COVID: Derechos y vulnerabilidad

Autor Congresistas
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La situación de pandemia cuyo combate se tradujo en confinamiento y en un paro voluntario de la economía, desnudó no sólo el sistema de salud sino también el estado que guardan los derechos humanos, entre estos el de la salud, la educación, del trabajo, la alimentación, la vivienda y otros. Interesantes investigaciones dan la oportunidad de conocer también cuáles fueron los sectores de la población más afectados y como siempre resultaron los más débiles: enfermos crónicos y personas de la tercera de edad, pero también desde otros ángulos las afectaciones a jóvenes y mujeres.

De la aparición de coronavirus SARS-CoV-2 a la emergencia de su veloz dispersión del contagio se desprenden múltiples lecciones y las más destacadas se relacionan de manera directa con la vulnerabilidad de los derechos humanos, entre estos la salud, pero también la transparencia, la información, el trabajo, la alimentación, vivienda, a la vida, a la certidumbre y seguridades en mundo cada vez más globalizado.

La Organización Internacional para el Trabajo (OIT), publicó un interesante trabajo respecto del cuál es el impacto que ha tenido el coronavirus SARS-CoV-2 sobre los jóvenes. Las conclusiones son sencillas, ya que las crisis siempre pegan con mayor impacto sobre los sectores más vulnerables y uno de ellos son los jóvenes, quienes particularmente se encuentras expuestos a la pandemia.

La transición de los jóvenes al campo laboral no siempre es un puente fácil a cruzar, representa un esfuerzo de desarrollo enorme para los jóvenes incluso en tiempos de prosperidad económica. Según los datos del análisis de la OIT, en 2019, previa fecha en que aparece el brote del virus, una de cada cinco personas menores de 25 años, en una población que se calcula en 267 millones a nivel mundial se encontraba entre el grupo de jóvenes que no trabajan no estudia ni reciben formación.

El análisis de la OIT sostiene cinco criterios para explicar el que mujeres y varones jóvenes sean particularmente afectados económicamente por la pandemia ocasionada por el COVID-19.

El primer criterio vincula como causa a una recesión que afecta más a los trabajadores jóvenes que a las personas de mayor edad y experimentados. La observación revela que los trabajadores más jóvenes suelen ser los primeros en experimentar el recorte de sus horas de trabajo o ser sujetos al despedido. Y si a la situación le agregamos la ausencia de redes y de experiencia, tenemos como resultado el que se dificulta más la búsqueda de otro trabajo decoroso, pero, además, la situación puede empujarlos a trabajos con menos protección jurídica y social.

En el caso de los emprendedores jóvenes y las cooperativas de jóvenes, registra el que afrontan problemas similares, pues una situación económica ajustada dificulta la obtención de recursos y financiación; además, desconocen cómo afrontar escenarios comerciales complicados.

Otros datos resultan interesante, como el que refiere a que tres de cada cuatro jóvenes trabajan en la economía informal particularmente en países de ingreso bajo y mediano, como es la agricultura, pequeñas cafeterías o restaurantes, por lo tanto sus ahorros son escasos o nulos y no pueden permitirse estar confinados.

Otro criterio empleado en el análisis se relaciona con el dato de que numerosos trabajadores jóvenes tienen una “forma atípica de empleo”. Ello se explica con que cuentan con trabajos a tiempo parcial, trabajos temporales, o los vinculados al sector de las plataformas digitales. Se anota el hecho de que estos trabajos suelen estar mal pagados, con horarios irregulares, escasa seguridad en el empleo y poca o nula protección social, como son las prestaciones laborales. A menudo, no habilitan al trabajador a percibir prestaciones de desempleo, y en muchos países, las instituciones del mercado de trabajo que podrían ayudar, como las oficinas de empleo, son ineficaces.

El cuarto criterio precisa que las personas jóvenes trabajan en sectores e industrias especialmente afectadas por la pandemia de COVID-19. Se aportan como datos que, en 2018, uno de cada tres trabajadores jóvenes de los Estados miembros de la Unión Europea trabajaba en el sector del comercio al por mayor o al por menor, también en la hotelería y la restauración, como asistentes en tiendas, cocineros, camareros, etcétera.

Los datos apuntan a las actividades comerciales más vulnerables a la crisis del COVID-19. También se ve la posibilidad de que las mujeres jóvenes sean las más afectadas, debido a que representan más de la mitad de las personas menores de 25 años empleadas en esos sectores. Otro dato muestra que las mujeres representan el 57% de las personas jóvenes en los servicios de restauración y hotelería en Suiza y el 65% en el Reino Unido. En esta perspectiva ante los demás grupos de edad, el grupo de los trabajadores jóvenes es el más amenazado por la automatización.

Se tiene claro que la emergencia por el COVID-19 afectará a casi todos los habitantes del mundo, independientemente de la edad. Se reconoce que los ingresos del país de que se trate, es probable que los jóvenes sean especialmente perjudicados. Desde está perspectiva resulta necesario que los líderes mundiales elaboren paquetes de medidas de apoyo y estímulo, que se incluyan medidas especiales para ayudar a los jóvenes, velar y asegurar planes de apoyo que los incluyan, ya se trate de asalariados o emprendedores.

Atención especial merece la precisión de que el incremento del desempleo juvenil no sólo perjudica a los interesados, sino representa también un elevado costo a largo plazo para las sociedades. Resalta el análisis de la OIT que “incorporarse al mercado de trabajo en una recesión puede provocar en los jóvenes una pérdida de ingresos significativa y persistente capaz de prolongarse durante toda su carrera”.

Y hay una trascendente sentencia y esta tiene que ver con que “si se ignoran los problemas específicos de los trabajadores jóvenes se corre el riesgo de desperdiciar talento, estudios y formación, por lo que las consecuencias del brote del COVID-19 podrían prolongarse durante décadas”.

Otros trabajos de investigación elaborados por el Centro de Estudios Educativos y Sociales (CEE) que dirige el Dr. Miguel Székely, como es la Investigación “La Magnitud del Impacto social del COVID-19 en México, y alternativas para amortiguarlo” nos ofrece la información de gran calidad que nos permite conocer la magnitud de la crisis.

El diagnóstico del Centro de Estudios Educativos y Sociales va enfocado a los efectos de la pandemia en nuestro país y aporta los siguientes datos: primero, que se da una investigación de fondo del problema que viene marcando un antes y después que nos revela según el Centro “una contracción económica registrada durante los meses de marzo y abril de 2020 a raíz de la pandemia del COVID-19.

Destaca en el estudio la estimación de que 12.2 millones de personas pasarán de las clases medias a la pobreza en México y que adicionalmente, se analiza el posible efecto “amortiguador” de cinco acciones a ejecutarse en el transcurso de seis meses.

La recomendación apunta a los resultados sobre la cantidad de personas para las que puede evitarse la caída a la pobreza, que son: Transferencia de medio salario mínimo al mes a trabajadores por cuenta propia 38% 4.68; Recalendarización de pagos de ISR y cuotas de seguridad social a trabajadores formales 27% 3.34; Seguro de desempleo con valor de un salario mínimo al mes 19% 2.35; Duplicar por tres meses los apoyos de programas sociales del 2018 14% 1.73; Dos millones de nuevos créditos a la palabra para empleadores (política gubernamental) 1% 0.13.

Otro dato que cabe destacar es el que tiene que ver con el que el costo estimado de recursos fiscales para financiar estas acciones y revertir el incremento esperado en la pobreza es de 159,010 millones de pesos (0.66% del Producto Interno Bruto).

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