fortalece e independiza a la FGR, al MP al dotarlo de atribuciones, revaloriza a los servidores públicos y a la Fiscalía y otorga proximidad y trasparencia a la ciudadanía. Refirió que el tema de desaparición forzada y búsqueda de personas debatido en el Parlamento Abierto no alcanzó unanimidad de las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos. Recordó la demanda de quienes “viven con zozobra, con la esperanza de encontrar a sus seres queridos que han desparecido” fueron recogidas.

PRI

Correspondió a la Sen. Claudia Ruíz Massieu presentar la posición de su grupo parlamentario y reconoció el dictamen como uno de los que dé origen a suscitar las mayores diferencias y que simultáneamente recoge en mucho “la visión de la pluralidad de esta Cámara y contiene ya importantes avances en temas estructurales en materia de derechos de las víctimas, derechos humanos, mujeres o participación ciudadana. Define que se trata de un dictamen imperfecto considerando que la expedición de una nueva ley para la FGR se fundamenta en el régimen transitorio de la Ley Orgánica aún vigente, y que traduce como una convocatoria que nunca se realizó, “cerrando de facto las posibilidades de diálogo constructivo con la sociedad que nos habría permitido una valoración más adecuada de los cambios necesarios”. Dijo que el PRI reconoce que se trata de un proyecto muy distinto al que originalmente fue presentado para reorganizar al MP, pero no sujeta a “la voluntad política del grupo mayoritario ni a los buenos oficios del titular de la Fiscalía, sino a un mandato de ley que se ha desconocido en cada momento del proceso legislativo que dio lugar a este dictamen”.

Descartó que se promoviera consulta, sin embargo, se escuchó a colectivos en búsqueda de personas desaparecidas, concluyendo que se trata hoy de un proyecto de decreto muy distinto del original planteado para reorganizar al MP. Dio cuenta de la disposición del bloque mayoritario para escuchar algunos planteamientos y canalizados a partir de las consideraciones de la sociedad civil, de las advertencias de los especialistas y de las exigencias de los familiares de víctimas. Su grupo parlamentario reconoció legitimas las demandas de los grupos y respaldaron acuerdos que suman coincidencias, sin embargo, no celebran totalmente el decreto. Indicó que se esforzaron por escuchar a la sociedad civil, reconocen como legitimas sus demandas. Señaló que se acude a la asamblea cumpliendo con su responsabilidad pero sin pasar por alta las insuficiencias persistentes en el dictamen, insuficiencias que se deben atender.

Sostuvo que se pretende otorgar a la Fiscalía emitir su propio estatuto orgánico, el estatuto del Servicio Profesional de Carrera, lo que califica como una delegación indebida de la facultad legislativa, la renuncia de facto de la responsabilidad de definir los criterios y los límites para el desarrollo de estas normas internas establecidas en el texto constitucional, la intención de facultad a la institución para que expida las disposiciones para normar su propia actuación en ámbitos administrativos, como la adjudicación de contratos de arrendamiento y obra pública, pues se trata de cuestiones reservadas a la ley y no al orden jurídico interior, la concentración injustificada de facultades, la ampliación de la discrecionalidad en la persona titular de la FGR y la inconsistencia de la nueva ley con otras normas vigentes.

Destacó en la revisión de las consideraciones el reconocimiento a los organismos internacionales, organizaciones civiles nacionales, ambas especializadas en la defensa de los derechos humanos para que estos ordenamientos se apeguen plenamente a la rectoría que deben tener los derechos y las libertades de las personas en las actividades del organismo a cargo de la procuración de justicia.

PAN

Desde tribuna, el Sen. Damián Zepeda Vidales, manifestó que aprobaran un decreto que consideran positivo, una ley sólida que va a permitir un mejor trabajo al interior de la FGR. Reconoció que el sistema de justicia en México está colapsado, con 30 millones de delitos de los que el 90% no se denuncian, el 7% inician una investigación y sólo la mitad llega ante el juez. Recordó que han alertado sobre el estado del sistema de justicia en México y que no apoyaron a la nueva ley derivada de la reforma constitucional, debido a que que se requiere una reforma constitucional para fortalecer, aún más la autonomía e independencia. Comentó que se presentó una propuesta que fue trabajada afuera y al interior del Senado, con poco debate al respecto, y que tenía algunas figuras con las cuales ellos no compartía visión, como la coordinación general y algunas otras.

Aseguró que el PAN decidió participar en la mejora de una ley y tener como producto algo positivo para México. Reconoció que se tiene una mejor Ley para la FGR que es producto del consenso que logra esquemas de rendición de cuentas; fortalece la participación ciudadana; el esquema del informe que presenta la FGR, los criterios de oportunidad, va a entrar en un ejercicio republicano, de entrega del informe de mayor información solicitada por el Senado de la República, garantía de independencia del MP; establecimiento de servicio profesional de carrera, con requisitos para el ingreso y la permanencia, exámenes de evaluación de confianza, exámenes de oposición reglamentados, la posibilidad de crear comisiones especiales mixtas, multidisciplinarias con análisis a profundidad de los problemas delictivos, sanción del abuso de autoridad, para remoción y queda pendiente lo penal, aquel funcionario que lleve a cabo actos de molestia injustificada que abra y desarrolle carpetas sin tener justificación y que filtre documentos con dolo, para dañar a las personas que están en los procesos.

Destacó la creación por consenso de la Fiscalía Especializada contra la violencia hacia las mujeres, la participación del INAI en los esquemas del Sistema Nacional Anticorrupción, participación de la FGR en los sistemas de búsqueda de violencia, de mujeres, de trata, de protección de derechos humanos y periodistas. Reconoció temas pendientes ante los cuales presentan reservas y que son: derechos de víctimas, de atracción, algunas facultades en materia fiscal y mencionan que blindan el presupuesto de la FGR.

Morena

El Sen. Ricardo Monreal Ávila sostuvo que el proceso de transformación de la FGR, se inició con la Ley Orgánica que aprobó este Senado en el año 2018, previniendo que tras un año el Fiscal General de la República, con base en la experiencia en la aplicación de la ley, presentará propuestas de modificación al marco normativo de la institución. Dijo que revisó la propuesta que presentó el Fiscal y se dio a la tarea de preparar una iniciativa de la ley de la FGR y reformas a otras leyes para actualizar el marco normativo garantizando la autonomía constitucional de la FGR que es hoy la iniciativa que se dictamina. Indicó que la propuesta reconoce dos pilares: la competencia del MP, especialización y la desconcentración regional, prevención de unidades especializadas como esquema de organización regional a través de circunscripciones, alcances de la intervención de las policías y regulación de la participación del MP respecto a la preparación y al ejercicio de la acción de extinción de dominio.

Establece los principios de un modelo de gestión con base a equipos colaborativos de forma flexible y eficiente, conforme a planes de investigación que lleven a la pronta solución de los conflictos, debida a su judicialización o por la aplicación de soluciones alternas, evitando en todo caso la fragmentación de las investigaciones, sobre todo en casos transversales y complejos ante la ausencia de tales parámetros en la ley vigente, fortalece la calidad y celeridad en la atención de los usuarios con un mecanismo de ventanilla única, lo cual es ignorado por la ley vigente, establece un sistema interinstitucional para evaluar y que va a dar resultados, se da seguimiento a las actividades del MP de la Federación, a sus auxiliares y procesos institucionales que permitirá contar con información útil para la investigación, inteligencia, desarrollo de estrategias y decisiones administrativas.

Se prevén mecanismos de colaboración y coordinación entre el MP de la Federación, otros entes públicos y particulares, necesarios para la investigación, de hechos delictivos, en lo cual es omisa la ley actual, la creación de un sistema de información nacional interoperable al servicio a las instituciones de procuración de justicia, para investigación de hechos delictivos, de definición de políticas y estrategias en el combate de delitos para acceder a la investigación a grandes volúmenes de datos que inundan a la realidad del siglo xxi.

Contempla la necesidad de la investigación moderna de los hechos delictivos ignorada por la ley vigente, bases suficientes para un servicio profesional de carrera en todas sus etapas, requisitos de ingreso, permanencia y terminación garantizando futuro con el personal idóneo para las funciones institucionales, mecanismos de certificación correspondiente a la autonomía de la FGR, prevé régimen especial de responsabilidades administrativas para el MPF y sus auxiliares, crea disposiciones sobre el patrimonio, presupuesto y contratación pública de la Fiscalía acordes con su actividad como órgano constitucional autónomo y que son soslayadas por la ley vigente, plantea plan estratégico de procuración de justicia por el cual se determinarán las estrategias y objetivos para las investigaciones y persecución del delito.

Indicó desde la presentación de la iniciativa que se contactó con los sectores de la sociedad interesados en el correcto funcionamiento de la Fiscalía, fijaron mecanismos para recibir las propuestas de la sociedad que enriquecieran la iniciativa, escucharon reclamos y las críticas de parte de las víctimas. Dijo que la ley es un producto plural y que fortaleció la participación ciudadana, adecuó el lenguaje incluyente, la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones de la FGR, se estableció un consejo ciudadano como un órgano especializado de consulta y de carácter honorífico, precisiones de la obligación de la persona, agente del MPF, de velar por los derechos de las víctimas, previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley General de Víctimas, entre ellas, medidas de protección a su favor, faculta al titular de la FGR a crear comisiones especiales de carácter temporal, con autonomía técnica y gestión colaborativa en la investigación de fenómenos de criminalidad o fenómenos de criminales complejos, garantiza el principio de paridad de género en el procedimiento de designación de la persona titular de la institución la lista que envíe el Senado y la terna del titular del Ejecutivo Federal deberán ser paritarias, paridad de género en los procesos de selección del personal del servicio de carrera que se instale en la FGR.

Se reconocen avances en la intervención de la ciudadanía en la configuración del Plan Estratégico de Procuración de Justicia, el principio de autonomía, independencia de agentes del MPF, mecanismos alternativos de solución de controversias, previstos en la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal, se agregaron requisitos para la elegibilidad de la persona titular de la Fiscalía General; adición de facultades de la persona titular de la Fiscalía General, nombrar y remover a las personas titulares de las fiscalías especializadas, fiscalías o unidades administrativas de la institución, con las excepciones constitucionales, clarificación de reglas de suplencia y representación del titular de la Fiscalía General y de las personas titulares de las Fiscalías Especializadas, Fiscalías o Unidades Administrativas.

Precisión de las causas y el procedimiento de remoción por causa grave, delimitación de la forma en que las autoridades y los particulares colaborarán con la persona Agente del Ministerio Público Federal de la Federación en la investigación del delito, delimitación de la información que se considerará reservada para la colaboración con la persona Agente del MPF para compartir en el Sistema Informático Nacional Interoperable, así como se fortalece la participación del Senado de la República en la revisión de la gestión al frente de la FGR, así como en la aprobación del Plan Estratégico de Procuración de Justicia reglas de competencia para la investigación y persecución de los delitos relacionados con la desaparición de personas, previstas en el artí. 24 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, la Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Intervenciones de senadores a favor y en contras: Emilio Álvarez Icaza, en contra; Juan Manuel Zepeda Hernández, Patricia Mercado Castro (MC), a favor; Eruviel Ávila Villegas (PRI); Nadia Navarro Acevedo, Mª Guadalupe Murguía Gutiérrez, Kenia López Rabadán, Xóchitl Gálvez Ruiz (PAN), a favor; José R. Enríquez Herrera, Martí Batres Guadarrama, Julio R. Menchaca Salazar, (Morena), a favor.

No hay ni leyes del todo perfectas e imperfectas, sino oportunidades de construir con amplia representación de todos, como productos de acuerdos y negociaciones entre las fuerzas de poder público y todas son perfectible y derivan del talento y voluntad política.

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