Zona Esmeralda

Autor Congresistas
16 Vistas

Surge una esperanza para los estados como Michoacán y Jalisco, en donde, se ha detectado que la tala ilegal va en aumentó y que también acompaña a la siembra de aguacate. Y que además en el sureste del país, como Campeche, se le vincula con el avance de la frontera agrícola y con el tráfico ilegal de maderas preciosas.

El desarrollo sustentable de bosques que se realiza en otros países ya no es más una esperanza inalcanzable sino una posibilidad alcanzable tanto para las comunidades indígenas, los pueblos rurales y todos aquellos vinculados a la preservación de la vida.

A tiro de las propuestas de legisladores esta la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable de México. Si bien se le reconoce como una norma joven, que fue aprobada el 5 de junio de 2018, y tuvo importante recepción porque representó el impulso del manejo forestal comunitario, hoy la diferencia es que se requiere de una profunda cirugía para arreglar sus omisiones y deficiencias. Desde está perspectiva el Consejo Nacional Forestal (Conaf), presentó una iniciativa de reformas a la ley que contempla alrededor de 80 cambios.

La iniciativa de reformas a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, ya se entregó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados de México, es resultado de varios meses de trabajo y de una decena de talleres y foros en los que participaron comunidades forestales, organizaciones no gubernamentales, industriales y autoridades que forman parte del Conaf. Con la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, aprobada, se detectó que había contradicciones sobre las competencias de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

Además se omitió incluir conceptos como acahual –vegetación que crece en los terrenos de cultivo que han sido dejados en descanso–, y no existía una claridad sobre el sistema de información forestal y se dejó en la ambigüedad el tema de autorizaciones de cambio de uso de suelo en zonas alrededor de las ciudades. En la opinión de Salvador Anta Fonseca, especialista en temas forestales y consultor de Política y Legislación Ambiental (Polea), desde principios de 2019, organizaciones no gubernamentales como Polea, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, pueblos indígenas y comunidades forestales de diversas partes del país comenzaron a empujar la propuesta de reformar la ley, iniciativa que abrigó el Conaf, órgano consultivo ciudadano reconocido por la ley.

Después de meses de trabajo, realización de talleres y foros, con una importante participación y luego de analizar las propuestas, el Conaf elaboró la iniciativa proponiendo modificar 64 artículos, con la idea de incluir 14 nuevos y derogar 2. Se explica que los cambios obedecen a las reacciones que se hicieron sentir porque la propuesta se consideró una norma regresiva, ya que entre otras cosas no contemplaba el manejo forestal comunitario.

Tras una movilización de organizaciones no gubernamentales, incluidas comunidades y otros actores del sector forestal, se logró detener esa primera propuesta de ley. En opinión de David Cabrera, coordinador general jurídico de la Conafor, la Ley Forestal aprobada en 2018 permite tener elementos para frenar el avance de la frontera agropecuaria, y mejoró la definición de servicios ambientales, además de que incorporó el tema de derechos indígenas.

Los problemas más relevantes de la ley se detectan con la redacción que ha derivado imprecisiones sobre las atribuciones y competencias de la Conafor y la Semarnat. La falta de claridad se tradujo en un retraso en la realización de diversos trámites, uno de ellos la entrega de las guías forestales a quienes realizan manejo forestal; estos documentos permiten comprobar la legalidad de la madera.

En los objetivos está fortalecer las funciones de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en la inspección y vigilancia, para combatir problemas como la tala ilegal, lo que significa combatir un tema prioritario a atender en todo el país, sobre todo en zonas donde, tanto autoridades como organizaciones no gubernamentales, han documentado que va en aumento. Hay quienes ligan con la ley la facilitación de un manejo legal y ordenado, promoviendo la restauración y el uso sustentable de selvas y bosques amenazadas, en las selva con la fracción y los bosques con la deforestación.

Artículos Relacionados