Prohibir el castigo corporal y humillante contra niñas, niños y adolescentes.

Autor Congresistas
12 Vistas

Las representaciones en México de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), dieron a conocer que los compromisos internacionales asumidos por el Estado Mexicano en materia de derechos humanos instan a las autoridades a adecuar sus marcos normativos para prohibir el castigo corporal y humillante contra niñas, niños y adolescentes.

Se advierte de la oportunidad que se presentó para fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes contra la violencia en México, para la Cámara de Diputados, la oportunidad de reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y del Código Civil Federal, a fin de prohibir el castigo corporal y humillante como método de crianza.

En los datos de la justificación de la necesidad legislativa destaca la relacionada con la violencia contra la infancia y adolescencia que se reconoce como una violación a sus derechos humanos, sin embargo, se mantiene siendo ampliamente ejercida y aceptada, en tanto que 6 de cada 10 niñas, niños y adolescentes de 1 a 14 años en México han experimentado algún método de disciplina violenta en sus hogares (ENIM 2015), con graves secuelas para su desarrollo.

Se informó que las niñas y niños expuestos a castigo corporal representan 2.4 veces menos probabilidades de alcanzar un desarrollo adecuado en la primera infancia, mientras que la exposición a la disciplina violenta aumenta 1.6 veces el riesgo de que una niña o un niño sea agresivo (Disciplina violenta en América Latina y el Caribe, Análisis estadístico; UNICEF, 2018).

Además refieren a que las niñas, niños y adolescentes que sufren constantemente violencia en el seno familiar tienen mayor probabilidad de abandonar su hogar, verse orillados a situaciones de extrema precariedad y vulnerabilidad, vivir en situación de calle, ser institucionalizados y, en general, enfrentar un mayor riesgo de abuso y explotación, incluida la vinculación con grupos u organizaciones criminales, y de entrar, como resultado, en contacto con la justicia juvenil (Violencia, Niñez y Crimen Organizado; Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2015).

Destacan en una suerte de recomendaciones las formuladas a México por el Comité de los Derechos del Niño de la ONU señalando que toda forma de violencia contra niñas, niños y adolescentes, incluido el castigo corporal, es injustificada y perjudicial, no sólo por el daño infligido, sino porque menoscaba sus derechos y desarrollo. Al mismo tiempo, el Comité manifestó preocupación por la elevada incidencia de castigos corporales infligidos a niñas y niños, violencia doméstica y violencia de género, así como por la falta de acceso a la justicia, por lo que recomendó al Estado Mexicano prohibir expresamente los castigos corporales y humillantes en todos los entornos, en el nivel federal como estatal, y derogar de los códigos civiles federales y estatales el “derecho a corregir”.

De igual forma, la emitida en julio de 2018, por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), mostró preocupación tanto por la persistencia en México de patrones de uso generalizado de la violencia por razón de género contra mujeres y niñas, incluida la violencia física, como por el aumento de la violencia doméstica.

Las Agencias firmantes reconocemos los esfuerzos de los legisladores para avanzar en la agenda de derechos de las niñas, niños y adolescentes, y subrayamos que, de ser aprobada la prohibición del castigo corporal y humillante, la normatividad mexicana daría un importante paso en el cumplimiento de las normas de derechos humanos que establecen la Constitución Política Mexicana y los tratados internacionales que protegen la integridad de todas las personas sin excepción alguna.

Asimismo, reconocemos que todos los esfuerzos orientados a la eliminación de cualquier forma de violencia contra personas menores de 18 años, es fundamental para la transformación de nuestra sociedad en una más justa, pacífica e igualitaria.

Artículos Relacionados